En las víctimas, en su sufrimiento y en su curación, se centra el trabajo de toda la Comisión y el propio Informe
 |
| Vatican News |
Diez años
después de su creación, la Pontificia Comisión publica un documento elaborado
por un grupo de estudio que llevó a cabo investigaciones y estudios en los
cinco continentes y en diversos institutos y congregaciones religiosas y en la
Curia romana.
"Me
gustaría que me preparara un informe sobre las iniciativas de la Iglesia para
proteger a los menores y a los adultos vulnerables. Esto puede ser
difícil al principio, pero le pido que empiece por donde sea necesario para que
yo pueda proporcionar un informe fiable sobre lo que está sucediendo y lo que
es necesario cambiar, para que las autoridades competentes puedan actuar». Tras
un largo e intenso trabajo, la Comisión para la Protección de Menores -órgano
creado por el Papa en 2014 para proponer las iniciativas más adecuadas para
prevenir los abusos en la Iglesia- responde a la llamada de Francisco y publica
hoy, 29 de octubre, su primer Informe Anual sobre Políticas y Procedimientos de
Protección. Unas 50 páginas, cuatro secciones, numerosos datos
recogidos en los cinco continentes y en diversos institutos y congregaciones
religiosas, y también en la propia Curia Romana, a la que se pide cada vez más
transparencia sobre procedimientos y procesos.
El sufrimiento
y la curación de las víctimas
El documento ha
sido redactado por un grupo de trabajo presidido por Maud de Boer-Buquicchio,
miembro de la Comisión y con una larga experiencia en la defensa de menores. En
la portada aparece un árbol baobab, símbolo de la «resiliencia», la que han
demostrado miles de víctimas al denunciar y luchar para hacer de la Iglesia un
lugar más seguro y recuperar la confianza perdida a causa de estos delitos. En
ellas, en su sufrimiento y en su curación, se centra el trabajo de toda la
Comisión y el propio Informe.
Riesgos y
progresos
Más en detalle,
el Informe -dice- busca promover el compromiso de la Iglesia con una respuesta
«rigurosa» a la lacra de los abusos, basada en los derechos humanos y centrada
en las víctimas, en línea con las recientes reformas del Libro VI del Código de Derecho Canónico que
estigmatiza el delito de abusos como una violación de la dignidad de la
persona. El texto documenta los riesgos y los avances en los esfuerzos de la
Iglesia por proteger a los niños. También recoge recursos y buenas
prácticas para compartir en la Iglesia universal, y es una herramienta
para que la Comisión informe de sus conclusiones y recomendaciones de forma
sistemática para compartirlas con el Papa, las víctimas, las Iglesias locales y
el Pueblo de Dios.
Mayor acceso a
la información
Entre las
«necesidades» que señala el documento está la de promover mejor el acceso de
las víctimas y supervivientes a la información para evitar que se generen
nuevos traumas. «Deberían diseñarse medidas para garantizar el derecho de toda
persona a cualquier información que le concierna», siempre “respetando las
leyes y requisitos de protección de datos”, dice el texto. Que también reitera
la necesidad de «consolidar y clarificar las competencias de cada Dicasterio de
la Curia Romana para garantizar una gestión eficaz, oportuna y rigurosa de los
casos de abusos sometidos a la Santa Sede», sugiriendo la importancia de
agilizar los procedimientos - «cuando esté justificado»- de dimisión o
destitución de los responsables. También es necesario, según el informe, «un
mayor desarrollo del magisterio de la Iglesia sobre su ministerio de tutela»;
estudiar las políticas de daños y reparaciones para promover un enfoque
riguroso de las reparaciones; y promover oportunidades académicas y recursos
adecuados para los aspirantes a trabajadores de la tutela.
El análisis de
las iglesias locales
En la segunda
sección del Informe Anual, la atención se centra en las iglesias locales y se
presenta un análisis de varias instituciones eclesiásticas. En primer lugar, la
Comisión reconoce la importancia de acompañar a los líderes de las iglesias
locales en su responsabilidad de aplicar políticas de prevención y respuesta. A
continuación, garantiza «intercambios de datos normalizados» con los obispos
locales y los superiores religiosos y explica que la revisión de las políticas
y procedimientos sobre tutela por parte de los obispos tiene lugar a través del
proceso ad limina a petición especial de una Conferencia
Episcopal o de uno de los Grupos Regionales de la Comisión.
Más
concretamente, Tutela Minorum examina entre 15 y 20 iglesias
locales cada año, con la intención de examinar toda la Iglesia a lo largo de un
periodo de 5-6 Informes Anuales. Cada Informe incluye también el análisis de
una selección de institutos religiosos. Las Conferencias Episcopales en
cuestión son: México, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, Bélgica y Camerún.
