La
Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal afirma que «la vida humana no es
un bien a disposición de nadie» y que la legislación «no puede proponer la
muerte como solución a los problemas»
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| Dominio público |
La
Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reaccionado este lunes al avance de la
tramitación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados, que el
pasado jueves dio un paso más tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad
de PP y Vox.
Para los obispos, el avance de esta legislación «es una mala
noticia» y recuerda que la vida humana «no es un bien a disposición de nadie».
A
través de la Comisión Ejecutiva, la CEE recuerda que en noviembre de 2019 ya
publicó un documento bajo el título de Sembradores de esperanza. Acoger,
proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana, donde «se examinan
los argumentos de quienes desean favorecer la eutanasia y el suicidio asistido,
poniendo en evidencia su inconsistencia al partir de premisas ideológicas más
que de la realidad de los enfermos en situación terminal».
Según
el Episcopado español, insistir en el derecho a la eutanasia «es propio de una
visión individualista y reduccionista del ser humano y de una libertad
desvinculada de la responsabilidad». «Se afirma una radical autonomía
individual y, al mismo tiempo, se reclama una intervención compasiva de la
sociedad a través de la medicina, originándose una incoherencia antropológica.
Por
un lado, se niega la dimensión social del ser humano, diciendo mi vida es mía y
sólo mía y me la puedo quitar y, por otro lado, se pide que sea otro quien
legitime la decisión o la sustituya y elimine el sufrimiento o el sinsentido,
eliminando la vida», añade el texto.
En
este sentido, los obispos señalan que la epidemia que padecemos «nos ha hecho
caer en la cuenta de que somos responsables unos de otros y ha relativizado las
propuestas de autonomía individualista». Y añaden: «La muerte en soledad de
tantos enfermos y la situación de las personas mayores nos interpelan. Todos
hemos elogiado a la profesión médica que, desde el juramento hipocrático hasta
hoy, se compromete en el cuidado y defensa de la vida humana»
Suicidio
Del
mismo modo, señalan que el aumento de los suicidios en nuestra sociedad
reclaman una reflexión así como prácticas sociales y sanitarias de prevención y
cuidado y añaden que la legalización del suicidio asistido «no ayudará a la
hora de insistir a quienes están tentado por el suicidio que la muerte no es la
salida adecuada». «La ley no puede proponer la muerte como solución a los
problemas», afirman.
Asimismo,
hacen una reivindicación de la medicina paliativa, fundamentalmente cuando su
labor tiene que ver con cuidar, aliviar y consolar al final de la vida: «Se
propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el final. No hay enfermos incuidables, aunque sean
incurables. Abogamos, pues, por una adecuada legislación de los cuidados
paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente
atendidas».
Y
concluyen: «Una sociedad no puede pensar en la eliminación total del
sufrimiento y, cuando no lo consigue, proponer salir del escenario de la vida;
por el contrario, ha de acompañar, paliar y ayudar a vivir ese sufrimiento.
[…]El sí a la dignidad de la persona, más aún en sus momentos de mayor
indefensión y fragilidad, nos obliga a oponernos a esta esta ley que, en nombre
de una presunta muerte digna, niega en su raíz la dignidad de toda vida
humana».
Reacciones en la sociedad
civil: «No hay demanda social»
La
tramitación de la Ley orgánica sobre la regulación de la eutanasia está
generando controversia en diferentes asociaciones y representantes de la
sociedad civil. Así, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos afirma no
tener posicionamiento sobre esta práctica, pero sí afirma que «echamos de menos
un mayor desarrollo de los cuidados paliativos en España», dice su
vicepresidente, Alberto Meléndez. «Los distintos Gobiernos que hemos tenido nos
han prometido que se iba a legislar y hasta ahora no se ha hecho», añade¬.
Para
Meléndez, legislar ahora sobre la eutanasia «es como hacer una normativa de
tráfico cuando aún no tienes carreteras. Creemos que para que todas las
alternativas estén disponibles hay que regular antes y con urgencia los
cuidados paliativos. No hacerlo es injusto e inequitativo». Por último, «nos
extraña que se avance la normativa para un grupo de personas muy reducido –las
que piden acabar antes–, y no se desarrollen prácticas paliativas con todas las
posibilidades que la ciencia nos permite en este momento», informa Juan Luis
Vázquez Díaz-Mayordomo.
En
conversación con Alfa y Omega, un responsable de una asociación de voluntarios
de cuidados paliativos que no quiere dar su nombre afirma que «es una tontería
y es precipitado hablar de eutanasia pudiendo hablar de cuidados paliativos.
Una cosa es que te mueras tranquilamente, y otras es que te maten
tranquilamente. Lo uno es una barbaridad, y lo otro es lo que piden la mayoría
de los enfermos».
Desde
asociaciones familiares también ha habido pronunciamientos como el de The
Family Watch, cuya directora general, María José Olesti, señala que «es
preocupante la celeridad con la que algunos grupos desean la aprobación de esta
ley, más por una cuestión ideológica que por una cuestión de demanda social».
Más
allá de eso, alerta de que «la eutanasia pase a convertirse en un deber, en vez
de una posibilidad», y defiende los cuidados paliativos como «la mejor garantía
de que las personas, en su paso de la vida a la muerte, lo hagan de la mejor
manera posible en los casos que se requiera aliviar su sufrimiento». Además,
«en situaciones como las actuales, en las que miles de personas están
falleciendo por COVID, hablar de que lo principal para la sociedad es poder
decidir en qué momento quiere morir nos parece innecesario».
A
este debate se ha sumado este fin de semana el cardenal Antonio Cañizares,
arzobispo de Valencia, para quien la eutanasia es «la gran derrota de España y
de la sociedad española», lamentado además que «en plena pandemia parece que se
quiere implantar la cultura de la muerte», cuando en realidad «el Parlamento
español debería defender el interés y los derechos de la sociedad a la que
representa».
Fuente: Alfa y Omega
