Dorys Castillo, responsable de la asociación Pueblos con Futuro, que se dedica a fijar población de origen migrante y española en la España vaciada, habla de la importancia de los jubilados y los párrocos rurales
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| Dorys Castillo |
¿Qué es Pueblos con Futuro?
—Es una
asociación que nació porque en las ciudades hay mucha necesidad de vivienda y,
a través de asociaciones, conocimos a jubilados que nos dijeron que en los
pueblos existe esa posibilidad. Se dio luego el paso de buscar: una persona
jubilada llama de puerta en puerta a todos los ayuntamientos para presentar el
proyecto. Y hay otra que, una vez encuentra una oferta, acompaña a la familia
para integrarla. Le hace conocer el lugar y la ayuda a hacer un proyecto
económico de vida, generalmente gestionando bares de los pueblos. Se dan de
alta como autónomos y las trabajadoras sociales ponemos a su disposición todo
para que se establezcan con normalidad.
¿Con qué
tipo de perfiles trabajan?
—Yo estoy en
Madrid y soy la responsable de la selección de las familias. Suelen ser
personas migrantes con niños que permitan mantener las
escuelas abiertas. Necesitamos que estén regularizados para que puedan tener un
contrato de alquiler y trabajo. Pero también hay familias españolas.
No se trata de un trabajo temporal, sino de echar raíces. La idea es que se
establezcan a largo plazo. Pedimos un compromiso de estabilidad y nos
comprometemos a acompañarlas el primer año.
¿Qué
resultados han conseguido?
—Tenemos
incorporadas a 47 familias y son un regalazo. Al año, casi
todas tienen coche propio y gestionan su negocio. Tres han comprado vivienda en
propiedad. Es una pasada y estamos muy contentos con eso. Hay algunos casos que
nos han dicho «no nos vemos aquí» y después se incorporaron a las capitales,
pero solo nos ha pasado con cinco.
¿Cómo son
los pueblos?
—Iniciamos con
los de Guadalajara porque un voluntario era de allí. Después, los principales
impulsores han sido los párrocos, que se han implicado con nosotros desde el
principio y nos han ido abriendo las puertas. Estamos en Guadalajara, Cáceres,
Cuenca, Madrid, Palencia, Soria, Teruel, Toledo y Zaragoza. En total son 33
municipios.
Pero si son
47 familias en 33 municipios, en alguno se repite.
—Hay pueblos
más grandes en los que pueden estar cuatro familias. Aunque generalmente el bar
es lo que más se solicita para que no se cierre y haya vida, también los hay
que trabajan en mantenimiento, jardinería, construcción, almacenes, como
camareros o en el cuidado de personas mayores.
¿Ustedes
cobran algo?
—Empezamos como
voluntarios y tenemos esperanza de seguir siéndolo. Aunque, al crecer tanto el
número de familias, necesitaremos alguien más en la parte administrativa. Vamos
despacio; somos seis personas, cuatro jubilados y dos trabajando. No podemos abarcar
mucho.
Recientemente
la Conferencia Episcopal ha dado difusión a su proyecto. ¿Sienten el apoyo de
la Iglesia?
—No solo con
eso. Hace unos años se creó la Mesa del Mundo Rural. Ahí estamos cuatro asociaciones
que intentamos dar estabilidad a las familias. También nos hemos acercado a los
obispados a presentar el proyecto. Por ejemplo, hemos hecho un convenio con la
diócesis de Sigüenza-Guadalajara y nos han cedido unas viviendas para
sacerdotes en pueblos donde no se utilizaban. Las hemos rehabilitado y ahora
están ahí las familias y pagan un alquiler mensual que también es útil para la
diócesis.
¿Tienen
alguna reivindicación?
—Existe la idea
de que en la capital está todo y muchos migrantes llegan con la concepción de
que en los pueblos no se puede vivir. Hay que darles la posibilidad de que los
conozcan.
Rodrigo Moreno Quicios
Fuente: Alfa y Omega
