La Conferencia Episcopal publica una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia en la que recuerda que los políticos católicos no pueden promover ni apoyar propuestas legislativas que vayan contra la vida
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| Foto: AFP. Dominio público |
El texto, titulado Para la libertad nos ha liberado Cristo y aprobado
hace dos semanas por la Comisión Permanente de la CEE, recuerda que leyes de este tipo
establecen «una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la
objeción de conciencia». Y añade que, aunque no todas las formas de
colaboración contribuyen a la realización de actos moralmente ilícitos, sí
recomiendan evitar las acciones que puedan inducir a pensar que se están
aprobando.
Además, ante los intentos de limitar
el ejercicio de la objeción de conciencia, recuerda que «el Estado no puede
restringirlo o minimizarlo con el pretexto de garantizar el acceso de las
personas a ciertas prácticas reconocidas legalmente». Y continúa: «Una justa
regulación de la objeción de conciencia exige que se garantice que aquellos que
recurren a ella no serán objeto de discriminación social o laboral». Así,
critica que se haya creado un registro de objetores, pues «atenta contra el
derecho de todo ciudadano a no ser obligado a declarar sobre sus propias
convicciones religiosas o ideológicas».
En concreto, el documento se refiere
a los católicos con responsabilidades en instituciones del Estado, «con
frecuencia sometidos a conflictos de conciencia». Dice lo siguiente: «Puesto
que el deber más importante de una sociedad es el de cuidar a la persona
humana, no pueden promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la
vida humana, ni apoyar con su voto propuestas que hayan sido presentadas por
otros».
También institucional
Por otra parte, defiende que algunas
instituciones puedan oponerse como tales a las legislaciones que atentan contra
la vida. De hecho, considera «legítima» la objeción de conciencia institucional
contra aquello que contradice el ideario de la entidad. Esta circunstancia
afecta especialmente a las instituciones sanitarias católicas, a las que anima
«a no plegarse a las fuertes presiones políticas y económicas que les inducen a
aceptar la práctica del aborto o de la eutanasia».
Al igual que en el aborto y la eutanasia, el documento pide que se rechacen «antropologías contrarias a la visión cristiana del hombre, de la sexualidad, del matrimonio y de la familia». «El deber de los cristianos de respetar la dignidad de cualquier ser humano no implica la asunción de principios antropológicos contrarios a la visión cristiana del hombre. Los católicos tienen el deber de oponerse a la imposición de estas ideologías», recoge la nota, que se refiere, en concreto, al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
Fran
Otero
Fuente:
Alfa y Omega
