El
canónigo José Juan Jiménez refuta el «informe»; las Hermandades critican al
Ayuntamiento
A
instancias del Ayuntamiento de Córdoba (gobernado por el Partido Socialista
desde 2015) un "informe de expertos" presentado el pasado sábado
con gran pompa mediática pide que el Ayuntamiento reclame la titularidad
de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El informe pretende que el Rey
Fernando el Santo, al conquistar la ciudad, no hizo "donación
expresa" del edificio a la Iglesia (o, al menos, asegura que no hay
documentos sobre ello) y que es "edificio público" porque el Estado y
el Ayuntamiento han colaborado en su protección. (Se puede consultar el informe
completo en la web de una asociación laicista, aquí).
Los
"expertos" son:
- el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza (doctor en Farmacia, simpatizante público del PSOE),
- el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza (doctor en Farmacia, simpatizante público del PSOE),
- Alejandro García Sanjuán (historiador de la Universidad de Huelva experto en Al-Ándalus),
- Juan B. Carpio Dueñas (concejal socialista licenciado en Historia)
- y Carmen Calvo (socialista especializada en Derecho Constitucional y desde hace unos meses vicepresidenta del Gobierno de España).
El "informe
de expertos" no ha impresionado a las autoridades católicas de
Córdoba, y un ejemplo son las declaraciones del canónigo de la catedral, José Juan Jiménez,
que explica en La Contra TV que
"este informe de los expertos que encargó el Ayuntamiento de Córdoba no
aporta nada nuevo, ni en el ámbito histórico ni en el jurídico".
"Lo
más curioso es que no han acudido a las fuentes, que es lo que debería hacer un
trabajo con rigor histórico", lamenta el canónigo.
Sí hay documentos
Aunque
el "informe de expertos" socialistas niega que haya documentación que
avale que la catedral tiene a la Iglesia como titular, el canónigo no está de
acuerdo.
"Hay
documentos en el Archivo de la Catedral de Córdoba y en el Archivo de Simancas que
avalan que la Iglesia es la titular de este templo desde el año 1236. Está en
las Crónicas de 20 Reyes, que hablan expresamente de esa donación, lo
tenemos también en el Libro de Tablas de la Catedral; también en
el Archivo de Simancas, el testimonio de Alfonso X y de Fernando III... podría
estar un buen rato citándole documentos de la historia que muestran que la
Iglesia de Córdoba es la legítima propietaria de este bien".
Las
Crónicas de 20 Reyes se escribieron en el siglo XIII, bajo el impulso de
Alfonso X el Sabio, que reinó de 1252 a 1284. Su padre fue el rey Fernando III
el Santo, conquistador de Córdoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248).
Una y otra vez las
instituciones han reconocido la titularidad católica
Jiménez
también habla de los precedentes jurídicos del debate actual. En 2014,
recuerda, "tres exalcaldes de Izquierda Unida de Córdoba, Julio Anguita,
Herminio Trigo y Rosa Aguilar, interpusieron una demanda con respecto a
esta propiedad en el juzgado, y se determinó en el juzgado que no ha lugar
porque la propiedad es de la Iglesia".
Jiménez
recuerda que también "la Dirección General del Patrimonio Nacional
del Ministerio de Hacienda afirmó que era propiedad de la Iglesia y que
nunca había estado en el inventario del Estado".
"Pero
es más, Asesoría Legal del Ayuntamiento de Córdoba, en el año 2016, emite
un informe donde dice que jamás la Catedral ha estado en el inventario ni
del Consejo, antiguamente, ni del Ayuntamiento en época moderna". Hay que
tener en cuenta que en ese año ya gobernaba la ciudad el Partido Socialista.
Objetivo de la polémica:
atacar a la Iglesia para distraer
¿A
qué se debe entonces la absurda polémica de intentar que una catedral de la
Iglesia sea apropiada por el ayuntamiento socialista?
José
Juan Jiménez lo tiene claro: "Cuando hay un momento de crisis
institucional, de imagen y de reputación por parte de nuestros gobernantes,
también en el cogobierno de Córdoba, lo más recurrente es atacar a la
Iglesia Católica. Dicen: 'vamos a distraer la atención'. Pero el pueblo,
la gente, no es tonta".
Y
añade: "Si la Iglesia puede destacar por algo, respecto a otros, es que
sabe conservar sus bienes y sus fuentes documentales. Estamos muy tranquilos
porque la Iglesia sí tiene las fuentes, los argumentos". La carga de
la prueba recae sobre los que pretendan reivindicar algo novedoso sin
documentación novedosa.
Vídeo del canónigo José Juan Jiménez en La Contra TV (5 min.)
Las cofradías de Córdoba,
contra la ofensiva laicista
La
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba (hermandadesdecordoba.es),
que agrupa a unas 40 de estas entidades, ha publicado un comunicado criticando el informe y
la voluntad del Ayuntamiento de apropiarse de la catedral.
