Gay Montalvo recordó que, según la ley, el Defensor del Pueblo existe para defender a los ciudadanos de los abusos y errores de la Administración
El abogado Eugenio Gay Montalvo, que fue miembro del Tribunal Constitucional
español de 2001 a 2012, llegando a ser su vicepresidente, criticó como "un despropósito" que el Parlamento español haya encargado al Defensor del
Pueblo (Ángel Gabilondo, que hasta 2021 era un político socialista en
activo) investigar los casos de abusos a
menores en entidades eclesiales: no es la función de esta figura, dijo, y no tiene
sentido ni es justo limitarse sólo a los entornos católicos.
El Defensor existe para
investigar a la Administración, no otras cosas
Gay Montalvo recordó que, según la ley, el Defensor del Pueblo existe para defender a los ciudadanos de los abusos y errores de la Administración.
La Constitución detalla que el Defensor existe "para supervisar la actividad de la
Administración"... y la Iglesia no es parte de la administración
del Estado. La ley que detalla la función del Defensor añade que su función es esclarecer "actos y resoluciones de la
Administración pública y sus agentes".
Así, encargarle que investigue hechos que suceden en la Iglesia es absurdo
porque queda fuera de sus
competencias.
Además, recordó el jurista, "el Defensor del Pueblo tiene autonomía, no está sujeto a mandato
imperativo alguno ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. No
tiene obligación de investigar lo que le pide el Congreso". Es cierto que,
si quiere, el defensor del pueblo puede citar a declarar a todo tipo de
personas y expertos: los funcionarios y poderes públicos tienen obligación de
colaborar, pero nadie más tiene esa obligación.
En cuanto a que haya una investigación
parlamentaria sobre los abusos a menores en distintos ámbitos en España, al
reconocido abogado le parece bien. Pero que se limite a entornos católicos, no. "Una
comisión parlamentaria investigadora, me parece bien. Pero una comisión para perseguir a una etnia o
religión, es un despropósito, una temeridad y está fuera del Estado de
Derecho", señaló.
Eugenio Gay hizo estas declaraciones en un encuentro online organizado por la asociación católica E-Cristians el martes por la
tarde. E-Cristians ha difundido un informe llamado "Informe a la Mayoría" denunciando
que con el estudio encargado al Defensor del Pueblo no se busca prevenir abusos ni proteger o compensar a las
víctimas, ni luchar contra la pederastia en España, sino sólo criminalizar a la Iglesia Católica.
Miró: ¿Y si el Congreso
pidiera investigar sólo los delitos de los gitanos?
Josep Miró, presidente de E-Cristians, señaló que el encargo del
Congreso al Defensor del Pueblo "ni siquiera da motivos de por qué se ha
de centrar sólo en entornos católicos, es una cuestión arbitraria. Es evidente
que no quieren abordar los
abusos sexuales en menores: es una excusa para degradar la imagen de la Iglesia y
presentar a los católicos como algo relacionado con los abusos".
Miró añadió que "incluso podría ser un delito de odio, porque si en vez de a los católicos
se pidiera al Defensor investigara los robos con violencia que cometen los
gitanos, habríamos dicho que era racismo puro y duro. De hecho, en
Cataluña, la fiscalía abrió un caso contra el antiguo alcalde de Badalona,
García Albiol, porque su campaña habría -presuntamente- relacionado con exceso
delito e inmigrantes. Pero eso mismo es lo que hace el Congreso en relación con
los católicos".
Eugenio Gay aseguró en este encuentro online que felicitaba "a
E-Cristians por su iniciativa, su beligerancia tranquila en la certeza
de que, sí, la maldad existe, pero no es patrimonio de ciertas instituciones. No es el Defensor del Pueblo quien
debe intervenir en este tema, sino los jueces, y el Parlamento no
puede encargarle una investigación cuando no tiene potestad para hacer declarar
a nadie".
