Los sacerdotes poco pueden hacer más allá de presentar una denuncia anónima porque si se atreven «a denunciar públicamente la dictadura los puede encarcelar, desterrar o asesinar», asegura una activista en el exilio
 |
| Catedral de Managua. Foto: OSV News/Reuters |
Nicaragua está
sumida en una espiral de violencia descarnada que ha puesto a la Iglesia
católica en el punto de mira. El régimen de Daniel Ortega ha desplegado todo su arsenal para
acallar a toda costa la voz de los obispos y sacerdotes que desde el 2008 —tras
la violencia desatada en el país por las acusaciones de fraude electoral en las
municipales que le dieron una amplia victoria al Frente Sandinista— se han
convertido en el principal escollo a sus atropellos contra los derechos
humanos. Pero además de sufrir la «peor represión de su historia», según las
conclusiones de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más en el informe
titulado Seis años de represión a la libertad religiosa en Nicaragua,
cronología de abusos y violaciones a los derechos humanos contra integrantes de
las Iglesias (2018-2024), a los sacerdotes católicos les han prohibido
ingresar en los hospitales públicos para administrar el Sacramento de la Unción
de los Enfermos.
La abogada
Martha Patricia Molina, exiliada en Texas, desde donde hace años documenta las
agresiones a la Iglesia católica en Nicaragua, ha dado cuenta de esta nueva
medida represiva citando fuentes anónimas de sacerdotes y laicos afectados. «Se
vulneran los derechos a la libertad religiosa, un derecho humano intrínseco e
inherente a la persona. La Comunidad Internacional continúa financiando a la
dictadura con préstamos y el GAFI es conocedor que las leyes antilavado la
dictadura las utiliza para criminalizar a opositores y a los cristianos»,
explica.
Un atropello
del que no hay rastro en ningún documento oficial. La dictadura Ortega-Murillo
«no ha emitido ningún comunicado que los incrimine». Esta prohibición ha sumido
en la tristeza y la indignación a los familiares y al mismo enfermo «que se va
de este mundo sin recibir este último sacramento». Sin embargo, poco pueden
hacer más allá de presentar una denuncia anónima porque si se atreven «a
denunciar públicamente la dictadura los puede encarcelar, desterrar o
asesinar».
La Conferencia
Episcopal de Nicaragua (CEN) tampoco puede tomar partido: «No opinan
por miedo y prudencia a ser encarcelados, desterrados o asesinados». Y los
presbíteros tampoco saben que hacer porque en los hospitales públicos sus
rostros ya son reconocidos y no pueden plantearse ni siquiera entrar de
incógnito. «Antes se les permitía entrar para visitar a un solo enfermo, pero
una vez en el sitio, toda la sala pedía el Sacramento para las personas que ya
estaban cercanas a la muerte», destaca Molina.
Según revela es
la primera vez que se entera de una prohibición «tan descabellada y diabólica».
En este sentido, enmarca esta prohibición en un nuevo ataque a los cristianos
«para ocasionarles el mayor daño posible». «No he leído algo similar que haya
sucedido en la década de los años 80 cuando la misma dictadura sandinista
persiguió a los cristianos nicaragüenses», manifiesta.
Victoria Isabel Cardiel C.
Fuente: Alfa y Omega
