Fernando Giménez Barriocanal es vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española
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| Fernando Giménez Barriocanal. Dominio público |
Sin
embargo, en el informe de
la Conferencia Episcopal se han detectado cientos de errores o duplicidades en
bienes que figuran como inmatriculados por la Iglesia en este listado
del Gobierno. Pero en muchos medios se ha presentado de una manera diferente,
asegurando que la Iglesia devolverá casi mil bienes que no son suyos. Pero esta
no es la realidad, y rápidamente la Conferencia Episcopal ha querido
aclararlo.
También
ha querido arrojar luz sobre este asunto Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de
Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, que a través de una tribuna publicada en El Mundo,
que ofrecemos íntegro a continuación, vuelve nuevamente a desmontar los ataques
a la Iglesia por las inmatriculaciones, especialmente tras esta última
polémica:
¿Debe la Iglesia devolver bienes?
Hablar mal del dinero o
de los bienes de la Iglesia es siempre algo entretenido. Está en nuestro
ADN. Y a veces, con razón. No obstante, hay que decir que en los últimos años
la Iglesia ha hecho un importante esfuerzo en materia de transparencia para
explicar los recursos que tiene y a qué los dedica. Aún así, todo es mejorable.
En febrero del año pasado y a petición del Congreso de los Diputados, el Gobierno hizo público un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia durante el periodo 1998-2015, donde aparecían un total de 34.976 bienes que podrían estar registrados a través del mecanismo extraordinario de certificación. Este sistema, del que ya tuve ocasión de escribir hace más de 3 años en El Mundo (“La Iglesia, ¿nos roba?”) se estableció para poder inscribir en el registro aquellas propiedades que desde hace siglos eran propiedad de instituciones centenarias como lo es la Iglesia o algunas administraciones públicas.
De esta
forma, el registro de la propiedad adquiría mayor seguridad jurídica. Hasta 1998
no estuvo completamente abierto para los bienes destinados al culto y aunque el
registro no es elemento acreditativo de la propiedad sino meramente
declarativo, es decir, el hecho de estar registrado no otorga la propiedad pero
si la defiende, parecía lógico que la Iglesia inscribiera a su nombre aquellos
bienes que históricamente eran suyos.
La
publicación de este listado causó cierto ruido mediático por el volumen de los
registros y por ser la Iglesia, claro. La polémica venía de lejos y algunos
proclamaban que la Iglesia se había apropiado de bienes del pueblo como las
grandes catedrales por apenas 30 euros que podía costar el trámite. En el
fondo, siempre presente la Mezquita-catedral de Córdoba, que se ha convertido
en una auténtica obsesión para algunos. No obstante, junto con el listado,
conviene recordar que el Gobierno incluyó un completo informe del Ministerio de
Justicia donde se aclaraba
que dichas inmatriculaciones se habían realizado conforme a la legalidad
vigente. Todo el proceso era perfectamente legal.
Pronto
el tema de las inmatriculaciones empezó a formar parte de la agenda de temas
ordinarios de las conversaciones entre la Iglesia y el Estado, formándose una
comisión “ad hoc” para el estudio de este asunto. En dichas conversaciones
ordinarias con el Gobierno y sin que recibiera una sola denuncia por parte de
éste, la Iglesia decidió revisar una a una todas las anotaciones contenidas en
el listado. Todas las diócesis españolas se pusieron a trabajar y a revisar; un
trabajo ciertamente prolijo. Con todo el proceso, lo que quiso dejar la Iglesia claro es que no quería que
se le atribuyera ningún bien que no fuera suyo y si hubiera algún error
colaboraría para corregirlo.
El
pasado lunes la Conferencia Episcopal concluyó el informe y lo entregó al
Gobierno coincidiendo con la visita del Presidente Sánchez a la Casa de la
Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia publicó dicho informe completo en su página web. Todo un ejercicio de trasparencia de los que no se dan
últimamente y que nos permite poder conocer a todos los ciudadanos los detalles
del mismo. De ese estudio, en primer lugar, se deduce que la gran
mayoría de dichas inmatriculaciones están correctamente registradas,
(Mezquita-Catedral incluida), tal y como reconoció el Gobierno hace un año y
que ahora se ratifica en el acuerdo alcanzado con la Iglesia.
No obstante, en este contexto de cooperación Iglesia-Estado se ha publicado en algunos medios que “la Iglesia admite que un millar de bienes que había inmatriculado no son suyos” y que, por tanto, los tiene que devolver. De esta forma parece que la Iglesia reconoce que ha actuado mal, que se había quedado con bienes que no eran suyos y que el Gobierno le obliga ahora a devolverlos. La información no es correcta ni rigurosa. La verdad es bien diferente y es evidente que quienes lo afirman no se han molestado en revisar el informe. Veamos la realidad.
