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| El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. |
Es superior a sus fuerzas. Basta con que algún miembro de la Iglesia católica exprese libremente una opinión sobre algún tema que afecte al Gobierno para que este salga en tromba a tratar de amordazarle. No falla.
El último al que se ha
tratado de silenciar ha sido al presidente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), monseñor Luis Argüello, quien ha abogado por una «cuestión
de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos.
Es decir, lo que prevé la Constitución». Fue lo que respondió el arzobispo de
Valladolid durante una entrevista publicada el fin de semana en La
Vanguardia al ser preguntado por la situación política actual.
El presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, no encajó bien que un obispo
impartiera libremente su opinión, y el domingo reaccionó con acritud: «El
tiempo en el que los obispos interferían en la política ha
acabado en este país. Aunque también le invito al señor Argüello que se puede
presentar a las elecciones con la asociación ultraderechista Abogados
Cristianos». 'Ultraderecha' y franquismo en una sola frase.
Los
desencuentros entre Iglesia y Gobierno se han sucedido desde la investidura de
Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El dirigente, que se ha presentado
siempre como «ateo, a secas», siempre ha manifestado su oposición
radical a que se imparta, por ejemplo, la clase de Religión en
la escuela pública, pese a que lo piden alrededor del 70 % de los padres de
alumnos.
No fue al
Vaticano
Sánchez tampoco
quiso acudir al Vaticano a la misa de inicio de pontificado de León XIV en
mayo, a la que sí asistieron decenas de mandatarios de todo el planeta. En
España ha acotado absolutamente cualquier presencia religiosa en
actos públicos, sean funerales, celebraciones militares o conmemoraciones. Ni
siquiera quiso acudir a la misa funeral celebrada hace ahora un año en la
catedral de Valencia por las víctimas de la dana.
El Gobierno ha
aprobado además leyes que chocan frontalmente con las
enseñanzas de la Iglesia, en especial todas las referidas a la eutanasia,
la ideología de género, el aborto, la «memoria democrática», etc. El Ejecutivo
socialista también ha presentado su proyecto para retirar las ofensas a
los sentimientos religiosos del código penal, y trató de censurar
–según algunas fuentes, aunque luego nunca fue plenamente confirmado– el
nombramiento de monseñor Piero Pioppo como nuncio en España
Con el
argumento de las leyes de memoria en la mano se han retirado placas, demolido
cruces y hasta desenterrado muertos. Es lo que ocurrió con los
restos del general Francisco Franco y con los de José
Antonio Primo de Rivera, removidos de sus sepulturas en el Valle de
los Caídos. El complejo monumental ubicado en la sierra de Madrid ha sido
otro campo de batalla entre la Iglesia y el Gobierno, obsesionado por
«resignificar» el entorno sin prestar excesiva atención a los enormes costes
económicos que esa operación puede conllevar.
Tras los
ataques del Ejecutivo a monseñor Argüello, dos prelados cerraron rápidamente
filas con él: el arzobispo de Oviedo y el obispo de Tenerife. Monseñor Jesús
Sanz Montes lanzó un duro mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez, al que
identificó con «la decadencia moral, corrupción, prevaricación,
indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y
control de la discrepancia judicial y mediática». «Están acabados. Dice bien L.
Argüello: pasar página, ya», sentenció el prelado asturiano. Monseñor Eloy
Santiago, por su parte, afirmó este lunes que es «legítimo» que el
presidente de la Conferencia Episcopal pueda emitir una opinión a «título
personal» sobre la situación de España y no cree que esté haciendo «campaña
política», según recoge Ep. En declaraciones a periodistas, ha señalado que
también puede hablar un obispo y dar su «opinión personal», porque en este país
no hay «censura» ni se está en la «época de la Inquisición».
Algunas
notas discordantes
Más taimado en
sus declaraciones fue el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué,
que invitó en los micrófonos de la cadena Cope a una
participación «más moderada» en el debate público. «Si los políticos y los
obispos, cuando hablamos de política, dijéramos lo mismo que estamos diciendo,
pero con humildad, yo creo que construiríamos una sociedad un poco más
vivible», apuntó el prelado.
El que ha sido
más crítico con el presidente de los obispos ha sido el arzobispo de Tarragona,
monseñor Joan Planellas. El prelado ha recordado que un obispo «no
se puede identificar con una opción política concreta», algo que no hizo
monseñor Luis Argüello en ningún momento y que, curiosamente, sí ha hecho en
numerosas ocasiones el arzobispo de Tarragona, que no ha dudado en significarse
junto a los postulados favorables al separatismo. «Debemos ser muy
cuidadosos en la Iglesia al decir que hay que ir a nuevas elecciones o que hay
que hacer una moción de censura, porque, según la Constitución
Pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, la Iglesia
no puede identificarse con ninguna opción política concreta y no está ligada a
ningún sistema político», ha declarado monseñor Planellas a Efe.
Álex Navajas
Fuente: El Debate
