La Fiscalía General del Estado debería ser una entidad
independiente, está presidida por Dolores Delgado, antigua ministra socialista
de Justicia y propuesta directamente por el presidente del gobierno, Pedro
Sánchez
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Basílica y cruz del Valle de los Caídos. Foto: Wikipedia CC-BY-SA-3.0-DE |
La Fiscalía General del Estado remitió al gobierno, controlado por
una coalición de partidos de izquierda, la denuncia que afirma que los monjes
se encuentran de forma ilegal en la abadía, ya que el acuerdo entre el Estado y
la comunidad benedictina está pendiente de renovación desde el 2 de octubre de
2020.
La denuncia fue presentada hace unos días ante Patrimonio
Nacional, entidad del Estado que se orienta por políticas que marca el
gobierno de turno.
El gobierno, liderado por el PSOE en alianza con Podemos, anunció
el 16 de septiembre su intención de desalojar a los benedictinos. Ahora, con
esta negativa de renovar el acuerdo pretendería presionar a los religiosos para
lograr un traslado pacífico y consensuado.
Aunque la Fiscalía General del Estado debería ser una entidad
independiente, está presidida por Dolores Delgado, antigua ministra socialista
de Justicia y propuesta como fiscal general del Estado directamente por el
presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El nombramiento de Dolores Delgado por parte del presidente
Sánchez, y el hecho de que haya sido ministra en el anterior gobierno
socialista de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020, ha puesto en duda su
imparcialidad e independencia. De hecho, los partidos de la oposición han
acusado a la fiscal general de actuar al dictado de la presidencia del
gobierno.
La presidente de la Asociación Española de Abogados Cristianos,
Polonia Castellanos, afirmó en declaraciones a ACI Prensa que el gobierno no
puede desalojar a los benedictinos porque “la estancia de los benedictinos no
depende en exclusiva del gobierno” y de hacerlo sería algo “ilegal”.
En opinión de Polonia Castellanos, estos anuncios son “cortinas de
humo” para que la sociedad no hable de otras cosas, como la mala gestión de la
crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de coronavirus, que ha
dejado en España decenas de miles de fallecidos y más de cuatro millones de
desempleados.
En caso de que el gobierno siga adelante y pretenda desalojar a
los benedictinos, o destruir la Cruz de 150 metros que preside la abadía, por
medio de un decreto o de otra medida, Polonia Castellanos dijo que con la
Asociación Española de Abogados Cristianos “interpondríamos medidas
cautelarísimas”.
Además, consideró que esta ofensiva del gobierno contra el Valle
de los Caídos responde a “su odio encarnizado a la cruz, que se manifiesta
sobre todo en la Cruz del Valle de los Caídos, que es la cruz más grande de la
cristiandad”.
Se trata de “un odio patológico por parte de este gobierno que se
ha demostrado” con “especial inquina durante la pandemia”. “Con la excusa de la
pandemia han arremetido contra los cristianos de forma reiterada y de forma
sistemática, despreciando otras labores como cuidar de los ciudadanos ante
semejante crisis”, denunció.
“Entendemos que el gobierno no está legitimado ni para desalojar a
los benedictinos, ni para llevar a cabo ningún tipo de obra en el momento en
que hay familiares que podrían oponerse, familiares que tienen a su familia
allí enterrada, y que podrían oponerse a que el gobierno de forma unilateral,
de forma ilegal pretendiese remover la Cruz”, hizo hincapié.
Por otro lado, señaló que “entendemos que el gobierno se está
inmiscuyendo en la vida privada de los cristianos, lo cual es algo que sanciona
de forma especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Para Polonia Castellanos “hay que actuar desde un punto de vista
legal”, pero no sólo. Habría que actuar también “desde el punto de vista civil.
Es ya la gota que colma el vaso, y creo que los ciudadanos deberíamos empezar a
movilizarnos, siempre de forma pacífica, pero tendríamos que empezar a
organizar manifestaciones, concentraciones y a movilizarnos porque es ya la
gota que colma el vaso”.
El Valle de los Caídos
El conjunto del Valle de los Caídos está compuesto por la
basílica, excavada en la montaña, una abadía donde residen los monjes
benedictinos, una hospedería para retiros espirituales y la gran cruz
monumental de 150 metros de altura desde la base, o 300 metros si se cuenta
desde el risco de la Nava, donde está enclavada. Por lo tanto, la cruz del
Valle de los Caídos es la más grande de la cristiandad.
