¿Es indiferente que el Gobierno decida sobre una basílica
pontificia y no haya consecuencias? «Se abriría un peligrosísimo precedente»,
advierten los expertos
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| Atardece sobre el Valle de los Caídos. Dominio público |
Tiene
alguna importancia para el católico de a pie lo que el futuro le depare al
conjunto monumental del Valle de los
Caídos? ¿Se trata solo de un tema político que no incumbe a la Iglesia o en
el que, en el mejor de los casos, esta debería mantener un perfil bajo? ¿La «defensa» del Valle es
solo cosa de unos nostálgicos del franquismo o de creyentes que mezclan la fe y
la política? En definitiva: ¿Qué se juega la Iglesia (española y universal) con
el Valle de los Caídos?
Esta
última pregunta es la que le sirve como punto de partida a Ramón Ruavieja –pseudónimo de profesor
en Filosofía del Derecho y Teología que ha estudiado pormenorizadamente el
devenir del Valle de los Caídos– para desarrollar tres largos y bien fundados
artículos en el influyente blog El
Wanderer. Ruavieja comienza retrocediendo en la historia hasta Saavedra Fajardo, «una de las más preclaras
cumbres del pensamiento político español del XVII», que «utiliza en su historia
de los reyes godos, Corona Gótica,
un interesante ejemplo para denunciar ciertas injerencias
del poder político en ámbito eclesiástico».
«Relata el milagro sucedido
cuando el rey Alarico, contrariado porque una iglesia le estorbaba las
vistas de su palacio, recibió de su ministro León el consejo de derribarla. El ministro se encargó
personalmente de facilitar los trámites y supervisar la destrucción del templo,
pero apenas empezaron los oficiales a derribar la iglesia, quedó ciego León; pena bien merecida en quien, lisonjero,
respetó más los antojos del rey que la casa de Dios», refiere el autor.Se consagró toda la basílicaLa historia parece repetirse ahora con el conjunto
monumental ubicado en la sierra madrileña y que el gobierno de Pedro Sánchez quiere resignificar. Ruavieja prueba que la
basílica es, toda ella, recinto sagrado
y consagrado, y como tal la Iglesia no debería permitir que una parte de
ella se convierta en espacio museístico,
como persigue el proyecto ganador para la resignificación del Valle de los Caídos. «En la basílica no se consagró solamente el altar mayor.
También se consagraron, como prevén las rúbricas, todos
los altares de las capillas laterales, ocho en total, siendo responsables
de cada uno los obispos de Salamanca y Guadix, el obispo auxiliar de
Madrid-Alcalá, y los abades mitrados de Silos, Samos, Viaceli (Cóbreces), San
Pedro de Cardeña y Santa María de la Oliva», detalla Ruavieja.
El responsable de consagrar la
basílica, el 4 de junio de 1960, fue el cardenal Gaetano Cicognani, «que había sido nuncio en España entre 1938 y
1953, y que ahora oficiaba como Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos».
«Conforme al Pontificale
Romanum vigente en aquella fecha, desde las primeras
rúbricas de la ceremonia ya se hacía evidente la sacralidad de todo el
espacio», señala el investigador, quien sentencia que «el ritual que
se usó para la consagración de aquella basílica no deja lugar a dudas: la totalidad del recinto fue elevada a la condición de lugar sagrado».
Una vez asentada esta premisa,
Ruavieja trae a colación el canon 1210 del Código de Derecho Canónico, que
afirma que «en un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio
y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad
del lugar». Este sería el motivo por el que la Iglesia no debería, a juicio del
experto, permitir que se «despiece» la basílica del Valle de los Caídos como
pretende el Gobierno, ya que toda ella está consagrada.
Sin
entrar a valorar la cuestión de quién ostenta la titularidad de todo el
conjunto, Ruavieja recuerda que, según los acuerdos firmados en 1957 entre el
Estado y los monjes benedictinos, «la abadía se convertía en la usufructuaria
(...) de la Abadía, Basílica,
Escolanía, Hospedería y campos deportivos, y usando explícitamente el verbo
'entregar'». El convenio, como es lógico en cualquier Estado de derecho, no se podría romper arbitrariamente por
una sola de las partes sin que eso conllevase consecuencias.
El derecho de los benedictinos
«Para más
ahondamiento, de la interpretación del Acuerdo de 3 de enero de 1979, suscrito
entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, se colige que, aunque la
Abadía no sea propietaria de los bienes, ello
no afecta a la sacralidad de su Basílica ni a la potestad administrativa del
Abad sobre ella y el resto de su casa», subraya Ruavieja.
Por eso, a juicio del experto, si
la Iglesia católica se plegase a la presión del Gobierno por resignificar la
basílica, sentaría un peligroso precedente que se podría repetir en otros
recintos sagrados: «El reconocimiento de que un poder temporal puede entrar a
una Basílica (nada menos que pontificia) para hacer de ella un museo, un expositor ideológico o una
sala de espectáculos no afecta exclusivamente a una veintena de monjes
benedictinos en la Sierra de Guadarrama». A juicio del experto, afectaría
también «a la paz de los fieles, que se encuentran con que la jerarquía de la
Iglesia avala con su firma que, respetando simbólicamente el
altar, cualquiera de sus parroquias, capillas o ermitas pueden
pasar a formar parte de lo profano, siempre que se dé una apariencia de respeto a derechos fundamentales individuales».
«¿No se da cuenta la jerarquía
del peligrosísimo precedente que abren al abandonar a su suerte una
Basílica? ¿Alguno cree que esa vida contemplativa es viable, o incluso
deseable, si se desarrolla en iglesias convertidas por la fuerza en museos o
expositores ideológicos?», concluye Ruavieja en su artículo de El Wanderer.
Álex Navajas
Fuente: El Debate
