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| Foto: Guillermo Navarro |
La Comisión, que cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española,
de la Fundación Cultural CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas, ya
ha comenzado su actividad. El primer movimiento ha sido la elaboración de «un
informe jurídico bastante extenso, de unas 40 páginas, en el que se ofrecía un
argumentario jurídico a los partidos políticos para que pudieran presentar
razones contra la ley Celaá durante la fase de enmiendas», explica La Moneda.
A partir de aquí, la Comisión Jurídica tiene previsto la presentación de
diferentes acciones judiciales ante los tribunales, «incluso en los tribunales
europeos e internacionales», y también «estamos a disposición de cualquiera
para asesorar en las acciones que ellos mismos pueden emprender», asegura el
director.
Vulneración
de derechos fundamentales
La Moneda justifica el nacimiento de la Comisión y todas las acciones
judiciales futuras porque «lo que está ocurriendo es que se están vulnerando
derechos fundamentales aprobados en pactos, convenios y tratados
internacionales». «No estamos hablando de que se vulneran principios
genéricos», subraya el director de la Comisión. «No, vulnera preceptos
concretos de la declaración universal de derechos humanos, de la declaración
universal de los derechos del niño; del pacto de derechos civiles y políticos,
el convenio de derechos humanos y el pacto de derechos fundamentales de la
unión europea. Y por supuesto , el artículo 27 de la Constitución».
Esta deja meridianamente claro que «corresponde a los padres el derecho a
la educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas». El
Estado «lo que tiene que hacer es garantizar ese derecho». Desde la Comisión se
resume este artículo con la siguiente frase: «La libertad de educación es de
los padres, el derecho de educación es de los niños, y la obligación de
garantizarlo es del Estado». Y añade: «No existe ni el derecho ni la libertad
de educación del Estado».
El Estado, concluye Francisco La Moneda, «se quiere atribuir la facultad de
educar en valores, o de adoctrinar en ciertos principios o ideologías, a
nuestros hijos, pero ese derecho no existe. El Estado no tiene derecho ninguno
en este sentido».
