El informe de su visita
a España concluye que el sistema de asistencia social «resulta
extraordinariamente ineficaz». Reclama medidas en materia de educación,
vivienda, política tributaria y burocracia
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Migrantes
temporeros, en los asentamientos de Lepe, Huelva.
Foto
EFE/Julián Pérez.
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La ONU acaba de publicar
el informe de la
visita a España del anterior relator especial sobre extrema
pobreza y derechos humanos, Philip Alston –el actual es Olivier de Shutter–,
donde se concluye que en nuestro país «los poderes públicos han fallado a las
personas que viven en la pobreza», cuyos indicadores «son alarmantes».
El
documento recoge las conclusiones de su visita a España, realizada entre enero
y febrero de este año.
De hecho, sostiene que el
sistema de prestación de asistencia social no solo no cumple su función, sino
que «está roto». «Debería contribuir de manera importante a reducir la pobreza,
pero resulta extraordinariamente ineficaz, ya que las familias ricas se
benefician más de las transferencias monetarias que las pobres. El sistema está
fragmentado, es imposible no perderse en él y las ayudas no llegan a las
personas pobres que más las necesitan», añade.
El texto recoge que la
palabra que el entonces relator oyó con más frecuencia fue «abandonados»:
«Abandonados los habitantes de un pueblo sin transporte público para ir al
médico y sin dinero para pagar un transporte privado. Abandonados en un
suburbio estigmatizado de renta baja que la policía evita. Abandonados frente a
caseras y caseros sin escrúpulos, aumentos desorbitados del alquiler o
viviendas protegidas destartaladas, y abandonados frente a un sistema burocrático arbitrario que niega ayudas vitales sin dar explicaciones».
Desafíos
En realidad, esta
afirmación contenida en el punto 2 del informe es una especie de resumen de los
principales desafíos que tiene España en materia de pobreza. A saber:
asistencia social, educación, vivienda, sanidad, política tributaria, cambio
climático y transparencia.
Se detiene especialmente en
el punto referido a la vivienda, en el que se afirma que «se ha hecho muy poco
para garantizar este derecho». Recoge que hay un amplio sector de la población
en exclusión por esta cuestión, el aumento de los desahucios, la inexistencia
de vivienda de alquiler de bajo coste, la magnitud del problema del sinhogarismo
o ls incapacidad del 10 % de los hogares para mantener la casa a una
temperatura adecuada.
Grupos específicos
Además, el informa realiza
una serie de consideraciones sobre grupos específicos: mujeres, niños, gitanos,
migrantes, personas con discapacidad, trabajadoras domésticas...
Sobre las mujeres señala
que se ven más afectadas por la pobreza y salen peor paradas que los hombres en
todos los indicadores del mercado laboral. En el apartado de niños y jóvenes
constata que el gasto público en prestaciones familiares no solo está mal
orientado, sino que sigue siendo uno de los más bajos de la Unión Europea.Y
refiere la situación en la que viven migrantes y gitanos, con altas tasas de
pobreza y exclusión.
Por todo ello, el informe
hace una serie de recomendaciones «de particular impotancia» que dirige al
Gobierno. Son las siguientes:
- Adoptar un programa nacional de renta mínima de inserción que permita a las personas beneficiarias, incluidas las menores de 25 años, vivir con dignidad, circular libremente por España, evitar los onerosos requisitos administrativos y no ser castigadas por aceptar trabajos mal remunerados o temporales.
- Aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda, aumentar las inversiones en vivienda protegida y desincentivar fiscalmente que se dejen vacías.
- Emprender una revisión del sistema educativo para reducir los alarmante niveles de abandono escolar temprano, repetición de curso y segregación escolar.
- Aumentar la progresividad del sistema tributario e incrementar los ingresos totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea.
- Llevar a cabo un estudio exhaustivo e independiente
para evaluar por qué, después de años de programas de ayuda pública, tantas
personas gitanas siguen viviendo en condiciones inaceptables.
- Proporcionar a la población migrante condiciones de
trabajo decentes y un camino hacia la residencia legal que no requiera años de
espera y una oferta de trabajo a tiempo completo.
- Reducir los trámites innecesarios, los obstáculos
burocráticos y los requisitos excesivos.
- Facultar a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal para que lleve a cabo auditorías y estudios de
investigación por iniciativa propia.
Reacciones
Una de las primeras
organizaciones en reaccionar a la publicación de este documento ha sido Cáritas
Española, a la que se cita en numerosas ocasiones durante el mismo. Para la
entidad eclesial, el informe supone «una llamada urgente al Gobierno de España
a liderar la voluntad política necesaria para resolver los desequilibrios
detectados».«Como señala el relator –continúa– la pobreza existe, en
definitiva, a causa de decisiones políticas y los Gobierno puedn optar, si lo
desean, por eliminarla».
Para Cáritas, las
propuestas del relator subrayan «la necesidad de que el Gobierno movilice los
recursos necesarios para alentar a las comunidades autónomas a participar en
unas reformas estructurales de gran alcance».
F. O.
Fuente:
Alfa y Omega