El monumento se construyó entre los años 1940 y 1958. La basílica
se erigió como basílica pontificia menor en 1960, durante el pontificado de San
Juan XXIII. En la abadía residen los religiosos benedictinos desde 1958 y
cuenta también con una escolanía en la que estudian niños menores de 14 que
reciben una amplia formación musical.
El monumento, aunque está dedicado al culto católico, pertenece al
Estado, en concreto a Patrimonio Nacional, y está administrado directamente por
los benedictinos por medio de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los
Caídos, a la que el gobierno socialista dejó sin subvención anual a partir del
año 2019.
Cualquier medida de rehabilitación del monumento exige una partida
de los Presupuestos Generales del Estado, pero los diferentes gobiernos
españoles, con independencia de su signo político, han sometido al monumento a
un recorte de fondos y a un abandono sistemático, lo que ha favorecido su
deterioro.
Según explicó a ACI Prensa Alberto Bárcena, historiador y profesor
de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, se trata de “un monumento a todos
los caídos durante la Guerra Civil (1936-1939) bajo los brazos pacificadores de
la cruz”.
De hecho, en sus criptas están enterrados 34 mil víctimas de la
Guerra Civil Española perteneciente a ambos bandos. Entre los fallecidos, están
sepultados 57 beatos y 15 siervos de Dios, mártires por odio a la fe asesinados
por el bando republicano.
Hasta el 24 de octubre de 2019, junto al altar estaba enterrado
también el general Francisco Franco, cuyo régimen político estuvo en vigor
desde 1939, año en que finaliza la Guerra Civil Española, hasta su fallecimiento
en 1975.
Ese día, el 24 de octubre de 2019, el gobierno del Partido
Socialista (PSOE) procedió a la exhumación de los restos de Franco. Ahora se
encuentran en el cercano cementerio de Mingorrubio.
Ley de Memoria Histórica
El traslado se realizó en virtud de la Ley de Memoria Histórica,
aprobada en el año 2007 durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero. Dicha Ley establece una serie de medidas que pretenden resarcir a los
represaliados durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de
Franco.
Con esta Ley se han retirado monumentos, símbolos y nombres de
calles relacionados con el franquismo y la dictadura; pero también fue usada
para justificar la destrucción de símbolos religiosos, como cruces o placas en
memoria de mártires de la Guerra Civil, consideradas franquistas, muchas veces
de forma arbitraria y poco transparente.
Sin embargo, desde la toma de posesión del actual gobierno
socialista de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos -pero que también incluye
al Partido Comunista-, se pretende superar la Ley de Memoria Histórica y
sustituirla por otra más radical.
El 16 de septiembre de 2020 el gobierno anunció una nueva Ley de
Memoria Democrática que sustituiría a la Ley de Memoria Histórica. La nueva Ley
prevé una “resignificación” del Valle de los Caídos. En una conferencia de
prensa, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, confirmó las intenciones
del gobierno de expulsar a los benedictinos e, incluso, no descartó el
desmontaje de la gran cruz.
Esa “resignificación” supondría la conversión del lugar en un
cementerio civil y la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil del bando
republicano cuyas familias no quieran que estén enterradas en el monumento.
El gobierno ya comenzó a dar pasos en ese sentido, además de la
maniobra realizada por la Fiscalía.
Iniciativas en defensa del Valle
Desde el anuncio gubernamental han surgido numerosas iniciativas
ciudadanas destinadas a defender el conjunto monumental del Valle de los
Caídos.
El 23 de septiembre de 2020, CitizenGo presentó casi 56 mil firmas
de ciudadanos para reclamar que “el Gobierno de España no puede ni debe decidir
el destino de un lugar sagrado, sin sentar un peligrosísimo precedente que
afecta a la libertad religiosa y a los derechos de los creyentes españoles”.
Ese mismo mes de septiembre más de 27 mil personas firmaron una
declaración de apoyo a la comunidad de benedictinos de la abadía del Valle de
los Caídos ante la amenaza de su expulsión.
Asimismo, en octubre de 2020 la Asociación para la Defensa del
Valle de los Caídos (APDVC) realizó un llamado y petición de apoyo a “todos los
cristianos del mundo y a todas las personas de buena voluntad” para evitar la
demolición de la cruz que preside el conjunto.
También la Asociación Española de Abogados Cristianos puso en
marcha una campaña de recogida de firmas para impedir que el gobierno expulse a
los benedictinos del Valle de los Caídos y destruya la cruz. Por el momento,
han recopilado más de 93 mil firmas.
Fuente: ACI Prensa