Las Conferencias que realizaron visitas ad limina durante el
periodo del informe son: Ruanda, Costa de Marfil, Sri Lanka, Colombia,
Tanzania, República Democrática del Congo, Zimbabue, Zambia, Ghana, República
del Congo, Sudáfrica, Botsuana, e-Swatini, Togo, Burundi. Los institutos
religiosos señalados son los Misioneros de la Consolata (femenino) y la
Congregación del Espíritu Santo (masculino).
Falta de
instalaciones y servicios
En su análisis
de las Iglesias locales, la Comisión constata que «mientras que algunas
instituciones y autoridades eclesiásticas demuestran un claro compromiso con la
protección, otras sólo están al principio de asumir su responsabilidad
institucional» frente al fenómeno de los abusos. En algunos casos, la Comisión
constata «una preocupante falta de estructuras de denuncia y de servicios de
acompañamiento» para las víctimas y los supervivientes, como exige el Motu Proprio Vos estis lux mundi.
Desequilibrios
en las regiones continentales
Los datos
recogidos por la Comisión en las regiones continentales también muestran
algunos desequilibrios. Mientras que, por un lado, algunas zonas de América,
Europa y Oceanía se han beneficiado de «considerables recursos disponibles para
la protección», una parte sustancial de América Central y del Sur, África y
Asia cuenta con «pocos recursos específicamente dedicados». Por ello, la
Pontificia Comisión considera esencial «aumentar la solidaridad entre las
Conferencias Episcopales de las distintas regiones», «movilizar recursos para
alcanzar estándares universales de protección», «crear centros de denuncia y
asistencia a las víctimas/supervivientes» y «desarrollar una verdadera cultura
de la protección».
La Curia Romana
En la tercera
sección, la atención se centra en la Curia Romana, que, como «red de redes»,
podría representar una especie de centro de intercambio de buenas prácticas en
el ámbito de la protección para las demás Iglesias locales: «La Iglesia»,
afirma el Informe, «en el desempeño de su misión de promover los derechos
humanos en la sociedad en general, interactúa activamente con una serie de
poblaciones a las que debe garantizar normas adecuadas de protección».
Transparencia y
recogida de información
El mismo
organismo pontificio pretende promover una visión común y recopilar información
fiable para fomentar una transparencia cada vez mayor en los procedimientos y
la jurisprudencia de la Curia Romana en relación con los casos de abusos. Se
señala que la Sección Disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha
compartido públicamente información estadística limitada sobre sus actividades,
y los autores del Informe solicitan acceso a más información. Otras acciones
indicadas incluyen «comunicar las diferentes responsabilidades de protección de
los diversos Dicasterios; “promover el desarrollo de estándares compartidos en
toda la Curia Romana”; “difundir enfoques informados sobre traumas y centrados
en víctimas y supervivientes dentro del trabajo de los dicasterios”.
Cáritas en el
punto de mira
El Informe
Anual presenta también los resultados de «estudios de casos» sobre las
organizaciones Caritas: Caritas Internationalis, a nivel universal; Caritas
Oceanía, a nivel regional; Caritas Chile, a nivel nacional; Caritas Nairobi, a
nivel diocesano. Reconoce la «gran complejidad» de la misión llevada a cabo por
Cáritas y los progresos realizados en los últimos años en el ámbito de la
protección; al mismo tiempo, existen «grandes variaciones en las prácticas de
protección entre las distintas instituciones». Este último aspecto preocupa a
la Comisión.
La iniciativa
Memorare
En el Informe
también se da espacio a la iniciativa Memorare,
que durante los últimos diez años ha recaudado fondos de las Conferencias
Episcopales y órdenes religiosas para ayudar a las Iglesias con menos recursos.
El objetivo de Memorare es desarrollar en el Sur Global
centros de información y asistencia, competencias para la formación a nivel
local, una red local de profesionales de la tutela. El informe detalla de que
en 2023, la Comisión recibió para Memorare una primera
donación anual de 500.000 euros de la Conferencia Episcopal Italiana (con un
compromiso total de 1.500.000 euros); 35.000 euros del mundo religioso; la
primera donación anual de 100.000 dólares de la Fundación Papal (con un
compromiso de tres años de 300.000 dólares en total). Además, la iniciativa ha
recibido el compromiso de la Conferencia Episcopal Española de apoyar los
proyectos elegidos por recomendación de la Comisión con 300.000 dólares anuales
(lo que supone un total de 900.000 dólares en tres años).
Salvatore
Cernuzio - Ciudad del Vaticano
Vatican News
