Con esta decisión el presidente Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno
Al
evitar el escrutinio internacional, el gobierno deja en evidencia su
responsabilidad en violaciones de derechos humanos. La decisión de suspender de
forma abrupta la presencia de la Acnudh en Nicaragua, fue criticada por
organismos humanitarios internacionales y locales, que lo calificaron como una
"expulsión"
La
misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (Acnudh) abandonó el sábado Nicaragua, luego de que el
Gobierno dio por concluido su trabajo en el país, tras publicar un duro
informe.
El
documento señala al Estado nicaragüense como el principal responsable de graves
violaciones a los derechos humanos. Antes de partir, la misión, encabezada por
el peruano Guillermo Fernández Maldonado, dejó un mensaje de agradecimiento por
"las muestras de apoyo recibidas" en Nicaragua, en relación a su
trabajo realizado entre junio y agosto. También reiteró que continuará
"monitoreando la situación y acompañando a las víctimas en su búsqueda de
justicia y verdad desde la oficina regional en Panamá".
Informe de la ONU sobre
crisis en Nicaragua
La
misión de la Acnudh llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis
sociopolítica que estalló en abril, y el miércoles pasado emitió un informe en
el que denunció el "alto grado de represión" estatal en las protestas
contra el Gobierno, en las que se han registrado "más de 300 muertos y
2.000 heridos".
En
su informe, el organismo acusa al Gobierno de Ortega por el "uso
desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo
en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del
acceso a la atención médica", entre otras violaciones a los derechos
humanos, anunció que hará un seguimiento en la distancia de Nicaragua. También
lo responsabiliza de "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter
generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en
los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y
expresión".
El
presidente nicaragüense rechazó el informe "por considerarlo subjetivo,
sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia
de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su
redacción de manera objetiva".
Con esta decisión Ortega
deja en evidencia crímenes cometidos
La
decisión del Gobierno, de suspender de forma abrupta la presencia de la Acnudh
en Nicaragua, fue criticada por organismos humanitarios internacionales y
locales, que lo calificaron como una "expulsión".
Erika
Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró
al respecto:
“Con
esta decisión el presidente Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y
su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno. La misión de la
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país ha
podido constatar crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los
derechos humanos, y ha ofrecido al gobierno, a través de su informe, una ruta
de soluciones que deberían ser implementadas inmediatamente, además de las ya
ofrecidas por diferentes organismos y organizaciones de derechos humanos.”
El
gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la
intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra
aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión. Esta
postura agrava todavía más la crisis, afirma Guevara Rosas, que ha dejado hasta
el presente no menos de 322 personas muertes, miles de heridos, decenas de
personas detenidas arbitrariamente y miles que han abandonado su país en busca
de protección.
“La
expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos es la más reciente acción del gobierno del presidente Ortega
para generar un contexto de temor en la población, con el fin de silenciar a
las voces disidentes y la exigencia de justicia. Este tipo de acciones no van a
impedir que las organizaciones de derechos humanos continuemos exponiendo y
denunciando sus tácticas represivas hasta obtener justicia, verdad y reparación
para las víctimas”.
La Unión Europea critica
la decisión de Ortega
Por
su parte, la Unión Europea dijo que esta decisión va en contra del objetivo de
rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos y de servir de
justicia a las víctimas de la violencia". La UE confía en que "las
autoridades consideren seriamente los resultados del informe emitido por el
Acnudh y tomen medidas urgentes para implementar las
recomendaciones". En particular, espera que tenga lugar "el
desmantelamiento y desarme de grupos partidarios del gobierno, la finalización
de todas las detenciones ilegales y la liberación de quienes han sido detenidos
de manera arbitraria". La Unión Europea decidió suspender la cooperación
policial con Nicaragua por la represión del gobierno contra manifestantes. 3.5
millones de euros listos para ejecutarse en el país, tienen que ser devueltos y
el programa no será renovado.
