El Gobierno ha vendido el mensaje de una ‘devolución’: la representación eclesiástica comprobó que no estaba clara la propiedad y remitió la lista al Gobierno
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| Pedro Sánchez y el cardenal Juan José Omella. |
Una tesis que el Gobierno se ha dedicado en propalar sin que corresponda a la verdad de lo que pasa.
Para entender el contexto de la visita de Sánchez a la Conferencia Episcopal de ayer, tenemos que remitirnos a la reunión de la comisión mixta del pasado mes de diciembre.
Una vez que se habían revisado los 35.000 bienes, se descubrió,
por parte de la Iglesia, que había un millar
que no le constaban. Había elaborado una lista, que remitía al
Gobierno, para que este pusiera “en conocimiento de las entidades locales y de
los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos
de regularización que, en su caso, pudieran corresponder, tal y como dice el
comunicado que ayer emitió la CEE.
En la reunión de diciembre, los representantes del Ejecutivo, al
final, plantearon que había que hablar, en un futuro comunicado conjunto, de
‘devolución’ de bienes
de la Iglesia.
Si la Iglesia ‘devolvía’ unos bienes quería decir que la Iglesia
se los había ‘apropiado indebidamente’ y que el Gobierno le había hecho torcer
su brazo patrimonial.
En ese momento, el representante de la Conferencia Episcopal se
levantó de la reunión y dijo que de eso nada.
La reunión entre el presidente de la Conferencia Episcopal,
cardenal Juan José Omella, y el ministro de la Presidencia, Félix
Bolaños, del pasado 18 de enero, tuvo como agenda oculta también
resolver ese litigio pendiente.
Lo que no se imaginaba la Conferencia Episcopal es que el Gobierno
iba a lanzar la especie, incluso horas antes de emitir el comunicado oficial,
de que la Iglesia iba a devolver un millar de bienes inmatriculados.
Recibido a las doce del mediodía por el Presidente de la
Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, y por el obispo secretario,
monseñor Luis Argüello, que tuvo que retrasar su presencia en Roma para la
Visita Ad Limina, Pedro Sánchez visitó la Capilla de la Sucesión Apostólica,
obra de Rupnik.
Allí el cardenal Omella hizo “una breve oración por los
gobernantes de España”. También le mostró la sala de la Asamblea Plenaria, al
tiempo que le explicaba el funcionamiento de los organismos de la Conferencia.
Según las informaciones confirmadas por Religión Confidencial, durante
la conversación privada, el cardenal Omella trasladó al Presidente del Gobierno
el trabajo que está haciendo la Iglesia en España durante esta pandemia al servicio
del bien común, el trabajo de la Iglesia en favor de los más desfavorecidos.
Hablaron de educación, de inmigración, de la “España vaciada”. Y
también de la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia.
Pero la polémica ya no estaba en Añastro sino en los medios. Y
conviene tenerla clara.
De los 35.000 mil bienes que inmatriculó entre 1998 y 2015, la
Iglesia ha realizado un análisis pormenorizado del listado de bienes. A
continuación, la Iglesia fue la que informó al
Gobierno de un millar de errores en la adjudicación de propiedades a la Iglesia.
Todo eso se hacía en el marco de una comisión creada por el Gobierno y la
Iglesia Católica para aclarar juntos la cuestión de las inmatriculaciones, y
que se ha reunido en diversas ocasiones a lo largo de 2021.
En ese período de inmatriculaciones estaba vigente el Real Decreto
de 1998, que modificaba la Ley Hipotecaria facilitando las inmatriculaciones, y
la Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria que se aprobó en 2015, que hacía todo lo
contrario: endurecía los requisitos para registrar la titularidad de un bien.
De ahí que fuera lógico que se revisaran las inmatriculaciones en este periodo.
En los años comprendidos entre 1998 y 2015, las diócesis
inscribieron en el Registro de la Propiedad los bienes que eran de uso de la
Iglesia desde tiempo inmemorial.
El uso y la costumbre eran el aval de su titularidad durante
siglos. En muchos casos no había documentos. ¿Dónde estarían las escrituras de
una ermita del siglo XII o de un monasterio del XV?
Por lo tanto, lo que la Iglesia ha hecho es decirle al Gobierno
que de un millar casi de bienes no le consta que sean de su propiedad, aunque
eso no quiere decir que no lo sean.
El Gobierno tiene, por tanto, que “iniciar los procesos de
regularización que, en su caso, pudieran corresponder.
A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de
colaboración “a fin de facilitar tales procesos”, tal y como dice le comunicado
de la CEE.
La Iglesia no ‘devuelve’ ningún bien. Coopera con el Gobierno en
aclarar la verdad, que es distinto.
Al final de la reunión, tanto Omella como Argüello han realizado
una declaraciones que se pueden ver en la web
de la Conferencia Episcopal.
El Secretario General de la CEE ha recalcado que los obispos han
presentado el resultado de un trabajo de casi un millar de los
bienes inmatriculados para ver qué "hay en esos mil bienes y habría
que hacer una revisión del informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de
los Diputados". Y también han hablado del futuro de los trabajos a
realizar, sobre todo en el asunto del régimen fiscal, "que ha quedado
también muy encauzado".
Fuente: ReligionConfidencial
