Hasta el momento los
altos mandos militares que estuvieron involucrados en la matanza de la UCA
siguen residiendo en El Salvador
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| Johan Bergström-Allen-romerotrust.org.uk-(CC BY 2.0) |
Una
decisión judicial en El Salvador podría significar la reapertura de una
investigación oficial sobre la masacre de seis jesuitas, un miembro del
personal y su hija, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad
Centroamericana (UCA) ubicada en la capital San Salvador.
El
país se encuentra en la víspera del gran acontecimiento de la canonización de
monseñor Óscar Arnulfo Romero (se especula que podría ser en enero de 2019,
cuando el Papa Francisco acuda a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá) y
eso alienta la urgencia de revisar -y resolver- los crímenes de la época de la
guerra civil que diezmó por doce años a la población salvadoreña.
La
decisión del juez –otorgada el pasado 17 de abril–responde a una petición del
Instituto de Derechos Humanos de la UCA, realizada en noviembre de 2017. La
orden es que la fiscalía gubernamental vuelva a abrir la investigación sobre el
ataque del ejército a los jesuitas, misma que había sido suspendida en el año
2000.
El
Papa ha estado muy presente en el tema de la canonización de Romero y del
también jesuita Rutilio Grande, martirizado en 1977. Esta atención del
pontífice ha ejercido presión para que estos casos de barbarie se resuelvan.
No
está claro que esta investigación renovada en El Salvador signifique que la búsqueda
finalmente llegará a su fin, dijo. Mucho dependerá de la voluntad política del
fiscal de El Salvador para llegar al fondo de los asesinatos de la UCA.
El mal no “gana” siempre
Una
nueva unidad de investigación dentro de la oficina del fiscal general de El
Salvador ha sido facultada para investigar crímenes históricos como los
asesinatos en la UCA, la masacre de Mozote en 1981, el asesinato del arzobispo
Romero y otros crímenes de la época de la guerra civil.
Hasta
el momento los altos mandos militares que estuvieron involucrados en la matanza
de la UCA siguen residiendo en El Salvador. Como cinco de los seis jesuitas
asesinados eran ciudadanos españoles, este último país ha pedido
insistentemente su extradición, sin que hasta el momento haya sido posible por
la protección de la que gozan.
Sin
embargo, su situación podría dar un vuelco, pues la amnistía de la que gozaban
desde 1993 fue descartada por el Tribunal Supremo de El Salvador en 2016. Se
tiene certeza que eran miembros del Batallón Atlacatl, una unidad élite del
Ejército Salvadoreño entrenada en la Escuela de las Américas del Ejército de
Estados Unidos.
El
principal objetivo de los militares era el rector de la UCA, el padre Ignacio
Ellacuría. Y la orden era “no dejar testigos”, por lo que cayeron también bajo
las balas del ejército los jesuitas Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando
López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. Junto con ellos murieron Elba Ramos y
su hija adolescente Celina.
Tras
los acuerdos de paz, firmados en 1992 y la amnistía de 1993, los mandos
militares habían gozado de total impunidad. Pero ahora podría enfrentar a la
justicia y pagar por sus crímenes de una guerra que dejó 75,000 muertos, 8,000
desaparecidos y más de un millón de salvadoreños desplazados, muchos de ellos
hacia Estados Unidos.
Una
Comisión de la Verdad de la ONU, establecida en 1992, encontró que 95 por
ciento de los abusos contra los derechos humanos registrados durante los doce
años de conflicto, fueron cometidos por militares salvadoreños contra civiles,
principalmente en comunidades rurales, sospechosos de apoyar a las guerrillas
izquierdistas, como también se “sospechó” de los jesuitas.
Jaime
Septién
Fuente:
Aleteia
