Tras la aprobación definitiva este jueves de la Ley española de la Eutanasia que empezará a aplicarse en enfermos en tres meses han comenzado a llegar las primeras reacciones ante una noticia cuyas consecuencias serán terribles para todo el país
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| Manifestación este jueves a las puertas del Congreso contra la ley de la eutanasia |
De
este modo, el también obispo auxiliar de Valladolid ha considerado “dramático
que en España haya 60.000 personas cada año que mueren con sufrimiento, pudiéndose remediar con una
política adecuada de cuidados paliativos”.
“Pensamos
que este es un momento en
favor de promover una cultura de la vida y de dar pasos concretos
promoviendo un testamento vital o de declaraciones anticipadas que haga posible
que los ciudadanos españoles manifiesten de una manera clara y determinada su
deseo de recibir cuidados paliativos”, agregó.
Por
último, ha agregado que también es momento de “promover la objeción de conciencia y para promover
todo aquello que tenga que ver con esta cultura de la vida que quiere tener una
línea roja diciendo con fuerza: ‘no matarás, no provocarás de manera decidida
la muerte para aliviar el sufrimiento, sino al contrario, cuidarás, practicarás
la ternura, la cercanía, la misericordia, el ánimo, la esperanza para aquellas
personas que se encuentran en el tramo final de su existencia, quizás en
momentos de sufrimiento que necesitan consuelo, cuidado y esperanza’”.
Una ley "injusta y contraria al bien
común"
Desde
el punto de vista bioético, la Asociación Española de Bioética y Ética
Médica (AEBI) ha rechazado también la aprobación de esta ley de la
eutanasia en cuanto que “es
injusta y contraria al bien común de la sociedad española”.
En
su opinión, es “una
imposición ideológica regresiva, que vulnera los derechos de los
ciudadanos, de las profesiones sanitarias y desprotege a los más débiles. Junto
a esto, la propia ley presenta una pobre calidad tecno- jurídica que va a
permitir con gran facilidad un uso fraudulento de ella. Esto último se agrava
por una implantación rápida e incontrolada”.
Por
ello llaman a utilizar los medios de un sistema democrático para conseguir una
pronta derogación, pero también la “no colaboración en su aplicación por parte de los profesionales
sanitarios”. De igual modo, plantean la posibilidad de un recurso de
inconstitucionalidad y la exigencia a los gobernantes de aplicar un sistema
eficaz de cuidados paliativos.
“Reiteramos
que la protección legal de la vida humana tiene que ser incondicional y abarcar
el entero ciclo vital. Generar excepciones supone condicionar su respeto a la
valoración de otras personas. Además, nunca puede ser un deber de un profesional sanitario provocar la
muerte o ayudar al suicidio de una persona tal como indica la ley,
porque no son actos relacionados con la salud de los pacientes. Son, por el
contrario, acciones opuestas a la deontología de esos profesionales y, en
consecuencia, no se les puede exigir realizarlas”, recuerdan desde AEBI.
Con
respecto a la objeción de conciencia, desde esta asociación señalan que en
algún caso “deben ser los profesionales que estén conformes con las prácticas
eutanásicas quienes, en su caso, tendrán que indicarlo para generar un registro
de sanitarios dispuestos a realizar tal prestación”.
Y
es que en su opinión, “un registro de objetores a estas prácticas eutanásicas
ni es necesario para garantizar la “prestación reconocida” en la ley, ni es un
presupuesto para el ejercicio del derecho de objeción por parte de los
profesionales. Manifestamos también que no ha lugar a diferenciar tipos de objeción respecto a la ayuda
para la muerte en cuanto, tanto su prescripción como su realización,
son una participación directa en ella”.
Fuente: ReL
