El gobierno de
España tiene prisa en legalizar la eutanasia en España
La residencia de ancianos puede verse obligada a cerrar
por no querer aplicar la eutanasia
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Ya lo intentó
Pedro Sánchez en la pasada legislatura y el nuevo ministro de Salud del nuevo
Ejecutivo ya ha asegurado públicamente que esta será una de las prioridades para esta
legislatura.
Mientras tanto, la pendiente resbaladiza que se produce
en aquellos países en los que se ha ido aprobando la eutanasia y el
suicidio asistido muestra la verdadera cara del cambio social que provoca la
legalización de leyes de este tipo.
Es lo que ha ocurrido en Canadá, donde las
residencias de ancianos que no ofertan la eutanasia o el suicidio asistido
pueden acabar desapareciendo debido a las sanciones de las administraciones
públicas.
El caso de las residencias de
ancianos en Canadá
El Institut Européen de Bioéthique recoge
el caso de la residencia Irene Thomas, situada en la Columbia Británica y que abrió sus puertas en 2010 para
cuidar a personas mayores durante sus últimos años de vida.
Hoy en día este centro corre el riesgo de perder
los 750.000 euros de ayudas anuales que recibe para llevar a cabo su labor
porque no ofrece a los
residentes la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido desde la
residencia.
Esta sanción administrativa que les retiraría esta
subvención obligaría a la residencia a cerrar. Precisamente, se encuentra situada a
escasos metros de la uno de los hospitales más grandes de la zona donde sí se
practican eutanasias.
La residencia de ancianos se reafirmó el pasado mes
de noviembre en que “tomar
medidas para terminar con la vida del paciente” es contrario a la filosofía del
centro, motivo por el cual no quieren ofrecer la eutanasia y el
suicidio asistido. Aquellos residentes que desean morir y toman esta decisión
son transferidos a otros centros.
Contra los principios de la
residencia
Sin embargo,
esto no es suficiente para los organismos públicos. Ante esta situación,
Angelina Ireland, presidenta de la residencia de ancianos, ha insistido en que “nuestro objetivo es cumplir
nuestra misión, es decir, ayudar a los pacientes y a sus seres queridos a vivir
con calma, comodidad y la mayor plenitud posible los últimos días de
sus vidas”.
La parlamentaria conservadora, Tamara Jansen, ha
querido involucrarse en este caso preocupada por la libertad de conciencia de
los profesionales y centros afirmando sentirse “muy decepcionada de que el Gobierno amenace con cerrar el Hogar
Irene Thomas a menos que el equipo médico esté listo para traicionar sus
profundas convicciones personales al aceptar poner fin a la vida de
los pacientes”.
Fuente: ReL