La religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital al debate nacional
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Última reunión de la Comisión Permanente de la CEE |
Le pongo en
situación. En la última semana, tanto en una entrevista en el diario ABC
como en declaraciones en eventos públicos, el presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) fue preguntado por la situación política de nuestro
país. Los titulares enseguida proclamaron que el presidente de los obispos
pedía elecciones, en un contexto marcado por la corrupción en el partido del
Gobierno. Sí, es cierto que hizo esa petición, pero lo hacía con base en una
realidad objetiva: el contexto de bloqueo político que vive nuestro país, que
lleva dos años sin presupuestos y con un Gobierno que tiene cada vez más
complicado llevar adelante sus propuestas políticas. En este sentido, para
Argüello, la solución es dar la voz a los ciudadanos, al pueblo, del que forman
parte católicos, que votan a unos y otros partidos, que militan en unos y en otros.
Esta situación,
recogida aquí de forma muy somera, ha servido para que el ministro de la
Presidencia, Félix Bolaños, el que se encarga de las relaciones con la Iglesia,
enviase una carta al propio Argüello para pedirle neutralidad política y
partidista. También para acusarle de «comunión» con la derecha y la
ultraderecha, e incluso mezclando temas como la cuestión de los abusos a
menores o posiciones episcopales en otros momentos de la historia.
Pero las
acusaciones y afirmaciones de Bolaños quedan desmentidas con la realidad, es
decir, con la verdad. Porque fue este mismo viernes cuando el secretario
general de la CEE, César García Magán, insistió, como ya había hecho
anteriormente, en que «la Iglesia no tiene ningún partido político». Y que lo
único que hace es ofrecer una valoración moral, no política, que pueda iluminar
a los fieles y a la sociedad en general, siempre con un horizonte: el bien
común. Justo lo contrario de lo que parece motivar al actual Gobierno: el
interés particular. Además, cabría preguntarse en este punto si pedir que los
ciudadanos decidan y puedan manifestarse es tomar partido.
La Iglesia,
como parte del pueblo, de la sociedad civil, tiene derecho a ofrecer su opinión
y los pastores a guiar al pueblo. De todas formas, cabe recordar que no ha
habido ningún pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal, como sí ha
hecho, por ejemplo, la Alianza Evangélica Española.
Pero Bolaños
olvida, al hilo de lo que decía García Magán, que ningún partido agota o
incluye en su programa la rica doctrina social de la Iglesia. Es probable,
además, que todos los partidos encuentren en ella puntos de encuentro y de
fricción. Porque no se puede encasillar a la Iglesia en materia social más que
en el respeto a la dignidad infinita de la persona. Porque el único programa de
la Iglesia es el Evangelio, del cual se deriva la postura en diversos
pronunciamientos y acciones que Bolaños no refiere en su carta.
En esa supuesta
comunión con la derecha y la ultraderecha, el ministro no recoge que la Iglesia
ha sido una de las impulsoras e instituciones clave en el éxito de la
Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de más de medio millón de
migrantes, que sumó cientos de miles de apoyos. Y que el propio Argüello se
reunió el pasado martes con representantes de los grupos parlamentarios
socialista y popular para apremiarles al acuerdo y a aprobar así la iniciativa
lo antes posible.
Pero es que,
también esta misma semana, el presidente de los obispos pidió a los cristianos
que tienen viviendas en alquiler que se planteen si los precios que deben
establecer deben seguir los del mercado, dejando fuera de juego los criterios
más especulativos, precisamente, por las implicaciones de la fe, que hacen que
actitud y forma de actuar deba ser diferente. Una crisis, la de la vivienda,
que los obispos han calificado de «emergencia social» o «forma de violencia
estructural».
Pero todavía
hay más: la semana pasada, también Argüello apoyaba a través de las redes
sociales las manifestaciones en contra de la guerra de Gaza y pedía «redoblar
la presión moral, política y espiritual para gritar en favor de parar la guerra
y en favor de una paz justa».
Son ejemplos de
que la postura de la Iglesia y, en este caso, de uno de sus pastores, no sigue
más criterio que el evangélico, y la propuesta social que se deriva de este,
alejado de intereses partidistas.
De León XIII
a León XIV
La Iglesia
lleva siglos ofreciendo una voz, siendo profética en muchos ambientes. Basta
recordar a León XIII, a quien este sábado citaba el papa León XIV en un
encuentro con líderes políticos con motivo del Jubileo de los Gobernantes,
cuando se refería a la inaceptable desproporción de la riqueza poseída por unos
pocos y la pobreza de muchos. Este fue un Papa de finales del siglo XIX. Pero
habría que recordar también las continuas críticas del añorado Francisco a la
economía que mata y a la indiferencia ante la tragedia que sufren los
migrantes, el comercio de armas o la deuda externa.
El propio León
XIV defendía en el citado encuentro que una buena acción política puede ofrecer
un servicio a la paz y a la concordia al favorecer la justa distribución de
recursos. También pedía respeto para la libertad religiosa y la creencia en
Dios, pues «es en la vida de las personas y las comunidades una inmensa fuente
de bien y de verdad». Y defendía un criterio fundamental, a menudo olvidado por
los representantes políticos actuales: la ley natural. «Constituye la brújula
por la que orientarse a la hora de legislar y actuar, particularmente en
delicadas cuestiones éticas que hoy se plantean de forma mucho más contundente
que en el pasado, tocando al ámbito de la intimidad personal»
Este discurso,
en el que León XIV propuso a Tomás Moro como modelo, lleva a otro, histórico,
de Benedicto XVI ante representantes de la sociedad británica en el Westminster
Hall en 2010. Aquel día, tras criticar la respuesta a la crisis financiera que
provocó el sufrimiento de muchas personas, dijo que tanto la política como la
economía deben tener una base ética y moral. Y aquí es donde entra el papel de
la religión.
«La religión no
es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución
vital al debate nacional. […] Y hay otros que sostienen —paradójicamente con la
intención de suprimir la discriminación— que a los cristianos que desempeñan un
papel público se les debería pedir a veces que actuaran contra su conciencia.
Estos son signos preocupantes de un fracaso en el aprecio no solo de los
derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad
religiosa, sino también del legítimo papel de la religión en la vida pública».
Pues eso. Que
ni la religión, ni la Iglesia, ni tampoco los obispos son el problema.
Fran Otero
Fuente: Ecclesia