El Ejecutivo presiona para que sean retirados varios recursos judiciales que mantienen paralizado el proceso de «resignificación»
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| Imagen de la monumental cruz del Valle de los Caídos desde la Hospedería |
El Valle de los
Caídos se ha convertido desde la llegada al poder de Pedro
Sánchez en la diana de los ataques del Ejecutivo. El complejo
monumental situado en San Lorenzo del Escorial (Madrid) es un tema de discusión
al que el Gobierno socialista recurre asiduamente para crear
una cortina de humo cuando se siente acosado cada vez que salen a la luz casos
de supuesta corrupción económica, moral o política que les
atañen.
Además de
utilizar el Valle como comodín para tratar de desviar la atención,
el Gobierno mantiene una estrategia para intervenir en la basílica católica y
en su entorno, con lo que han calificado como una «resignificación» del
espacio.
La basílica del
Valle de los Caídos, como todo el conjunto monumental, es propiedad de la Fundación
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y su gestión recae en el
patrono de la Fundación: Patrimonio Nacional, dependiente del ministerio de
Presidencia. El otro actor clave es la propia comunidad
benedictina establecida en el Valle, que mantiene una concesión
permanente sobre los elementos que componen el conjunto, por lo tanto, las
decisiones respecto a las intervenciones que se puedan producir deben ser
consensuadas por ambas entidades y, lo fundamental, siempre de acuerdo al Derecho
Canónico, ya que es un templo sacralizado, que fue entregado a perpetuidad
a los monjes benedictinos y elevado a basílica pontificia por el Papa Juan
XXIII, por lo que la administración depende única y exclusivamente del
Papa. Así las cosas, tampoco el cardenal arzobispo de Madrid, José
Cobo, tiene autoridad para decidir sobre las acciones ejecutadas en el Valle,
por lo que el documento firmado junto a Félix Bolaños carece de valor
jurídico.
El 24 de abril
del pasado año se publicó en el BOE el anuncio de convocatoria para el «Concurso
de proyectos, con intervención de jurado y premios, para el Memorial de
Cuelgamuros». El pliego con las condiciones para participar en el concurso
mostraba un mapa con los espacios abiertos a la «resignificación», entre los
que estaba incluido, además de la explanada exterior, «el vestíbulo, el
atrio, el espacio intermedio, la nave desocupada, y
la cúpula».
Recurso al
pliego inicial
Este primer
pliego, publicado por el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha tenido
varios recursos interpuestos en el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales. Del mismo modo, estos recursos han sido presentados a la sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En ellos se manifiesta
que esta propuesta «vulnera el derecho fundamental a la libertad
religiosa», ya que «nos encontramos ante un 'lugar sagrado' en el que
cualquier actuación debe ir dirigida a fomento y ejercicio del culto,
la piedad y la religión, y es de exclusiva competencia de la Iglesia Católica (cánones
1210 y 1213 CDC)».
Este pliego
presentado por el Gobierno para presentar el concurso de «resignificación»
viene fundamentado por un documento publicado en exclusiva por El
Debate en el día de ayer, en el cual, el
arzobispo de Madrid, José Cobo y el ministro Félix Bolaños firman un «acuerdo» en
el que se asegura que los únicos «lugares destinados al culto religioso» son
«el Altar y las bancadas adyacentes» lo que dejaría a merced de
intervenciones «artísticas y museográficas» la cúpula, el
atrio y la capilla del Santísimo.
Puedes
descargar el pdf desde aquí: Acuerdo
firmado por Félix Bolaños y José Cobo
Después de que
El Debate publicara en exclusiva el documento de este «acuerdo» (ya
había sido reproducido su contenido pero nunca mostrado) la asociación Abogados
Cristianos ha anunciado a este medio que «estudian impugnar el acuerdo
del cardenal José Cobo y abrir un recurso contencioso por
falta de legitimación activa o pasiva contra el arzobispado de Madrid».
Para completar
las reclamaciones a este punto del proceso de «resignificación»,
también existe un recurso interpuesto por vía administrativa contra este pliego
para el concurso interpuesto por la citada asociación, ya que consideran que,
ni el Ministerio de Vivienda, ni la Secretaría de Estado de
Vivienda y Agenda Urbana son competentes para realizar esta convocatoria.
Resolución
del concurso
Tras la
conformación del jurado y sus deliberaciones, el proyecto 'La base y la
cruz' fue designado ganador y, por tanto, el seleccionado para
acometer las obras de «resignificación». Esta decisión también se encuentra
judicializada, «a la espera de que haya auto o sentencia».
Tras la
constatación de que el proyecto ganador atenta contra la sacralidad e
inviolabilidad de los templos, los recursos presentados ante el
juzgado recopilan los fundamentos de derecho que, a día de hoy, mantienen
la «resignificación» en punto muerto. La judicialización de
esta adjudicación mantiene tres líneas de reclamación: el Derecho
Canónico, el derecho constitucional a la libertad
religiosa y los acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Tres ejes de
actuación
Se considera
que de llevarse a cabo las obras, se consumarían «vulneraciones del Derecho
Canónico», ya que el templo tendría un uso «para fines ajenos al culto (canon
1210)». Aunque las actuaciones proyectadas solo efectuaran modificaciones en la
entrada de la basílica, esto sería considerado «un relato de carácter político,
ideológico y filosófico, ajenos por completo al culto, a la piedad y a
la religión».
Del mismo modo,
la modificación del atrio y del vestíbulo constituye una modificación de
elementos que «forman parte del itinerario espiritual del fiel, que
no son espacios neutros ni profanos». El canon 1213 del CDC (Código de Derecho
Canónico) reconoce que la autoridad eclesiástica ejercerá sus
funciones en los lugares sagrados, por lo que la imposición de
recorridos, usos o contenidos supone un nuevo quebranto de la
jurisdicción de la Santa Sede.
El Derecho
Canónico también reconoce la imposibilidad de fragmentar la sacralidad de un
templo, no pudiendo ser modificada una parte de la basílica sin atentar
contra el conjunto de ella. Mientras no medie una legítima
desacralización, esta sacralidad se extiende a toda la planta
y a todos sus espacios. Cualquier elemento político o ideológico ajeno a la
propia Iglesia podría ser, por lo tanto, considerado una profanación.
Desde el punto
de vista constitucional, el argumento del recurso versa sobre la violación
del artículo 16 de la Carta Magna, que recoge que en España «se garantiza
la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades». Desde la perspectiva de los reclamantes, la propuesta del
Gobierno de habilitar un espacio «museográfico y artístico» a la entrada del
templo provocaría la vulneración de este derecho constitucional al «condicionar
el acceso al templo a un itinerario ideológico»
Por último, los
acuerdos del Estado con la Santa Sede del año 1979 recogen «la
inviolabilidad» de los templos en su artículo 1.5. Para acometer las obras de
«resignificación», el Gobierno debería considerar que los espacios donde éstas
son realizadas no son «lugares de culto», lo que significaría
eliminar de forma unilateral la inviolabilidad a ciertas zonas de
una basílica pontificia sacralizada.
Por lo tanto,
los numerosos recursos interpuestos contra la «resignificación» del Valle de
los Caídos se centran en la sacralidad del templo y la
incompatibilidad del Gobierno de actuar acorde al Derecho Canónico al
tiempo que acomete el proyecto designado. Del mismo modo se entiende también
que atenta contra los acuerdos internacionales con la Santa
Sede e, incluso, contra la legislación española vigente, concretamente
contra la CE.
Alfonso Úcar
Fuente: El Debate