De
la revisión del listado efectuada por las diócesis han surgido cerca de 2.500
registros que presentan incidencias, incluidas todas en el informe, una por
una. Se trata, por ejemplo, de 111 bienes que figuran por duplicado en los
registros, 746 bienes inscritos con anterioridad a 1998 (y que por tanto no
procede su inclusión) o 691 bienes que las distintas instituciones adquirieron
mediante compraventa, herencia, permuta, etc., es decir, por procedimientos
distintos a la certificación. Incluso se incluye un bien en Hoyo de Manzanares
que pertenece a la Comunidad judía.
Y
entonces, ¿de dónde salen ese millar de bienes citados que la Iglesia se apropió
y debe devolver? La cuenta es fácil. Son 943. El informe detalla 31 bienes que
explícitamente no se han inmatriculado por la Iglesia según esta misma declara,
28 bienes donde se aprecian serios errores dado que dichos bienes, en su
mayoría, no existen y 276 bienes que, a día de hoy, no son de las instituciones
de la Iglesia, ya sea porque se hubieran vendido, donado a ayuntamientos o que
se encuentran sepultados en un pantano como en el caso de Zamora, etc. Desde luego será difícil devolver
un bien que no existe, que es de otra persona o que está sumergido; en fin…
Por
último, el informe incluye un total de 608 bienes de los que la Iglesia declara
que no puede validar el registro por “información insuficiente”. Ello no
significa necesariamente que no sean suyos sino que, con los datos disponibles
en el listado, no se puede identificar o garantizar la titularidad y por tanto,
tendrán que ser objeto de mayor análisis. En este punto, junto con los
anteriores, como no puede ser de otra forma, la Iglesia colaborará para aclarar
en todo lo posible la titularidad y actuar en consecuencia. Este es el verdadero compromiso y
no otro.
Los bienes de la Iglesia están al servicio de toda la sociedad y son efectivamente del pueblo… del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Son bienes destinados en su inmensa mayoría a contribuir de una u otra manera, con los fines de la Iglesia, es decir: el anuncio del Evangelio y de los valores que se derivan de él que construyen nuestra sociedad, la vivencia de la fe de millones de católicos y por supuesto la inmensa labor social y asistencial que realizan las distintas instituciones de la Iglesia.
Trabajando de verdad, no en la teoría ni con
grandes discursos, sino a través de sus más de 9.000 centros asistenciales por
donde pasan cada año más de 4 millones de personas (enfermos, mayores, pobres,
mujeres víctimas de violencia, drogodependientes, emigrantes, parados…). Son
datos recogidos en la memoria anual de la Iglesia que por cierto, también está
publicada en la web de la Conferencia episcopal, después de haber siso
verificada por una empresa auditora.
Vivimos
en una sociedad con grandísimos retos: el envejecimiento, la crisis de
natalidad, las enfermedades mentales, el suicidio, la violencia hacia los más
débiles, el acceso a la pornografía de los más pequeños, las nuevas adicciones,
el paro especialmente en los jóvenes, la crisis económica, la falta de respeto
o el acoso al que piensa distinto de mi o viene de otro país, los populismos
irracionales…). Todo esto
nos empobrece tremendamente y nos genera una enorme incertidumbre como
sociedad.
Más
allá de los bienes materiales, la Iglesia pone a disposición de toda la sociedad sus bienes
espirituales, que no son pocos. Bienes que están en las raíces de
nuestra cultura como la tan denostada, por algunos, “familia tradicional” que
ha supuesto un auténtico primer escudo social en las sucesivas crisis
económicas que venimos padeciendo, donde las familias se ayudan entre si, los
hermanos, los abuelos a los nietos, etc. Sólo hay que salir a la calle para
verlo.
Los
valores que predica la Iglesia (no solo ella, claro) y que derivan del
Evangelio son valores que construyen al hombre y a la sociedad, que le dan
razón para vivir en medio de las dificultades y que contribuyen al desarrollo
integral de las personas y de la sociedad. Una sociedad basada en el bien
común, donde cada persona contribuye de manera generosa en el progreso de
todos.
Por
eso, con independencia de las creencias que uno tenga y practique, la propia
Constitución española considera el hecho religioso desde una perspectiva de
laicidad positiva, afirmando la libertad religiosa y alentando las adecuadas
relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones (artículo
16 CE). No se trata de que
los gobiernos sean católicos o no, se trata más bien de valorar todo el bien
qué puede hacer el ámbito religioso, en el plano cultural, formativo y
educativo, así como en el ámbito asistencial. Y no solo valorarlo, sino
reconocerlo e impulsarlo.
Tal vez, al menos por un momento, deberíamos abandonar algunos prejuicios trasnochados de un pasado cada vez más antiguo y distante y trabajar juntos por el futuro de nuestro país, donde la Iglesia, dentro de la sociedad, puede seguir aportando mucho. Sin privilegios, sin discriminaciones.
Fernando Giménez Barriocanal
Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española
Fuente: ReL
