La CEE, con autorización de la Santa Sede, renuncia a la exención de los impuestos de Contribuciones Especiales y Construcciones. Se equipara así a las entidades no lucrativas
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| Foto: EFE/Borja Sánchez Trillo. Domino público |
El acuerdo se materializó el pasado miércoles en el Ministerio de Asuntos Exteriores mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica, un acto en el que estuvo presente el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella. Es el fruto de las negociaciones entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la CEE, a quien la Santa Sede encargó esta tarea.
Según explicó Giménez Barriocanal, «el
propósito es equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las
entidades no lucrativas como las fundaciones o las demás confesiones
religiosas». «Es algo que la Iglesia venía predicando y, por ello, ha decidido
renunciar a estos beneficios», añadió.
El ICIO es el que mayor
impacto va a tener en las arcas de las entidades eclesiales. El alcance del
impuesto de Contribuciones Especiales —se utiliza para repercutir a vecinos por
obras públicas— es mucho más limitado. La cifra estimada supera los doce
millones de euros, según el vicesecretario de la CEE. «Es difícil tener un
número más concreto. Solo las construcciones y rehabilitaciones que aparecen en
la Memoria Anual de la Iglesia ya suman unos cinco millones de euros. A esta
cantidad deberíamos añadir lo que habría que pagar por las obras de las
congregaciones, los colegios, los hospitales…», subrayó.
En principio, desde la
CEE no han previsto ningún fondo de compensación para hacer frente a este nuevo
gasto, pues eran conscientes de que lo iban a asumir. Eso sí, han arrancado al
Gobierno el compromiso de que el régimen fiscal actual se va a mantener en el
tiempo y, por tanto, no se va a modificar. Y si se hace, afectará a todas las
entidades no lucrativas, ONG y otras confesiones religiosas y no solo a la
Iglesia católica.
En este sentido, Giménez
Barriocanal defendió que los regímenes fiscales especiales traen a cuenta a la
Administración, pues las entidades que se benefician de ellos «realizan una
inmensa labor». «Si este trabajo lo tuviera que hacer el Estado sería mucho más
costoso», agregó.
En su opinión, esta
decisión de la Iglesia demuestra su compromiso con toda la sociedad, su
voluntad de cumplir las reglas de juego y de seguir colaborando con total
transparencia en favor del bien común. Con todo, y ante el inminente inicio de
la campaña de la renta de 2023 —el próximo 11 de abril—, Giménez Barriocanal
sigue apelando a la generosidad de católicos y no católicos para que marquen la
casilla de la Iglesia en el IRPF, porque así «permiten que siga obrando el
bien».
El resultado de este pacto se suma al alcanzado el año pasado y que resolvió, coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez a la sede de la CEE, la cuestión de las inmatriculaciones.
Fran
Otero
Fuente:
Alfa y Omega
