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| El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, en una comparecencia ante los medios de comunicación. EFE / Sergio Pérez. Dominio público |
La Conferencia Episcopal Española ha emitido un comunicado este jueves, 7 de agosto, en el que asegura que «en relación a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, nos unimos a la postura de la Comisión Islámica de España» y aseguran que que «las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”».
La semana pasada el Ayuntamiento de la localidad murciana aprobó una moción por la cual se restringe de forma generalizada y por adelantado todo tipo de celebración islámica en dependencias municipales y en la vía pública. La resolución, según recoge ABC, impide explícitamente que vuelvan a celebrarse actos como el final del Ramadán o la Fiesta del Sacrificio, eventos clave en el calendario religioso musulmán.
Ante esta decisión, el secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana, en declaraciones a Europa Press, ha denunciado que dicha decisión «intenta obstaculizar la libertad religiosa». Y ha expuesto que «los poderes públicos tienen el deber de garantizar la libertad religiosa y cooperar con las confesiones».
Por su parte, los obispos españoles añaden en su comunicado que «la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar». Esto, señalan, «debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica. Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas».
El comunidad de la Conferencia Episcopal Española hace referencia a la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 18, que afirma que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».
Concluyen los obispos españoles que «la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes». Hacer estas restricciones por motivos religiosos «es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».
Fuente: Alfa y Omega
