El Gobierno ejerce una y otra vez presión sobre los
obispos, aunque esto no les impide para que protesten vehementemente
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| Foto: St. Joseph Keren |
Tras el cierre en Eritrea de los hospitales y centros de salud católicos
en junio pasado, es el turno de los colegios católicos. Según informa Radio
France International, al menos ocho centros educativos fueron incautados y
ocupados por soldados este martes, bloqueando el inicio de curso de cientos de
estudiantes.
Este golpe violento es el último episodio del enfrentamiento del
Gobierno eritreo con la Iglesia católica.
El martes por la mañana no
fueron los estudiantes sino los soldados los que invadieron el famoso colegio
Saint Joseph de Keren, la tercera ciudad más grande de Eritrea, en el centro
del país. También en Massawa y cerca de la ciudad de Mendefera, sus centros
educativos católicos sufrieron la misma suerte, al igual que en otras cinco
localidades, donde las autoridades pusieron en práctica sus amenazas y ocuparon
las instalaciones educativas.
Según un sacerdote eritreo,
el Gobierno ya se lo había advertido a los directores de las instituciones, a
los que aconsejó que no acogieran a los nuevos alumnos en el inicio del año
escolar. A la amenaza han seguido los hechos. De los 50 colegios y cientos de
guarderías administradas por la Iglesia católica, ocho, las más importantes,
están ahora bajo el control del Ejército.
Las instituciones católicas
juegan un importante papel social en Eritrea. En sus centros se acoge a
estudiantes, y también profesores, de todas las religiones. Compensan las
deficiencias de las escuelas públicas, donde la enseñanza es proporcionada por
militares o cooperantes extranjeros. Basándose en una ley de 1995, el Gobierno
eritreo quiere hacer pagar a los obispos sus repetidas manifestaciones
públicas, en las que piden libertad, democracia y critican el continuo éxodo de
jóvenes.
De hecho, según cifras de
la ONU, en estos últimos años, los inmigrantes eritreos son los segundos en
número en las costas de Libia, esperando entrar en Europa, con cerca de 30.000
personas cada año. Las violaciones de derechos humanos en el país, criticadas
por las instituciones internacionales, también provocan que muchos eritreos
huyan hacia Yemen, con numerosos muertos en el mar.
Estas expropiaciones de
instituciones llevadas a cabo por el Gobierno ya han tenido lugar en años
anteriores contra instituciones de la Iglesia ortodoxa. En octubre de 2017, las
autoridades cerraron de manera violenta una escuela musulmana privada en
Asmara, lo que provocó una protesta popular sin precedentes en la capital del
país. Todo acabó con penas de prisión y el fallecimiento en la cárcel del
fundador de la escuela.
En junio el Gobierno de
Eritrea decidió nacionalizar todas las instituciones sanitarias de la Iglesia
católica. Los funcionarios gubernamentales, ante la negativa de los
administradores de estas instituciones a firmar un documento sancionando la
transferencia de la propiedad, procedieron a la clausura de las mismas. El
pasado abril, los obispos del país, en una carta pastoral, habían pedido un
proceso de reconciliación nacional que garantizase la justicia social para
todos. Tras el acuerdo de paz apenas alcanzado con Etiopía era una oportunidad
para llevar adelante reformas profundas que ayudasen a la población. Fueron
declaraciones no bien recibidas por los líderes políticos comunistas. Se
cerraron 22 centros de salud, dejando a miles de personas, la mayoría de ellas
madres y sus hijos, sin atención médica.
«Nuestro trabajo debe
quedar limitado a los templos»
«Las brutales acciones del
Gobierno de Eritrea tienen como objetivo privar a la Iglesia de todos los
servicios que ofrece en el campo educativo y sanitario. Según él, nuestro
trabajo debe quedar limitado a los templos». Mussie Zerai, sacerdote católico,
vive en Roma y desde allí coordina el trabajo pastoral eritreo y las
comunidades extendidas por Europa. Cada año, miles de personas abandonan el
país. «No hay ninguna justificación para estas acciones del régimen. Castiga a
los que se preocupan por los más pobres», expone Zerai.
Los motivos no están
claros. Observadores extranjeros sospechan que la administración del presidente
Isaias Aferweki considera que la Iglesia, en su compromiso por el proceso de
paz con Etiopía, ha adquirido demasiada confianza en sí misma. Para Zerai, la
situación es clara: «El Gobierno está obsesionado con controlar todo y a todos.
Considera a la Iglesia católica como una amenaza porque estamos conectados
internacionalmente y cuestionamos asuntos».
Eritrea viven entre 120.000
y 160.000 católicos. La mitad de la población es cristiana; además de la
Iglesia católica, solo la ortodoxa y la evangélico-luterana están toleradas por
el Estado como comunidades religiosas, junto al Islam sunita. A diferencia de
muchos países del norte de África, en Eritrea el Islam no es religión oficial.
Según explica Zerai, el país «tiene un carácter ateo; si fuera por el Gobierno,
no habría ninguna religión. En definitiva, procede de la misma escuela que
China».
A sacerdote, que puede
hablar libremente por el hecho de vivir en el extranjero, no le está permitido
volver a su país. El Gobierno ejerce una y otra vez presión sobre los obispos,
aunque esto no les impide para que protesten vehementemente. También el
Patriarca de la Iglesia ortodoxa se encuentra en arresto domiciliario desde
hace 14 años.
Recientemente fueron
detenidos cinco monjes ortodoxos, tres de ellos mayores de 70 años. «Cualquier
tipo de resistencia, aunque solo se insinúe en lo más mínimo, es sofocada
inmediatamente». Por este motivo, la mayoría de las denuncias de violaciones de
los derechos humanos en Eritrea proceden de refugiados. A las organizaciones
internacionales se les niega o se les dificulta enormemente la entrada en el
país.
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