Los
Veintiocho subrayaron que la presencia de organismos internacionales de
derechos humanos en Nicaragua ha sido solicitada por "todas las partes en
el diálogo nacional y es esencial para restablecer la confianza".
Añadieron que también se debe dar "plena cooperación y acceso a las
misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Según la UE,
"solo un diálogo integral sobre justicia y democracia permitirá una
solución pacífica a la crisis y responderá a las demandas legítimas de la
población". Por ello, pide "una reanudación urgente del diálogo
nacional, bajo la mediación de la Conferencia Episcopal".
Decisión inaudita del
gobierno
La
presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez,
tildó de "inaudita" la decisión del Gobierno de Ortega que, a su
juicio, busca evitar que el caso de Nicaragua sea tocado el 5 de septiembre
próximo en el Consejo de Seguridad de la ONU, y advirtió de "más represión
contra los nicaragüenses".
Medio
centenar de ONG de América dijeron que en Nicaragua se han roto "los más
esenciales valores democráticos". A juicio de las organizaciones
defensoras de los derechos humanos, "la actitud de Nicaragua frente a la
comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el Gobierno no tiene
ningún interés en darle salida a esta crisis" que afronta desde el pasado
18 de abril, cuando estallaron las protestas civiles.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó la decisión del Gobierno de
Nicaragua de dar por concluido el trabajo de una misión de la ONU en medio de
la crisis que atraviesa ese país, y se comprometió a seguir pendiente de la
situación de derechos humanos en la nación centroamericana. La CIDH recordó que
una de las recomendaciones al Estado de Nicaragua que incluyó en su informe
sobre la crisis en el país se refiere a "mantener la apertura al
escrutinio internacional" y "facilitar la visita de todos aquellos
mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de
Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad
internacional". "La Comisión expresa su reconocimiento a la Oficina
del Alto Comisionado por el trabajo relevante realizado durante su estadía en
el país en apoyo a las víctimas y sus familiares, a la sociedad civil y plena
disposición de cooperación al Estado", señala la nota. La Comisión
continuará trabajando de manera articulada con la Acnudh en el monitoreo y
promoción de derechos humanos, y renueva su compromiso de continuar su labor de
seguimiento de sus recomendaciones al Estado de Nicaragua y el monitoreo de la
situación de derechos humanos en ese país de conformidad con su mandato.
Por
su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Gutérrez, lamenta que el
Gobierno de Nicaragua retire la invitación a la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos relacionado con el más reciente trabajo en apoyo a la
Comisión de Verificación y Seguridad (CVS)", se lee en un comunicado de la
ONU. "El secretario general anima al Gobierno a mantener su cooperación
constructiva con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a
valerse de, entre otras cosas, la asistencia técnica ofrecida por la Oficina en
relación con varias áreas de cooperación mutua más allá del Diálogo
Nacional".
"La
decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a la delegación de la ONU
desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad
nicaragüense", dijo en sus redes sociales el obispo auxiliar de la
diócesis de Managua, Mons. Silvio Báez.
El
Gobierno español, pidió al Ejecutivo de Ortega que reconsidere su decisión de
poner fin a la misión del Acnudh y a asumir las conclusiones del informe de ese
organismo, en el que se denuncia además el "alto grado de represión"
en las protestas. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado,
condenó la expulsión de la misión de la ONU, y reiteró que bajo ninguna
circunstancia entregará a Ortega la lista de los refugiados, como había
pretendido el presidente de Nicaragua la semana pasada, con la excusa de
reclamar a quienes considera que cometieron crímenes antes de emigrar.
“El
gobierno se aísla, el panorama no es alentador, Daniel está cavando su propia
tumba internacionalmente y entra con “pies hinchados” a la reunión del Consejo
de Seguridad del 5 de septiembre”, son reacciones de ex embajadores: Bosco
Matamoros, Mauricio Díaz y Francisco Aguirre.
Patricia
Ynestroza-Ciudad del Vaticano
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