No existe un derecho al aborto reconocido a nivel internacional, ya que la mayoría de los Estados se oponen a él
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| Tedros Adhanom es desde 2017 director general de la OMS. |
La Organización
Mundial de la Salud, impulsora en todo el mundo de la reducción de
población y del aborto como uno de sus instrumentos,
dispone de unas nuevas directrices o "recomendaciones" que, como las
anteriores, se basan en una mentira fabricada con el dinero de
grandes fundaciones privadas: el supuesto consenso de los
Estados y de los científicos.
Louis-Marie
Bonneau, joven investigador del Centro
Europeo para el Derecho y la Justicia que preside Grégor
Puppinck, detalla este engaño en el número 385 (noviembre de 2025)
de La Nef:
En agosto de
2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una
actualización de sus directrices sobre el aborto. Este documento
fomenta una liberalización extrema del aborto, al tiempo que se
muestra muy duro con la objeción de conciencia.
Ya en 2022, una
primera versión recomendaba la legalización del aborto libre y
sin condiciones hasta el final del embarazo, así como la posibilidad de
que una menor abortara sin informar a sus padres. Sin embargo,
estos textos no tienen valor jurídico ni científico. Peor aún, son fruto del
trabajo de activistas proaborto y se elaboran en el seno de un órgano de la OMS
especializado en el control demográfico desde 1970.
No existe
un derecho al aborto reconocido a nivel internacional, ya
que la mayoría de los Estados se oponen a él. En respuesta a ello,
los "expertos" militantes tratan de crear la ilusión de que existe
tal derecho mediante la elaboración de un corpus de derecho blando (soft law).
Se trata de un conjunto de textos sin autoridad jurídica, pero que
son publicados por una autoridad moral y cuya acumulación acaba
orientando las leyes. Las directrices sobre el aborto de la OMS se redactan
en el marco del Programa de Reproducción Humana (HRP) por activistas que se
basan en múltiples fuentes de "derecho blando", a veces incluso
autorreferenciadas.
Este mecanismo
está bien engrasado: un relator de la ONU da su opinión
favorable a la liberalización del aborto, luego un comité de expertos lo cita y
va más allá, y otro grupo de trabajo de las Naciones Unidas
hace lo mismo, y así sucesivamente. Estos textos se acumulan año
tras año.
Por último, la
OMS publica un documento de síntesis en el que recopila estas opiniones y da
a entender que existe un consenso que los Estados deberían aceptar.
Sin embargo, este tipo de documento no tiene valor jurídico, ya que no ha sido
adoptado por los Estados ni por la Secretaría de la OMS, sino que se trata
únicamente de "recomendaciones".
El hecho de que
este documento haya sido redactado por activistas queda demostrado por un
análisis sistemático de sus publicaciones en internet. En 2022, el 67%
de los "expertos" que participaron en la elaboración de
estas directrices se comprometieron o militaban a favor del aborto, o bien
recibían pagos de organizaciones privadas que promueven el aborto. Tanto en
2025 como en 2022, la redacción de las directrices corrió a cargo de las
mismas siete conocidas militantes pro aborto.
Estas
directrices se elaboran en el marco del HRP, creado en 1970. Este programa ha
desarrollado los principales anticonceptivos y abortivos que
se utilizan en la actualidad, todo ello con un altísimo nivel científico. Esta
coartada de rigor y neutralidad científicos convierte a este programa en una
poderosa palanca ideológica: "Es ciencia, luego es verdad". Pero el
hecho de que este programa haya desarrollado medios muy eficaces para reducir
la fertilidad, como la esterilización, no significa que esos medios sean
buenos. Sin embargo, los Estados que rechazan estos métodos de aborto o
anticoncepción son fácilmente acusados de ser "anticientíficos".
La
instrumentalización de la investigación
Los Estados
tienen varias razones para negarse a caer en esta trampa. En primer lugar, este
programa se concibió con el objetivo maltusiano de reducir la población
humana, especialmente en los países pobres, a fin de aumentar la
prosperidad económica. Por lo tanto, responde a una visión muy materialista del
ser humano. Además, el HRP es un ejemplo más de la privatización de las
organizaciones internacionales. La Fundación Ford financió
el estudio de viabilidad del programa en 1970. Desde entonces, otras
fundaciones han aportado millones de dólares de financiación, como las
fundaciones Rockefeller, MacArthur, Packard, Hewlett, Buffett y Gates.
Se trata de una instrumentalización de la investigación biomédica al servicio
de intereses privados.
Hoy en día, el
peso ideológico de estos intereses se hace cada vez más patente. Desde la
década de 2000, el lenguaje de los derechos humanos se ha desviado de la
antropología natural para hacer aceptar, en particular, los productos abortivos
y anticonceptivos en nombre de los derechos individuales a la "salud
sexual y reproductiva". Esta deriva sigue acentuándose a medida que
aumenta la financiación privada. La reducción de la demografía se promueve
ahora en nombre de los "derechos" del planeta.
En realidad,
estas directrices sobre el aborto no se interesan por los derechos de las
personas ni por su bienestar. Tampoco son el resultado de un consenso
científico o de una decisión de los Estados. Reflejan la influencia
ideológica de activistas y fundaciones privadas dentro de una
institución que se supone debe ser técnica, neutral y científica.
Fuente: ReligiónenLibertad