Las
hermandades creen que algunos partidos y fuerzas políticas buscan «eliminar a
los cristianos de la sociedad» y que dan «su primer paso intentando
arrebatar los templos a su legítima propietaria: la Iglesia». Al "comité
de expertos" del Ayuntamiento lo descalifican porque su «afinidad política
y sesgo ideológico permitían prever las conclusiones expuestas».
Las
hermandades ofrecen su «más firme apoyo al obispo de Córdoba y al Cabildo de
la Catedral en todas las acciones» que emprendan. Y manifiestan su «más
enérgico rechazo a la campaña que el propio Ayuntamiento de la ciudad está
promocionando, con la única intención de crear división y discordia entre los
propios cordobeses».
En
opinión de las cofradías, «las falsedades conscientemente incluidas en
este informe sobre la propiedad de la principal iglesia de la Diócesis
cordobesa solo pretenden elevar el rango de la confrontación y desviar la
atención de los ciudadanos de la ineficacia en la gestión, para centrarlas en
la propiedad de un templo, como si fuera normal y razonable considerar que
las iglesias pertenezcan a gestores públicos y a políticos intolerantes en
lugar de a los fieles que a ellas van a orar y, por ende, a la jerarquía
eclesiástica que los representa».
Además,
para la Agrupación de Hermandades y Cofradías, «el intento de elevar incluso al
Gobierno de España las abyectas conclusiones del informe no hacen más que
corroborar la actitud insidiosa de tal propuesta, dado que, precisamente,
la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue una de las componentes de la
comisión que lo elaboró --si bien salió de la misma tras su nombramiento
como vicepresidenta--, y no hacen otra cosa que introducir en la dinámica de un
gobierno débil un asunto que volverá a servir para marcar el paso mediático de
la actualidad, hasta que se vean en la obligación de rectificar y corregirse a
sí mismos una vez más».
Lo que dice la legislación
autonómica moderna
El
diario ABC en Córdoba ha consultado a sus propios expertos sobre la
petición que hace el informe de "anular el registro a nombre de la Iglesia
y dejar las cosas como estaban antes de 2006". "Solo hay un
problema. Es ilegal", afirma el diario en un artículo publicado este
19 de septiembre.
Lo
explican en ABC el notario Rafael Díaz Vieito y el registrador Juan
José Jurado. Plantean dos posibilidades: si se considera a la
mezquita-catedral un bien privado (de la Iglesia) o bien si te trata como un
bien público.
Primera
hipótesis: si fuese bien privado. Desde el año 2007, en que se aprueba la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía, todos los bienes de esta naturaleza han
de estar en el Registro de la Propiedad. No es una sugerencia. El artículo
12 de esa norma dice lo siguiente: «La Consejería competente en materia de
patrimonio histórico instará la inclusión gratuita en el Registro de la
Propiedad de la inscripción de los bienes inmuebles en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz». Además, el certificado de la Junta «es título
suficiente» para la inscripción sin necesidad de más comprobaciones de
propiedad. La Mezquita es monumento desde el año 1882 por orden del ministro
José Luis Albareda.
La
razón de este artículo es lógica. La Junta tiene derecho de tanteo y retracto
sobre todas las transmisiones onerosas que se realicen sobre los bienes
protegidos privados en Andalucía. La única manera de que eso se realice es que,
antes de vender un castillo o un convento, el registrador alerte a Cultura.
Quien asegura que el obispado podría vender la Mezquita se le olvida siempre
alto importante: solo podría hacerlo con la aquiescencia de la Junta.
Segunda
hipótesis: si fuese propiedad pública. Los portavoces de la plataforma que
reclama esta cuestión siempre sostienen que el dominio público no se inscribe.
Pero eso es falso. La modificación del Reglamento Hipotecario de 1998, que
realizó Margarita Mariscal de Gante, dijo que la Iglesia podría inscribir
centros de culto. También, aseguraba que «los bienes inmuebles de dominio
público también podrán ser objeto de inscripción».
La
cuestión cambió en 2003, cuando se promulga la Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. Lo que era un «podrá» se convirtió en un deber.
Desde el momento de su entrada en vigor, todas las Administraciones deben
inscribir en los registros -al margen de los correspondientes inventarios-
«los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales (dominio público) o
patrimoniales».
Lo
que quiere decir el artículo es que el Gobierno central o la Junta de Andalucía
tenían la obligación de haber registrado a su nombre la Mezquita en el caso de
que hubieran considerado que era una propiedad pública. «Al menos, durante tres
años alguien estuvo empanado», afirma Díaz Vieito con sorna. Si la Junta,
el Ayuntamiento o el Gobierno nunca registraron la Mezquita no fue por plazo. Ocho
años antes de que el Cabildo lo hiciera, ya pudieron realizar ese trámite. Si
no pasó fue porque nunca consideraron el monumento como propio.
Fuente:
ReL
