Una
imposición que no gusta en el sector por su «interés ideológico partidista»
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| La ministra de Educación, Isabel Celaá, es la impulsora de la reforma educativa tan contestada por los centros de educación concertada. |
El
Gobierno de España sigue adelante con la tramitación parlamentaria de la reforma educativa con
la que pretende arrinconar y atacar la educación concertada, opción elegida por
cientos de miles de padres en España, y del que un porcentaje importante de
centros son católicos.
Ante
esta ofensiva del Ejecutivo socialista, asociaciones que agrupan a centros de
educación concertada, padres y sindicatos de profesores se han unido para
defender un modelo con una gran demanda social. CECE, Cofapa, Concapa, Escuelas
Católicas, USO o FSIE, son algunos de los firmantes de un decálogo que
ofrece "10 razones para rechazar el cambio de la legislación
educativa española que nos quieren imponer".
Estos
son los 10 puntos:
1. Se escuda en una
urgencia educativa que no existe
Los
aspectos más controvertidos de la LOMCE no se están aplicando y realmente
responde a un interés político e ideológico partidista.
2. Carece del más mínimo
consenso
Esto
es fundamental para dar estabilidad al sistema educativo español; los mismos
que criticaron la LOMCE por impositiva y abandonaron la Subcomisión
parlamentaria del Pacto Educativo proponen ahora una nueva ley sin
consenso ni participación.
3. Asfixia el derecho a la
libertad de enseñanza
Omite
cualquier referencia a la misma pese a ser un pilar del artículo 27 de la
Constitución, que dice textualmente que “se reconoce la libertad de
enseñanza”. Además, los artículos 27.5 y 27.6 establecen que “los poderes
públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los
sectores afectados y la creación de centros docentes (27.5)” y que “se reconoce
a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes,
dentro del respeto a los principios constitucionales”.
4. Restringe el derecho de
las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos
Elimina
el concepto de ‘demanda social’ como criterio al tener en cuenta la
programación y al suprimir la referencia a los padres como principales
responsables de la educación de sus hijos.
5. Relega a la enseñanza
concertada a un papel secundario
Sin
embargo, la legislación española y la europea, así como diversos
pronunciamientos judiciales, reconocen su carácter complementario y por
tanto en el mismo nivel que la pública.
6. No incorpora ninguna
medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados.
De
hecho, incluso perjudica a los trabajadores de dichos centros al
eliminar como criterio prioritario en la admisión de alumnos que el padre o la
madre del niño trabaje en el centro.
7. Conculca el derecho a
la dirección de centro
Incluye
la figura del representante del ayuntamiento en el consejo escolar de los
centros como una especie de ‘comisario político’ que puede cuestionar el
proyecto educativo por el que ha sido elegido cada centro.
8. Suprime las referencias
a la asignatura de Religión
Esto
se da en la regulación de distintas enseñanzas (Primaria, ESO y
Bachillerato), remitiendo el cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado a
una posterior e incierta normativa reglamentaria.
9. Omite las necesarias
previsiones económicas
Esto
es fundamental para hacer frente al coste real del puesto escolar, de
manera que su financiación se equipare con la de los centros públicos.
10. Adopta algunas medidas
académicas dudosas
Se
proclama la importancia de la evaluación pero se reducen los requisitos
para promocionar (en Bachillerato se podrá titular con una asignatura
suspensa) y se limita o se oculta el conocimiento de las pruebas de
diagnóstico.
Fuente:
ReL
