Tres diputados y cuatro senadores firman un escrito en el que aseguran que
la propuesta no deroga «el aborto como derecho»
Los tres diputados que se niegan a votar a favor
de la propuesta de ley para la reforma de la ley del Aborto este martes en el
Congreso, así como cuatro senadores alineados con esa postura, han remitido al
resto de parlamentarios de su partido un escrito en el que explican sus razones.
En concreto, suscriben el escrito, al que ha tenido acceso ABC.es, los
diputados José Eugenio Azpiroz, Lourdes Mendez y Javier Puente, y los
senadores Gari Duran, José Ignacio Palacios, Luis Peral, Ángel Pintado y
Ana Torme.
Los firmantes
aseguran haber trasladado a la dirección del grupo una posición que consideran
«estrictamente personal e individual», «coherente políticamente» y una «cuestión
de conciencia» que merecía la aceptación de su petición de libertad de
voto, «lamentablemente rechazada», al igual que fue desestimada,
aseguran, su propuesta de no presentar la propuesta de ley «en unos momentos en
los que podía interferir en las elecciones de mayo».
«Desde el profundo
respeto a quienes piensan diferente a nosotros -señalan-, o simplemente tienen
otras diferentes interpretaciones, nos parece debido el proceder a
manifestaros los argumentos en que se basa nuestra difícil e incómoda decisión
en un tema de la importancia de la defensa de la vida
humana».
«El aborto
como derecho no se deroga»
En cuanto al objeto de la votación, la
supresión entre los requisitos necesarios para abortar de la obligación de las
menores de 16 y 17 años de informar a sus padres, aseguran que «el
aborto como derecho durante las catorce primeras semanas de gestación (artículos
12 y 14, especialmente, de la Ley 2/2010) no se deroga; lo que se hace
es trasladar el ejercicio de ese derecho de las menores a sus padres o
representantes legales, que deben consentir, y, en caso de conflicto, a la
decisión del Juez».
En consecuencia, enfatizan, la proposición de ley «no
suprime el aborto como derecho (ni de mayores ni de menores) tan solo, en el
caso de las chicas de 16 y 17 años, se difiere la titularidad del derecho al
aborto (que, por tanto, se asume) a sus representantes legales».
Es
decir, continúan explicando, «lo que se hace es que sean los padres,
tutores o el Juez quienes “consientan” el derecho al aborto libre las
primeras catorce semanas, tal y como garantizan los artículos 12 y 14 de la
vigente Ley, que continuarán vigentes».
A continuación, exponen una lista
de cuestiones que, tras aprobar la propuesta popular, seguirán
vigentes:
- El aborto libre como derecho hasta las 14
semanas
- El uso eugenésico del aborto hasta las 22
semanas y sin límite de plazo en enfermedades extremadamente graves e
incurables (como lo pueden ser determinados tipos de ceguera o la falta de un
miembro)
- La objeción de conciencia permitida a los
profesionales sanitarios directamente implicados en el aborto, pero no
al resto de los profesionales sanitarios, personal auxiliar y trabajadores
sociales y tampoco a los centros médicos
«Coherencia»
Los
parlamentarios contrarios a la propuesta consideran también que esta oposición
es razonable «porque asume el derecho al aborto a plazos y resulta plenamente
incoherente con lo que, hasta hoy al menos, han constituido los valores
del proyecto político del Partido Popular», que a su juicio se concreta
en estos puntos:
1.-En los Estatutos del partido, en su artículo
3.
2.-En la posición de defensa de la vida mantenida en los Congresos
Nacionales.
3.-En los argumentos del voto particular en la Subcomisión
sobre el aborto.
4.-En las votaciones en contra de la «Ley Aído»
llevadas a cabo en el Congreso y en el Senado.
5.-En los motivos
en que se funda nuestro Recurso de Inconstitucionalidad contra 9 artículos de la
Ley 2/2010.
6.-En nuestro Programa Electoral, página 108, punto
06
7.-El propio Consejo de Ministros decidió aprobar por unanimidad en
fecha 20 de diciembre de 2013 un Anteproyecto de Ley (la llamada Ley Gallardón)
por el que se suprimía el aborto como derecho.
8.-Diversas respuestas
gubernamentales, expresando su apoyo al anteproyecto en sede
parlamentaria.
9.-Por fin, en votación secreta producida en el Congreso
el 11 de febrero de 2014, 183 diputados populares rechazamos la
pretensión del grupo parlamentario socialista de proceder a la retirada del
anteproyecto.
