La Administración Trump
anuncia que tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir de territorio
estadounidense
El
Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos no ha cedido ante las peticiones de la Iglesia católica y de varios
cientos de colectivos pro derechos humanos, así como una alianza de ciudades
muy poderosas alargar el permiso temporal que tenían para vivir en el país
cerca de 200,000 salvadoreños.
Ayer
lunes se cumplió la promesa: se tiene que regresar a su patria. Tiene un año y
medio, es decir, el 9 de septiembre de 2019, para irse de territorio
estadounidense. Con o sin familia. Lo mismo da.
Nicaragüenses,
haitianos, salvadoreños…
No
importa que hayan estado viviendo diez o quince años protegidos por el Estatus
de Protección Temporal (TPS) ni que muchos de ellos hayan tenido hijos en la
Unión Americana (se calcula que hay 194,000 hijos de estos salvadoreños que ya
nacieron en Estados Unidos) y tengan que o separarse de ellos o llevárselos a
vivir a un lugar al que no conocen, con una lengua que apenas si hablan; o que
las condiciones de retorno a su nación sean absolutamente inciertas, cuando no
peligrosísimas.
El
presidente Trump prometió en campaña que lo iba a hacer. Y el DHS lo hizo.
Antes, en noviembre de 2017, se había anunciado el final del TPS para los
nicaragüenses y haitianos. Los nicaragüenses son 2,500, pero los haitianos son
el segundo grupo más numeroso de los beneficiados por el TPS: alcanzan las
45,000 almas. Todo indica que seguirán los hondureños.
La
decisión de deportar a los salvadoreños, que son, con mucho, los que mayormente
se acogieron al programa establecido en 1990 por el congreso estadounidense
para proteger a extranjeros, especialmente centroamericanos, que huían de
conflictos, catástrofes o desastres y que fue ampliado, también, para
beneficiar a haitianos después del terremoto de 2010, puede acarrear muchas
consecuencias negativas al ya de por sí bajo nivel de aprobación de la
presidencia de Donald Trump, que según las últimas encuestas se encuentra a
niveles de 33 por ciento.
Esperanzas vanas
En
los días previos al anuncio, los defensores de migrantes, la Iglesia católica,
ciudades tan fuertes como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, empleadores de
California, Texas o Virginia y hasta el mismo el gobierno de El Salvador
solicitaron al DHS que extendiera el programa, tal y como lo había hecho varias
veces desde 2001.
El
argumento es el mismo desde entonces hasta ahora: la situación en El Salvador
no ha mejorado. Es más, ha empeorado. Una comisión de obispos estuvo en
Centroamérica el año pasado, y su conclusión fue que había “problemas de
protección a gran escala si los titulares del TPS se ven obligados a regresar a
sus países de origen, especialmente El Salvador”.
“Teníamos
la esperanza de que si trabajábamos duro, pagábamos impuestos y no nos metíamos
en problemas, nos permitirían quedarnos”, dijo Verónica Lagunas, una
salvadoreña de 39 años que trabaja en el turno nocturno limpiando oficinas en
Los Ángeles, es madre de dos hijos que nacieron en Estados Unidos y vive en un
hogar remolque, según reporta The New York Times en Español.
Ahora
Lagunas, que es ilegal, tendrá que verse en la disyuntiva de regresar con sus
hijos a la miseria o despedirse de ellos y dejarlos en Los Ángeles a la buena
de Dios. Una decisión, a todas luces aterradora.
Lo temporal es temporal
La
justificación para dejar solamente a 100,000 personas bajo el TPS (que, por
cierto, fue instituido por el presidente republicano George Bush padre en 1990)
por parte del DHS que, a pesar de su nombre, el programa de Estatus de
Protección Temporal se había convertido “en un beneficio casi permanente para
cientos de miles de personas”.
Lagunas
dice que ella se quedaría ilegalmente en el país, con el riesgo de ser
arrestada y deportada, aunque pierda su trabajo —en el que ha estado doce años—
y la protección que este le da; su familia también perdería el seguro médico y
otras prestaciones. “No hay nada a qué regresar en El Salvador”, dijo. “Puede
que la infraestructura esté mejor ahora, pero el país no está en condiciones de
recibirnos”.
Jaime
Septién
Fuente:
Aleteia
