La
soledad problemática en la vejez afecta en España a alrededor de un millón y
medio de personas. Francisco Fernández Marugán pide que se elabore «una
radiografía precisa» de «este drama»
El defensor
del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, considera «urgente» abrir un debate
político y social en torno al problema de la soledad no deseada en la que viven
miles de personas mayores en España.
En un comunicado emitido con motivo del Día
Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el próximo 1 de octubre,
Marugán instó a los poderes públicos a abordar este asunto, así como a impulsar
políticas de prevención y concienciar a la sociedad, que, a su juicio, «muchas
veces se encuentra ajena a este drama», que algunas fuentes cifran en un millón
y medio de personas afectadas.
El defensor del Pueblo abogó, asimismo, por
establecer una «radiografía precisa» del alcance de este problema como una de
las «primeras tareas a realizar».
Para Fernández Marugán, «un Estado social como el
nuestro no puede ignorar a un colectivo tan sensible como este». «Tiene que dar
una respuesta adecuada a los retos que plantea una sociedad cada vez más
envejecida», agregó.
En esta línea, la institución valoró como
«necesario» revisar las «pautas de actuación» en la atención social para
ofrecer las ayudas que precisan las personas mayores y sus familias «e intentar
un modelo en el que las personas de la tercera edad puedan permanecer el mayor
tiempo posible en su entorno».
Derechos de las personas
mayores
Tras subrayar que, en los
últimos años, se ha advertido un repunte de quejas al Defensor del Pueblo
relacionadas con los mayores y el envejecimiento, precisó que muchas de ellas
están relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia, la calidad de la
atención residencial que reciben o el copago farmacéutico.
«Nuestro objetivo es que
las administraciones pongan todos los medios a su alcance para que los
servicios a los mayores se presten en condiciones respetuosas con la dignidad
básica de toda persona y con sus derechos fundamentales», afirmó el defensor
del Pueblo.
A este respecto, manifestó
que muchas de las actuaciones de la institución se relacionan con cuestiones
«muy relevantes» vinculadas a los derechos fundamentales de las personas
mayores, entre las que mencionó el ingreso involuntario de personas con
deterioro cognitivo o psíquico, las restricciones a la libertad de movimientos
o el uso de sujeciones, entre otras.
Fuente: Servimedia/Alfa y
Omega