«Lealtad»
Estos
diputados y senadores defienden que «aunque nadie ha explicado (tal vez porque
sencillamente es inexplicable) las supuestas “razones” para un cambio integral
de la posición» del PP, «producido además en muy escaso tiempo», quienes de modo
público han apoyado tanto los compromisos del programa electoral como el
anteproyecto aprobado por el Gobierno se han conducido «con plena lealtad» a su
partido y a sus cargos jerárquicos comenzando por Mariano Rajoy, al que
solicitaron una reunión hace dos años, recuerdan, así como a la vicepresidenta
de Gobierno.
«En ambos casos no obtuvimos más que el silencio por
respuesta, hasta que en fechas recientes, y tras reiterar por carta esa
petición, hemos sido recibidos por el Ministro de Sanidad en la semana del
debate sobre el estado de la Nación», aseguran.
«Pese a ello y, sobre
todo, a pesar de que durante el tiempo transcurrido el Gobierno ha ido
cambiando de posición, sin explicación alguna -continúan-, no hemos
variado nuestra conducta paciente, respetuosa, leal y propositiva en favor de la
vida y de los compromisos electorales como, por otra parte, siempre hemos
intentado a lo largo de nuestra dilatada vida política».
«El supremo de los
derechos»
Tras recordar que la proposición de ley se refiere al
«supremo de los derechos, sin el cual no hay derecho posible, el derecho a la
vida humana de quien ya la posee –el concebido no nacido- el más inerme e
indefenso en su protección», entienden que «parece razonable que el
Grupo Parlamentario Popular, proponente de esta iniciativa parlamentaria,
hubiera abierto un debate interno en el cual se hubiesen escuchado los
argumentos, no sólo de quienes han instado a este cambio programático de nuestra
formación, sino también a aquellos que entendemos nos hemos mantenido fieles y
coherentes con los del Partido».
En cualquier caso, consideran «que
todavía se está a tiempo de introducir modificaciones a la propuesta que limiten
el daño que provoca la Ley en vigor, cuyo núcleo esencial es el aborto como
derecho de la mujer».
Ante argumentos para justificar la iniciativa en el
hecho de que se mantiene el recurso de inconstitucionalidad contra la ley Aído,
los firmantes del escrito advierten de que ese recurso no es susceptible de
retirada juridicamente, por lo que seguirá «vivo» hasta que el TC resuelva sobre
el mismo o se legisle en coherencia con lo recurrido.
Además, creen
que «parece políticamente insostenible» que, teniendo el Gobierno
mayoría absoluta «no desee legislar, renuncie a gobernar en la materia
y difiera su poder y capacidad de cumplir sus compromisos electorales a la
decisión ajena, por importante que sea el Constitucional, de un tribunal. Si hay
voluntad política se podía legislar, incluso hoy se puede hacer y, con ello,
derogar el derecho al aborto».
«Un fracaso de la
sociedad»
La carta señala que el aborto «supone un drama y un fracaso
de nuestra sociedad y que «la mujer embarazada, con dificultades reales por
abandono o de carácter económico, social o cultural, merece una posición clara y
determinada que respete su integridad y dignidad como persona», algo que «puede
y debe ser compatible con la vida de un nuevo ser».
«Las eventuales
consideraciones sobre el futuro electoral y la repercusión sobre otras políticas
no pueden utilizarse como coartada para adoptar posiciones de ambigüedad que no
resuelven el grave problema de considerar el aborto como un derecho en nuestro
país», aseguran.
También dicen ser «conscientes de que el debate del
aborto está muy unido al de la maternidad». «Entendemos que toda política de
apoyo a la maternidad contribuye a ponerla en valor y a facilitarla, por ello
nuestro programa electoral comprometía, también, una Ley de maternidad»,
indican. Sin embargo, agregan, «este importante soporte, en términos jurídicos,
sociales y de derecho, no suprime ni reduce la gravedad del aborto como
derecho».
«No es un
debate cómodo»
Los parlamentarios reconocen que «este debate
no es cómodo para nadie» y quieren expresar su «máximo respeto a todos
aquellos compañeros que, con criterios diferentes a los nuestros, consideran que
van a cambiar las cosas en el futuro o lo mejor, para ello, es debatir la
cuestión en la próxima legislatura o en el próximo Congreso
Nacional».
Libertad
de voto
Por último, piden que «se respeten los disensos» y que
la dirección del grupo acceda a la libertad de voto en esta proposición
de ley, como el portavoz de su grupo en el Congreso, recuerdan, requirió el
pasado 18 de febrero pasado. «Todavía ello es posible», concluyen antes de
despedirse con «un abrazo».
Fuente:ABC/ReL
