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| León XIV en el Valle de los Caídos (abajo, con camisa blanca). |
En la
misiva, fechada el 13 de mayo de 2025, el OLRC expresa su preocupación “por
las actuaciones que, en los últimos meses, ha llevado a cabo el Gobierno de
España en relación con la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
erigida por el papa Pío XII para promover la oración por los que, en cualquiera
de los dos bandos, murieron en la Guerra Civil”.
Entre ellas
cita las presiones para que se produjera el “relevo del padre Santiago Cantera
Montenegro como prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”,
que quedarían acreditadas por las palabras del Ministro de Presidencia, Feliz
Bolaños, al reconocer que “el Gobierno había trasladado a la Iglesia la
necesidad de que un prior ajeno a los valores democráticos fuera
relevado”.
Asimismo, el
OLRC recuerda que el benedictino confirmó que su marcha de la comunidad había
sido impuesta, vulnerando además el voto de estabilidad.
Además,
denuncia que el único espacio que no se planea reformar es el altar, de tal
forma que según el Gobierno podrán “resignificarse” todos los demás espacios de
la Basílica Pontificia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
“Los hechos
mencionados muestran que el Gobierno de España ha impuesto su criterio a una
confesión religiosa al promover la salida del padre Santiago Cantera y diseñar
unilateralmente el plan de resignificación, es decir, desacralización, de un
lugar de culto que incluirá la eliminación de símbolos religiosos y la
profanación de sepulturas”, detallan en la carta desde el Observatorio.
Además, se
subraya el hecho de que las actuaciones previstas por el Ejecutivo español
“contravendrían, además, los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede
suscritos en el año 1979 en los que se establece que ‘los lugares de culto
tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes. No podrán ser
demolidos, sin ser previamente privados de su carácter sagrado’”.
León XIV “debe
tomar cartas en el asunto”
En un comunicado,
María García, presidenta del OLRC, dice que León XIV “debe tomar cartas en el
asunto para frenar los intentos del Gobierno español de acabar con el
Valle”.
Para García se
trata de “una injerencia a la libertad religiosa y de culto. El Gobierno, en un
ejercicio de imposición ideológica, forzó la salida del prior benedictino y
está impulsando un plan de resignificación que supondría, en la práctica, la
desacralización de un lugar de culto y la eliminación de símbolos religiosos
fundamentales, como las estaciones del Vía Crucis”.
Dado que en el
recinto hay enterradas casi 35.000 personas, incluidas setenta beatificadas por
ser martirizadas, la resignificación deseada por el Gobierno podría suponer
“incluso la profanación de sepulturas, algo de extrema gravedad para los
católicos y para el respeto a la memoria de los fallecidos”.
“Pedimos al
Cardenal Parolin que salvaguarde la dignidad y el carácter religioso del Valle
de los Caídos. La libertad religiosa es un derecho fundamental que no puede
estar sujeto a la voluntad política del momento”, concluye García.
Por Nicolás de
Cárdenas
Fuente: ACI Prensa
