“El hacinamiento, los tratos crueles y la corrupción en los recintos
penitenciarios son los principales problemas que enfrentan quienes se hallan
privados de la libertad”
La Conferencia Episcopal de
Venezuela, a través de la Comisión de Justicia y Paz, ha
manifestado su preocupación sobre la realidad carcelaria, a través de un
comunicado con ocasión de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los
encarcelados, el día 24 de septiembre.
De este modo, los obispos consideran que
la situación carcelaria en Venezuela, “con base en las estadísticas presentadas
por las diferentes ONGs de Derechos Humanos entre las cuales resalta la del
Observatorio Venezolano de Prisiones”, sigue presentado “violaciones
recurrentes a los derechos fundamentales y demás instrumentos jurídicos de la
República Bolivariana de Venezuela”.
Por otro lado, advierten de que las
mismas están demostradas no solo con los estudios estadísticos fiables ya
expresados, y las innumerables denuncias recibidas por esta instancia eclesial,
sino que “constituyen hechos públicos, notorios y comunicacionales difundidos
por los medios de comunicación social y por diferentes redes sociales”.
Por eso, denuncia que la vulneración
reiterada y sistemática a los derechos humanos de los privados de libertad en
Venezuela están constituidas por el “hacinamiento en los internados judiciales,
penitenciarios y retenes policiales en un 190%”, “insalubridad de las
infraestructuras, instalaciones y deficiencias en la atención médica a los
recluidos”, “uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades llamadas a
garantizar el control de las prisiones”, “tratos crueles con algunos casos de
presos políticos”, “retraso en los traslados reclusos que inciden los plazos
judiciales por la inobservancia del debido proceso”, “la existencia de algunos
internos desadaptados (pranes) de centros penitenciarios que indican el poco
control de las autoridades sobre estos grupos, permitiendo actividades
delictivas dentro de las instalaciones”, “tratos inhumanos y degradantes a los
familiares de los internos en sus visitas regulares, atentando su integridad
física, psíquica y moral” y “desconocimiento de parte de cuerpos de seguridad
del estado a las órdenes de excarcelación emanadas de los Tribunales
competentes, alegando faltas en sus formatos”.
En esta línea, la Conferencia Episcopal
insta “al Gobierno a cumplir y hacer cumplir con los derechos y garantías que
asisten a los encarcelados y sus familias y recordarles así mismo las sanciones
previstas en la normativa penal vigente que tipifican las acciones y omisiones
de los funcionarios que incurran en estas conductas”, “a los funcionarios
a encontrar la justicia, sentido de equidad y celeridad en su trabajo”, “a
nuestros Agentes Pastorales a conocer los problemas de tantos hermanos
encarcelados, en quienes está el mismo Cristo, nos urge a no quedarnos
pasivos e indiferentes y a multiplicar obras de misericordia”.
Finalmente, agradecen y valoran a todos los que, con responsabilidad y
profesionalidad, “brindan en un contexto nada fácil, su servicio en los
recintos penitenciarios, buscando el bien común”.
Fuente:
Zenit
