El historiador ve en Cuelgamuros una batalla por la memoria, la Iglesia y el sentido religioso del Valle
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| La cruz del Valle de los Caídos símbolo de un lugar donde se cruzan memoria, fe y batalla cultural. |
El Valle
de los Caídos vuelve al centro de una disputa que ya no es solo
política o judicial, sino también espiritual e histórica.
Alberto
Bárcena Pérez, uno de los autores que más ha investigado la
construcción del monumento, la redención de penas y la historia de la comunidad
benedictina, ofrece una lectura de fondo que pone el acento en la resistencia
de los monjes, en la presión sobre Cuelgamuros y en el intento de redefinir el
sentido de un lugar decisivo en la memoria religiosa de España.
-¿Qué es
lo que más le preocupa hoy por la comunidad benedictina: la presión política,
la pérdida de libertad litúrgica o la erosión de su papel espiritual?
-La presión
política la llevan soportando desde hace veinte años, desde Zapatero, y no ha
logrado debilitarlos, ni siquiera cuando ha llegado al paroxismo. La pérdida de
libertad para su vida litúrgica también la conocen: les cerraron la basílica,
conviene recordarlo, y reaccionaron con las misas de campaña, que salvaron el
Valle, o al menos lograron que Zapatero pospusiera el asalto para mejor
ocasión, vista la masiva afluencia de fieles con la que no había contado.
Lo de la
erosión de su papel espiritual es lo que su discípulo, sucesor y
correligionario Sánchez pretende poner en práctica desde que tomó el poder,
mientras alcanza su objetivo final: la expulsión de la orden para reemplazarla,
al menos de momento, por otra que le resulte más manejable, aún por determinar.
Lo que los socialistas ya saben, si es que lo ignoraban, es que no pueden con
ellos, con esa resistencia pasiva que se reduce en la práctica al cumplimiento
de sus funciones; las que les han dejado ejercer, porque también debe
recordarse que ya en su día el PSOE de Felipe González, al suprimir lo que les
quedaba de financiación para el cumplimiento de aquel fin establecido desde la
constitución de la fundación de la Santa Cruz, logró que el Centro de Estudios
Sociales cesara en su actividad.
Los demás fines
que se le asignaron a la comunidad benedictina los vienen cumpliendo contra el
viento y la marea de la clase política. Porque ha sido toda esa clase, fraguada
en la Transición, la que ha venido socavando hasta el límite la autoridad de abades
y priores desde hace ya medio siglo. Sin la asistencia especial de la Divina
Providencia es inexplicable que los enemigos de la fe, del color que sea y con
distinta intensidad, todavía no hayan alcanzado su objetivo, ni siquiera
empleando los métodos de la Segunda República, como hicieron expulsando, sin la
menor legitimidad, al anterior prior, el padre Cantera, que les resultaba
molesto.
-¿Todavía
ve margen para frenarlo por la vía judicial?
-Los recursos e
impugnaciones parecen haber resultado más eficaces de lo que cabría esperar en
un régimen como el actual, que aspira a imponer una tiranía totalmente ajena a
los sistemas democráticos y al Derecho, nacional e internacional. Si prospera,
como debiera, el recurso de los propios monjes, todo el chantaje, las
manipulaciones e infracciones cometidas por quienes siguen buscando su
expulsión habrían sido en vano.
Y es que, por
más que lo intenten, mientras sobreviva, a pesar de las múltiples
transgresiones, al menos una parte de nuestro sistema jurídico, y contemos con
jueces que mantengan el temple suficiente para enfrentarse al engranaje puesto
en marcha desde La Moncloa, es difícil que el demencial atropello se consuma.
-¿La
Iglesia protegió suficientemente la basílica y a la comunidad?
-No, en
absoluto. El Gobierno de Sánchez pensó sin duda que poniendo en marcha una
operación de blanqueo del proyecto contra el Valle que implicara a la Iglesia
—que, por cierto, es universal; solo coloquialmente o en sentido figurado puede
hablarse de la española— ya no habría marcha atrás, pero volvía a equivocarse
al esquivar el camino recto, que no le es útil, y buscar atajos que no llevan a
la larga a ninguna parte.
Ni el arzobispo
de Madrid, como él mismo reconoció, ni tampoco la Conferencia Episcopal pueden
borrar del tiempo las constituciones apostólicas para terminar con la historia
de una fundación religiosa ni de un lugar sagrado encomendado en este caso a la
orden de San Benito. Ni colaborar en la derogación de los acuerdos
Iglesia-Estado, que, dicho sea de paso, han resultado muy dañados en este
proceso.
Un Gobierno,
por mucha prepotencia que emplee, no está facultado para desacralizar un
cementerio o una basílica, aunque solo sea en parte, estableciendo de su propia
mano que solo una parte del templo seguirá siéndolo, mientras el resto se
utiliza, además, para difamar al fundador y a la mitad, aproximadamente, de los
enterrados allí, donde además se encuentran ya medio centenar de mártires
beatificados.
Nadie, por otro
lado, se preocupa de la vida de esa comunidad. Sería absurdo, si de lo que se
trata es de traer a otra orden —dicen que monástica, aunque no es en esa clase
de órdenes en la que están pensando—; se trata de reemplazar a esa comunidad,
aunque no aclaren por qué otro tipo de orden.
-¿Qué se
entiende peor del Valle?
-Del Valle
parece que no se está entendiendo casi nada: ni su origen ni el sentido
religioso. O quizá sea precisamente lo contrario, que se entienda demasiado
bien, y por eso resulte un estorbo para el Gobierno y sus aliados, nacionales o
extranjeros —no minimizar el peso de estos—.
En su conjunto,
se trata de fuerzas antiespañolas que verían con sumo agrado la desaparición de
nuestra nación como tal, y no dudan a la hora de combatir la verdad a cualquier
nivel. Lo único que se ve claramente es la exactitud de su última opción dentro
de esta pregunta: la instrumentalización política que se está haciendo de este
conjunto monumental. Tanto empeño y tenacidad nos dan la medida de su grandeza.
Luis
Javier Moxó Soto
Fuente: ReligiónenLibertad
