Esta medida está incluida en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), financiado con fondos europeos
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| Giorgia Meloni. Footo: CNS/ Vatican Media. Dominio público |
Este era el último resorte legal que
debían sortear los activistas para poder hablar con las mujeres embarazadas que
entran a informarse o a practicarse un aborto dentro de las clínicas donde se
practican interrupciones del embarazo. La Cámara de Diputados lo aprobó el 16 de abril por 185
votos a favor, 115 en contra y cuatro abstenciones.
Esta labor se financiará con fondos
europeos. Además de aprobar la medida, el Gobierno la ha incluido en el decreto
sobre medidas financiadas por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia
(PNRR). Este debe convertirse en ley antes del 1 de mayo, y en el que la
mayoría ha depositado su confianza, por lo que su aprobación es casi un hecho.
Con todo, Jacopo Coghe, portavoz
de Pro Vita, la mayor
organización provida de Italia, ha asegurado en declaraciones a la
agencia Dire que la misión de la institución que preside no es entrar en
«centros de asesoramiento», ni tampoco «colaborar con ellos». De hecho, la ha
enmarcado en la concienciación social: «Nuestra asociación —ha explicado— tiene
una misión más social, informativa, cultural y política. Seguiremos con
nuestras actividades».
Con todo, ha reconocido que «hay
muchas asociaciones que llevan más de 40 años colaborando con centros de
asesoramiento y seguirán haciéndolo». En este sentido, ha asegurado que las
clínicas deberían «volver a su función original de ayudar a las mujeres a
encontrar alternativas concretas al aborto».
Según datos del Ministerio de
Sanidad del país, cada vez son más los médicos italianos que se niegan a
realizar abortos, alcanzando cifras como el 65 % y el 80 % en algunas regiones
como Sicilia o las Marcas.
