Más de un centenar de asociaciones provida alertan de que «la vida está cada vez más gravemente amenazada en España», y defienden que no se puede seguir aceptando «malas leyes» como la del aborto
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Representantes de las asociaciones provida tras la lectura del manifiesto. Foto: Guillermo Navarro |
«Los que
quieren acabar con la vida siguen dando los pasos necesarios para que sea cada
vez más fácil», asegura Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto
CEU de Estudios de la Familia, una de las voces que presentó el martes el
manifiesto Por la vida contra las malas leyes de la Asamblea de
Asociaciones por la Vida.
En él, las más
de 200 asociaciones que forman parte de la plataforma denuncian que «la vida
está cada vez más gravemente amenazada en España», pues «más de 90.000 niños
han muerto en 2021 por la vía del aborto».
«Es una masacre
y a la vez un suicidio demográfico que carece de toda explicación racional»,
dice el texto, que resalta que en nuestro país «está más protegida la cría del
urogallo que la del ser humano; está más controlado por la Administración una
tala de árboles que un aborto, y en nuestras calles cada vez se ven más perros
con abrigo y menos niños».
Por eso,
continúa, «no podemos aceptar malas leyes como la que quieren aprobar sobre el
aborto», actualmente en tramitación por el Senado después
de haber sido aprobada en el Congreso. Para Fernández de la Cigoña, «este
es un momento muy importante para alzar la voz juntos tantas asociaciones de la
sociedad civil. No podemos seguir con esta deriva».
La directora
del Instituto CEU de Estudios de la Familia lamenta que con la nueva
legislación «se está señalando a los médicos que no quieren participar en estas
acciones, y se niega, de hecho, la patria potestad de los padres sobre sus
hijas» menores que quieren abortar.
Por todo ello,
«debemos preguntarnos en qué tipo de sociedad queremos vivir», y que «cada uno
en su entorno actúe coherente y libremente». «Si creemos que la vida es un bien
que hay que proteger, debemos manifestarlo en nuestras conversaciones, en
nuestro voto y en nuestro derecho a reclamar que se respeten nuestros
derechos», concluye.
Juan Luis Vázquez
Díaz-Mayordomo
Fuente: Alfa y
Omega