Isabel Celaá
ha manifestado que la Religión no puede tener valor académico y que creará otra
asignatura obligatoria de valores éticos y cívicos
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| Isabel Celaá |
Tras las declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá, de
sustituir la asignatura de Religión por otra obligatoria de valores éticos y
cívicos, profesores de religión de colegios públicos se ofrecen a dialogar y
negociar fórmulas consensuadas que permitan vivir “en desacuerdo” dentro de la
normativa vigente y respetando el Estado de Derecho.
La Asociación profesional de
profesores de religión de centros estatales de Andalucía (APPRECE) no ha visto
con buenos ojos las declaraciones de la ministra de Educación el
pasado domingo al diario El País.
Isabel Celaá ha manifestado que no puede haber una “asignatura espejo
como alternativa, porque eso significa que el derecho de unos se convierte en
la obligación de otros. Los valores cívicos han de ser universales y, por lo
tanto, todos los alumnos y alumnas han de cursarlos”.
Desde APPRECE afirman: “El
Gobierno encontrará siempre a APPRECE dispuesta para dialogar y negociar
fórmulas que
nos permitan convivir en desacuerdo, pero esta asociación
pondrá la condición de que los acuerdos de las fórmulas consensuadas estén dentro
de la normativa vigente y respetando el Estado de Derecho”, señalan a Religión
Confidencial.
Asignatura de religión evaluable
En este sentido, advierten
que APPRECE “acudirá a la Justicia ante cualquier decisión política y
administrativa que no se ajuste a derecho”.
Desde el sindicato de
profesores de religión instan a la Ministra de Educación a que se lea sentencia
del Tribunal Constitucional del 10 de abril de 2018, (que la asignatura de
Religión sea evaluable) antes de expresar “opiniones personales, pues son contrarias
a dicha sentencia y, por tanto, contra la Constitución que
han prometido cumplir”.
En esta línea, opinan que no puede
llamarse “demócrata quien no respeta la voluntad de un gran porcentaje de
padres que eligen religión, quien impone una dictadura
laica donde no se respeta la libertad de opción de los padres y obliga a
estudiar una asignatura cuyo currículo ya se cubre con religión y su
alternativa”.
Guerras de religión del siglo XIX
APPRECE ha celebrado su XVI
Asamblea Autónoma en la Casa de Espiritualidad de Aguadulce (Almería) bajo el
lema “Convivencia y Diversidad en Libertad”.
En esta Asamblea han
formulado una serie de peticiones. Entre ellas, pide que se respete el primer
Pacto Educativo, en toda la historia de la educación española,
sobre las enseñanzas de Religión en la escuela pública, que quedó
reflejado en los artículos 27 y 16 de nuestra Constitución Española del año
1978, superando así las “guerras de religión” del siglo XIX.
Por eso, aconsejan desde
APPRECE, que “no se lancen más mensajes irresponsables contra
las enseñanzas de Religión y de su Profesorado, que crean desasosiego y
desconcierto entre la ciudadanía, provocando una alarma social innecesaria y
contraproducente para la convivencia en paz y libertad entre creyentes y no
creyentes”.
En relación a la asignatura
de Religión en la Junta de Andalucía, confían que continúe siendo “contrapeso”,
para que predomine en el Estado español, “la igualdad entre sus habitantes y sus
territorios y, en el caso del actual estatuto jurídico de
las enseñanzas de Religión y de su profesorado, se mantenga tal y como ha
sido confirmado por la Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 10
de abril”.
Confesiones religiosas
APPRECE ha optado por la
defensa de los mismos horarios de las enseñanzas de Religión en toda
España, porque así lo exige la Disposición Adicional Segunda de
la LOE-LOMCE, para dar cumplimiento al Acuerdo sobre enseñanza entre el Estado
Español y la Santa Sede de 1979 y los Convenios del Gobierno del Estado con las
otras confesiones religiosas (evangélica, islámica y judía) firmados en el año
1992, “cuya
interpretación, en caso de dudas, corresponde a sus correspondientes comisiones
mixtas”.
Asimismo, consideran a la
Consejería de Educación de Andalucía, “modélica en la aplicación de este marco
legal, en los Bachilleratos, y en la forma de organizar
cómo hay que solicitar en los centros educativos, la opción de las enseñanzas
de Religión o sus alternativas académicas de educación en valores”.
Recuerdan que España
es un estado aconfesional, que significa, en palabras del
Tribunal Constitucional, que el Estado no puede enseñar Religión, ya que
son “únicamente las Iglesias y no el Estado, las que pueden determinar el
contenido de la enseñanza a impartir y los requisitos de las personas
capacitadas para impartirla”, lo que no es impedimento para que toda la
gestión laboral y de selección del profesorado, la ejerza la Administración
Pública competente.
Fuente: ReligionConfidencial
