El Arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha rechazado el plan del Gobierno de España para eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, mientras se protegen otros.
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| Mons. Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid. Crédito: Iglesia en Valladolid. Dominio público |
“Los
sentimientos han sido elevados a categoría jurídica, por ejemplo, para poder
cambiar de sexo; cada vez más expresiones son consideradas delitos de odio. En
este ambiente de elogio legal de las emociones, los sentimientos religiosos
dejan de ser un bien jurídico protegido”, explica el arzobispo.
La
desprotección legal de los sentimientos religiosos se incluye en el llamado Plan de
Acción por la Democracia que acaba de aprobar el Consejo de
Ministros para su tramitación parlamentaria y que fue anunciado por el
presidente Pedro Sánchez el pasado mes de julio.
Entre
las 31 medidas contempladas está la eliminación del delito contra los
sentimientos religiosos tipificado en el artículo 525 del Código Penal y que
establece lo siguiente:
“1.
Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los
sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de
palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus
dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes
los profesan o practican.
2.
En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra
o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna”.
La
eliminación de este precepto legal afectaría a numerosos procesos judiciales
impulsados de manera principal por algunas entidades civiles, como la Fundación
Española de Abogados Cristianos, ante actuaciones blasfemas e irreverentes.
Estas
situaciones son casi siempre alusivas a la Iglesia Católica, sus devociones y
dogmas y suelen escudarse en la creatividad artística.
Cuando se conocieron las intenciones del Ejecutivo
de acabar con la protección legal de los sentimientos religiosos, Abogados
Cristianos emitió un comunicado en el que subrayaba
que la medida constituye “un ataque directo a las libertades de los
creyentes”.
“Todo
lo que sea ofender, vejar o insinuar algo de determinados colectivos es
perseguido como delito de odio, sin embargo, contra los católicos parece que
todo está permitido”, añadieron.
También
el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha denunciado
en reiteradas ocasiones los ataques a las diferentes confesiones y, en relación
a esta medida, consideró en un comunicado que “con este
Gobierno, los creyentes son ciudadanos de segunda con menos derechos”.
Por Nicolás
de Cárdenas
Fuente: ACI
