El presidente del episcopado señala a las mafias, «que deben ser denunciadas y combatidas», y desde ahí «cuestionar la involuntaria colaboración de muchas organizaciones»
El presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Luis Argüello, publicó el pasado domingo en su cuenta de la red social X un
comunicado sobre el debate de la toma de consideración de la iniciativa
legislativa popular (ILP) sobre la regularización de inmigrantes residentes en
España desde antes de 2021. 
Mons. Luis Argüello. Dominio público
Este martes, 9 de abril, los partidos políticos decidirán si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella.
Argüello, también arzobispo de Valladolid, ha constatado que dicho debate pone sobre la mesa de nuestra nación cuatro cuestiones. La primera, ha asegurado, es «la regeneración de nuestra democracia por la acogida de una impresionante iniciativa del pueblo» que plantea una cuestión ética «basada en la dignidad sagrada de toda vida humana, imprescindible para que el Estado no se reduzca a una «banda de ladrones»». La propuesta ha sido respaldada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones.
La segunda cuestión pasa por recordar la situación de casi 500.000 personas que ya «viven —malviven entre nosotros—, trabajan y participan de nuestra sociedad». La tercera, según Argüello, es la necesidad de abordar la cuestión migratoria como signo del mundo global en su conjunto. Y aquí el presidente de los obispos ha señalado «las mafias, que deben ser denunciadas y combatidas y, desde ahí, cuestionar la involuntaria colaboración de muchas organizaciones «compasivas», también las de la Iglesia». Argüello ha destacado la importancia de la acogida «desde la necesaria regulación de los flujos. Una sociedad no puede acoger, acompañar, promover e integrar a todos los que llegan; sí debe promover una respuesta internacional para todos».
Otra de las cuestiones migratorias es, según el arzobispo de Valladolid, «la cuestión demográfica. Europa rechaza a inmigrantes y aprueba el aborto como derecho humano. Ambas decisiones suponen un desprecio de la dignidad humana». Finalmente, ha puesto en cuestión «las corrientes culturales y políticas que dominan en el globalismo actual, que utiliza los flujos migratorios y las políticas de salud reproductiva al servicio de un capitalismo moralista y uniformador que juega con los reemplazos poblacionales como forma salvaje de biopolítica».
Finalmente, asegura que es la hora de superar «una polarización provocada por intereses politiqueros y abordar conjuntamente cuestiones nucleares para el bien común desde la escucha de todos, el diálogo y el pacto que asegure el respeto a la dignidad humana y el acercamiento al bien común nacional y global».
Entidades eclesiales se suman a la petición
La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) hicieron público el pasado 5 de abril un comunicado en el que pedían a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración la ILP sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras.
Xavier Parra es el representante de REDES en la ILP y, en conversación con Alfa y Omega, asegura que «tenemos miedo porque PSOE y PP siguen dudosos». Incluso habiendo hablado con todos los grupos del arco parlamentario, los principales partidos políticos «siguen teniendo reticencias a la iniciativa, principalmente por peleas políticas entre ellos».
«Con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes», estas entidades eclesiales llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país, como aseguran en el texto. Este proceso ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una iniciativa legislativa popular. «Pedimos a las fuerzas políticas que haya un apoyo mayoritario y seguir trabajando en los próximos meses para su aprobación», constata Parra.
Tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, «resultaría incomprensible que no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular».
Por todo ello, estas entidades eclesiales convocan a los partidos políticos con representación parlamentaria «a iniciar conjuntamente un diálogo constructivo, votando a favor de la toma en consideración de la ILP». En palabras de la responsable de migraciones de CONFER, María Francia, este diálogo es necesario para «que las fuerzas políticas y la Iglesia podamos tomar acciones en conjunto por el bienestar de la población» y afirma que desde la Iglesia «siempre abogamos por la paz». De la misma manera, Francia también recuerda que «esta ILP forma parte de la acción social de la Iglesia» y considera fundamental «manejar una nueva narrativa respecto a las migraciones».
Fuente: Alfa y Omega
