El nuevo motu proprio del Papa introduce nuevas reglas para evitar que haya conflictos de intereses y corrupción entre el personal de administración y de las áreas financieras del Vaticano.
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Profesor Jesús Miñambres. Foto: Victoria I. Cardiel |
Lo
analizamos con el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia
Universidad de la Santa Cruz
¿Cómo funciona la nueva ley?
Se trata de una carta apostólica en forma de motu proprio que
establece distintas disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las
finanzas públicas del Vaticano. La Santa Sede se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (firmada en
2003), lo que impone la obligación de adecuar sus prácticas y cumplir algunos
requisitos para prevenir y combatir la corrupción. La nueva normativa
complementa las medidas que aprobó el Papa en mayo para regular la
transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
estipulados por la Santa Sede y el Estado Vaticano. Además, su publicación
coincide con la discusión del informe sobre la transparencia de las finanzas
del Vaticano por parte del órgano de control del Consejo de Europa, conocido
como Moneyval.
Las medidas aprobadas no permiten ni siquiera
recibir regalos de más de 40 euros. ¿No es demasiado severo?
Las normas engloban a todos los niveles de gestión de la Santa Sede –cardenales
jefes de dicasterios, subdirectores con contrato ejecutivo de cinco años– y
todos los que tengan funciones de administración jurisdiccional activa o de
control y vigilancia. Es verdad que, en la Curia, por su exigua capacidad de
manejo económico, toda la corrupción que pueda haber será pequeña si la
comparamos con otras instituciones o gobiernos. Pero se pretende erradicar
estas prácticas de hacer regalos caros a cambio de favores. El objetivo es ser
ejemplares. Pero claro que si la madre de un cardenal quiere regalarle la cruz
pectoral, que sobrepasa los 40 euros, es de sentido común que no pasa nada.
La normativa llega en un momento en el que el
Vaticano trata de reponerse del último caso de corrupción, la compraventa de un
lujoso inmueble en Londres. ¿Estas medidas son una respuesta directa a ese
escándalo?
Creo que hay que verlo todo en su contexto. El primero que ha dicho que está de
acuerdo con hacer inversiones es el Papa. Incluso considera que es imprudente
no hacerlo y guardar bajo llave el dinero en un cajón. Es cierto que esa compra
no se gestionó bien y ha supuesto pérdidas millonarias. Pero se han compensado
con el fondo de reserva del Santo Padre, que está también para parar esos
golpes. Hay que pensar que la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede
Apostólica) gestiona un patrimonio ingente que solo en Italia suma más de 3.000
propiedades. Y en una ha salido mal. Además, todo esto se descubre tras una
investigación interna, lo que es un síntoma de que se están haciendo bien las
cosas. Ahora será la magistratura la que indique dónde hubo irregularidades,
pero la administración debe ser, además de transparente, rentable.
En esa operación inmobiliaria y en otros casos
hemos visto la mano de personas ajenas a la Curia, de intermediarios a los que
se les han confiado estas gestiones. ¿Están a salvo ahora las finanzas del
Vaticano de este tipo de asaltos?
No quiero ser pesimista, pero seguiremos viendo escándalos. No es humano
erradicarlos, ni siquiera en el Vaticano. Se han puesto límites para que casos
como este sean más difíciles de orquestar, pero al final estamos hablando de la
obligación de declarar en papel cada dos años que no se tienen procesos
pendientes por delitos fiscales o dinero en paraísos fiscales. Se puede mentir,
o tener fondos en esos territorios sin vigilancia en nombre de un amigo.
Además, en la Curia no se despide a nadie. Por eso las leyes de la contratación
laboral son tan estrictas. El mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, que
estuvo filtrando sus documentos privados, acabó trabajando como administrativo
en el hospital Bambino Gesù. Esta no es la mentalidad empresarial, sino la
evangélica, que dice que hay que perdonar a los enemigos. Y esto no es
fácilmente comprensible.
De hecho, la ley se publica poco después de
que un programa de televisión revelase que la APSA habría invertido el dinero
del Vaticano en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del
día después.
Sí, es posible que se hayan realizado inversiones que no responden a la
doctrina social de la Iglesia. De ahí que se haya especificado en la norma.
Ahora ya es más complicado. Pero hasta el escándalo del edificio de Londres
había cierta discrecionalidad por parte de los oficiales, no ya de las máximas
autoridades, sino de quien gestiona en la práctica las inversiones. Se miraba
más la rentabilidad. Esta normativa es un paso más para evitar estas prácticas
y para cercar la corrupción interna. Donde hay poder, hay cierta corrupción y
hay peligro. Esto el Papa lo sabe. Por eso está imponiendo un modo de trabajo
donde es importante la accountability, que es sinónimo de responsabilidad y
de rendir cuentas. Sobre todo, porque la Curia romana gestiona cosas que no son
suyas.
Victoria Isabel Cardiel C
Fuente: Alfa y Omega