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| Una niña asiste a clase de Religión |
«Si
se tiene en cuenta el alumnado en general preocupa el descenso en educación
infantil por razones demográficas que, lógicamente alcanza ya a la escuela. Este
año, en este nivel, ha habido 80.000 alumnos menos», han apuntado desde la Conferencia
Episcopal.
El porcentaje de alumnos en Infantil inscritos fue del 56,92
%, en Primaria del 59,32 %, en Educación Secundaria Obligatoria del 55,1 % y en
Bachillerato del 43,75 %. En total, se inscribieron en la Religión 2.928.394
alumnos.
La
Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado la campaña 'Son
tantas las razones... apúntale a Reli' con el objetivo de dar respuestas a
todos aquellos padres que «desconocen el valor de la asignatura de Religión
Católica, carecen de argumentos o se encuentren indecisas a la hora de
matricularlos en el próximo curso 2025-2026».
Con
esta campaña, la Conferencia Episcopal busca invitar a una generación de padres
que, «condicionados por las tendencias sociales o por la desinformación,
se han elaborado una imagen falsa sobre la asignatura de Religión, a que
consideren las muchas y buenas razones por las que escoger esta materia».
El
maltrato del Gobierno a Religión
Estos
datos contrastan drásticamente con el continuo maltrato que sufre la asignatura
de Religión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. A raíz de la
implantación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación
(Lomloe), esta materia quedó relegada a una asignatura de tercera, con
importancia mínima y con un horario lectivo completamente reducido.
Recientemente,
el Observatorio de la Religión en la Escuela publicó un
informe con datos demoledores que revela que la mayoría de los profesores de
Religión estima que la conocida como Ley Celaá ha supuesto mayores dificultades
para la enseñanza de la religión en las escuelas. Esta tendencia se mantiene en
todas las comunidades autónomas, aunque en Cantabria, Galicia y Extremadura esa
mayoría supera el 80 %.
El
estudio refleja diferencias significativas entre la titularidad de los centros,
siendo los más críticos con la aplicación de la Lomloe al sistema educativo en
general, y a la asignatura de Religión en particular, los profesores de
centros públicos.
Como
consecuencia de esta norma educativa se rechazó la alternativa de mantener al
menos el horario mínimo de la LOE, ley a la que la Lomloe da continuidad, ya
que «se limitó al mínimo la carga lectiva en un ámbito tan decisivo
para la educación de la persona», denunció la Conferencia Episcopal cuando la
norma entró en vigor.
Además,
esta ley dictó que los alumnos de Bachillerato que quisieran cursar Religión
Católica tendrían que hacerlo fuera del horario lectivo, como una
«séptima hora» de clase. «Genera preocupación la etapa de Bachillerato en
aquellas comunidades autónomas en las que se penaliza al alumnado que elige la
materia de Religión, que ve incrementada su carga lectiva semanal y que podría
encontrarse así en condiciones de discriminación. En tal caso, sería necesaria
la defensa jurídica del derecho de estos alumnos», criticaron los obispos.
El
Gobierno, cómplice de la islamización
A
principios de este curso escolar, la Comisión Islámica de España publicó
un informe sobre la situación del ciudadano musulmán en España, en el que
solicitó, además de la contratación de más profesores de religión
islámica, permitir en las escuelas públicas y privadas «prendas para la
cobertura del cabello, ya sean fundadas en motivos de índole confesional o de
tratamientos de salud, siempre y cuando no impida o dificulte la identificación
de la persona».
Asimismo,
esta organización pidió un menú halal en los centros
educativos para todos aquellos alumnos musulmanes que deseen acogerse a él: «El
servicio de comedor facilitará, en la medida de lo posible, que los usuarios
puedan respetar la alimentación de su respectiva confesión», reza el documento
de la Comisión Islámica.
Según
ha podido comprobar este medio en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y
Ayudas Públicas (SNPSA), organismo dependiente de la
Vicepresidencia primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, esta entidad
islámica que pretende colar las tradiciones musulmanas en los centros escolares
españoles comenzó a recibir dinero de las arcas públicas en el año 2021, con
Sánchez ya en el poder, y a través de una orden directa del ministro de
Interior, Fernando Grande-Marlaska. En total, desde ese año la Comisión
Islámica suma más de 1,7 millones de euros en subvenciones sin
contraprestación.