Cuando los abusos suceden
bajo tutela de la administración
El jurista reconoce la gravedad y extensión de los abusos a
menores en la sociedad, que también ha conocido por su experiencia en
tribunales. "Miles de
casos llegan a los juzgados y solo unos pocos cientos se conocen. Muchos abusos
se dan en entidades bajo tutela de la administración. ¿Y sólo la Iglesia
Católica merece la atención del legislador? El control de la sociedad civil,
ver si se comete delito, corresponde al poder judicial, no al
legislativo", puntualizó.
Añadió, por otra parte que combatir los abusos "no puede ser sólo un tema de jueces. Debe
haber una actuación de la Administración más comprometida. Más actuar y menos ir a manifestaciones, que son
más propias del pueblo, y no de los administradores".
Gay Montalvo pidió que contra los abusos se empeñe "la sociedad entera, y
también la Iglesia, quizá la primera".
E-Cristians contra el efecto
"chivo expiatorio"
Los abusos sexuales a menores están muy extendidos en la sociedad,
pero sólo un 1% o menos parecen tener relación con entornos católicos. El Congreso desprecia el 99% del
problema y pide al Defensor del Pueblo investigar, sin herramientas adecuadas
ni potestad, ese 1%. Los datos que una investigación así ofreciera
serían miopes en varios sentidos, señala Miró.
Por ejemplo, "en la sociedad, la mayoría de víctimas de
abusos a menores son niñas y muchachas; pero en entorno eclesial son chicos
abusados por varones". El
abuso a chicas seguiría invisible, los abusadores del mismo sexo quedarían
sobrerrepresentados. No mostraría la realidad del abuso. Eso muestra
que la investigación en realidad es una operación de "chivo
expiatorio" contra la Iglesia.
Una dinámica específica
contra los cristianos
Para Miró, este caso se suma a otros muchos en España orientados
contra las familias y contra los cristianos.
"Estamos ante una
dinámica en que se producen leyes que recortan derechos y atacan a un grupo
concreto. La ley de Educación recorta el derecho de los padre a la
educación moral y religiosa de sus hijos. Ponen en dificultades a la escuela
concertada, que es una forma de ejercer ese derecho. La ley de 'defensa del
menor' en realidad recortaba también la patria potestad. Dan derechos a los
menores de edad saltándose los criterios de los padres. El Código penal ahora
castiga a quien reza cerca de las clínicas abortistas. ¿Qué colectivo es siempre el
perjudicado? Los cristianos, sean de fe o de cultura, que cada día ven normas
que nos sitúan como ciudadanos de segunda clase", avisa Miró, que
fundó E-Cristians en el año 2000, poco antes de dejar la política de partido.
E-Cristians ha enviado su informe-protesta al Papa ("que nos respondió a
través de la Secretaría de Estado"), al Nuncio, a todos los obispos, a
los presidentes de grupos parlamentarios y al presidente Pedro Sánchez.
El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez respondió que la
investigación que pedía el Congreso era similar a una de EEUU y otra de
Irlanda, pero en realidad no se parecen en nada: la de EEUU la emprendieron los
obispos por su cuenta, limitada sólo a clero diocesano, y la de Irlanda se
refería a los correccionales y lavanderías tuteladas por el Estado y acabó con
el presidente irlandés pidiendo perdón a la sociedad por la desastrosa
supervisión estatal de los menores.
E-Cristians anuncia que va a seguir combatiendo las medidas estatales o autonómicas
"de chivo expiatorio" que no busquen de verdad combatir la
pederastia, explicando algunos de los pasos que va a impulsar:
El presidente de E-Cristians añade que la asociación no desea
ningún protagonismo y estará encantada de compartir estas acciones con más entidades y
asociaciones, y otras personas. "Si nos sumamos muchos podemos hacer más cosas. Por
ejemplo, podríamos recoger firmas de personalidades. Y financiar las acciones
legales. Muchas acciones requieren contratar un cierto nivel de
profesionalidad, así como difundirlas", señaló el presidente de
E-Cristians.
Pablo J. Ginés
Fuente: ReL