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Plataforma Más Plurales contra la aprobación de la Ley Celaá.
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Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma Más Plurales aseguró a ACI Prensa que la pretensión del gobierno de aprobar la Ley Celaá este próximo 23 de diciembre “nuevamente de prisa y corriendo y por la puerta de atrás, y sin escuchar en nada las reclamaciones de buena parte de la sociedad y la ciudadanía, en realidad es de lo más coherente con todo lo que ha hecho este Gobierno hasta ahora”.
Por eso destaca que “se reincide
en poner de manifiesto que jamás
han buscado diálogo, que nunca han pretendido ningún consenso y
que la ley es una imposición partidista. Y si en la LOMLOE lo que pretenden es
no tener en cuenta en absoluto las peticiones educativas de las familias,
desoírlas, ¿cómo podemos esperar que estén dispuestos a escucharlas en la
tramitación?”.
“Este nuevo paso es la
confirmación de que no nos hemos equivocado en cuanto a cuáles son las
pretensiones de este Gobierno y merece la mayor de las presiones sociales y el
más absoluto de los rechazos, y para eso convocamos a todos los ciudadanos a
las manifestaciones en coche que se van a realizar por toda España, el día 20
de diciembre".
Algunos de los puntos más
controvertidos de esta ley se centran en la eliminación del castellano como
lengua principal en la que estudian los niños en la escuela, la supresión del
derecho de los padres a elegir el colegio con el ideario que consideren, y la
discriminacion de la asignatura de Religión que queda totalmente
postergada.
Elimina el castellano
como lengua vehicular de enseñanza
En esta situación la Ley Celaá
elimina el castellano como lengua vehicular, es decir, la lengua principal en
la que se enseñan en las escuelas de España. En este caso, en España es el
castellano, tal y como recoge el Artículo 3 de la Constitución y otras
sentencias del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, como la Ley Celaá ha salido
adelante con los apoyos de partidos independentistas catalanes y vascos, el
Gobierno central ha cedido a las presiones de eliminar el castellano como
lengua principal y que ésta sea el catalán, valenciano, gallego o el euskera.
De esta manera, el castellano
queda con una presencia del 25% en la escuela, ya que por debajo de ese
porcentaje se consideraría tratada como lengua extranjera.
Margina la asignatura de
Religión
Otro de los puntos de esta
reforma de la ley educativa está el tratamiento de la asignatura de Religión,
como materia optativa, no calificable y sin asignatura alternativa.
Jesús Muñoz de Priego explicó a
ACI Prensa que “es difícil entender nuestra cultura occidental, nuestra
historia, nuestro arte, lo que hacemos y lo que somos, pasando por alto la
religión”.
Y por eso subrayó que “el fin
principal de la educación, es el pleno desarrollo de la personalidad del
individuo” y no es algo que sólo diga la Doctrina Social de la Iglesia, sino
también la Constitución española en su artículo 27.2, en lo que se denomina la
constitución educativa.
“Este pleno desarrollo de la
personalidad no es ajeno a la trascendencia, si los padres así lo quieren”,
insiste.
Sin embargo, el Gobierno actual
pretende con la Ley Celaá que la asignatura de Religión no tenga otra
equivalente, también llamada “asignatura espejo” y no se evalue, por lo que “se
pierden las características de cualquier asignatura. Queda desvirtuada,
desfigurada. A todos los efectos queda al margen del sistema educativo”, apunta
Muñoz de Priego.
Actualmente más de 3 millones de
alumnos eligen la asignatura de Religión voluntariamente, algo que “pone de
manifiesto la fuerza de la materia y la profesionalidad de los docentes de
religión, que lejos de lo que piensan los desconocedores del tema, requieren de
una doble titulación [la de cualquier docente y la eclesiástica para impartir
esta asignatura]”.
Muñoz de Priego explicó a ACI Prensa que
“la libertad de enseñanza constitucional consiste en la posibilidad de elegir
entre tipos o modelos de educación distintos y para ello, previamente deben
existir” y por eso subraya que “los centros concertados, con sus diferentes
idearios, son los que posibilitan esta elección. Si solo hubiera escuela
pública, como parece pretender a largo plazo esta ley, no habría libertad de
enseñanza, porque no se puede elegir entre lo mismo. La escuela pública única y
la libertad de enseñanza son incompatibles”.
La escuela concertada es un colegio de
iniciativa social sostenido con fondos públicos.
E insiste en que “el ideario que ofrecen
los centros, es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza” y es
precisamente ese ideario el que “justifica la existencia de los centros
concertados, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, y también
su financiación con fondos públicos, para que esa elección sea real y de todos,
y no venga limitada a quienes tienen recursos económicos”.
En relación con la educación especial, ésta
responde a “la necesidad para la atención de alumnos que presentan determinadas
características”.
El portavoz de Más Plurales destaca que “la
inclusión está muy bien y debe ser el principio. Pero hay que ser conscientes
que no en todos los casos es posible”, por eso insiste en que “la educación
especial específica funciona muy bien”, como aseguran los profesionales y las
familias.
“No olvidemos que los padres, y no el
Estado, son los primeros y los últimos responsables de la educación de los
hijos”, insistió y alertó de este riesgo porque la LOMLOE “también pretende
cambios en esto, y va proponiendo que es la Administración la principal garante
de los derechos de la infancia, incluso frente a los padres. Es un cambio de
paradigma peligrosísimo”.
También la educación diferenciada se ve
atacada con la Ley Celaá, porque “ofrece como ideario una opción pedagógica” y
esto ha sido respaldado en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional.
“El ideario, dice el Tribunal
Constitucional, no solo es la posible elección de formación religiosa y moral
de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres, sino también las
posibles opciones pedagógicas u organizativas”, precisa y apuna que “aunque
nuestro sistema educativo es tan intervencionista que todo este mundo de las
alternativas organizativas y pedagógicas está por descubrir, lejos de avanzar
en eso, la ley propone el intervencionismo absoluto, el monopolio educativo de
la Administración pública”.
Fuente:
ACI
