“Hablo hoy para que mi experiencia tenga sentido, para proteger a otras mujeres de esta dolorosa experiencia y para proteger a los niños por nacer”, afirmó.
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| Vista general del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica | Crédito: Alexandros Michailidis/Shutterstock |
La activista
francesa Charlène Bernard, quien había lanzado una petición sobre la protección
de la maternidad, compareció el 23 de junio ante la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo y relató la terrible experiencia que la llevó a someterse a
un aborto forzado.
La petición de
Bernard pregunta si las instituciones europeas y los Estados miembros están
haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres que desean continuar con sus
embarazos cuando se enfrentan a presiones de sus parejas, profesionales médicos
o circunstancias sociales difíciles.
Centrada en la
protección de la maternidad y el apoyo a las mujeres embarazadas vulnerables,
su petición recibió el respaldo de grupos de la sociedad civil provida, como el
Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, así como el apoyo de varios
grupos políticos en el Parlamento, en particular el Partido Popular Europeo,
los Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de
Naciones Soberanas.
Su petición
también se enmarca en un contexto francés que sugiere que el tema merece un
análisis más profundo. Según una encuesta del IFOP de 2024, el 29 % de las
mujeres francesas que se sometieron a un aborto afirmaron haber sentido presión
para abortar por parte del profesional sanitario que consultaron. Aplicado a
los 251.270 abortos que se practicaron en Francia en 2024, esto equivaldría a
unas 72.900 mujeres.
Estas cifras
otorgan mayor relevancia al llamamiento de Bernard y plantean la cuestión de si
las instituciones europeas están haciendo lo suficiente para proteger a las
mujeres que desean llevar sus embarazos a término.
La historia
personal detrás de la petición
A los 27 años,
Bernard descubrió inesperadamente que estaba embarazada y quiso tener a su
hijo. Sin embargo, en lugar de encontrar apoyo, se topó con una cadena de
presiones que culminó en un aborto que nunca deseó.
“Lo que todavía
me duele tanto es la ausencia de mi hijo, que es la primera víctima de mi
historia”, declaró Bernard a EWTN News. “Hablo hoy para que mi experiencia
tenga sentido, para proteger a otras mujeres de esta dolorosa experiencia y
para proteger a los niños por nacer”, afirmó.
Bernard afirmó
que su pareja la presionó repetidamente para que abortara, a pesar de
profesarle amor. “Me resultaba incomprensible que alguien presionara a la mujer
que ama para destruir el fruto de su amor”, dijo.
Ella insistió
en que, desde el principio, sus intenciones fueron claras: “Estaba feliz de
estar embarazada, ya amaba a mi bebé, no abortaría”.
Con la
esperanza de encontrar ayuda para manejar esta tensión, la pareja consultó
primero a un médico, quien, según Bernard, reaccionó con incomprensión ante su
deseo de continuar con el embarazo. Luego acudió a una psicóloga en un centro
de consejería matrimonial y familiar afiliado a la Federación Internacional de
Planificación Familiar, buscando a alguien que pudiera ayudarla a ella y a su
pareja a hablar sobre la situación y apoyar su deseo de llevar el embarazo a
término.
En cambio, dijo
que la presión se intensificó. El personal se refería repetidamente a su hijo
por nacer como “solo un montón de células”, e incluso una psicóloga le programó
una cita para un aborto “por si acaso” Bernard cambiaba de opinión. “Me sentí
atrapada desde el momento en que entré por la puerta de la clínica de
planificación familiar”, compartió.
La presión
alcanzó su punto máximo cuando su pareja la obligó a tomar medicamentos
abortivos, impidiéndole ejercer su libertad.
Afirmó que la
experiencia la llevó a una depresión severa, al colapso de la relación y a un
trauma duradero. “Lo que más me dolió”, dijo, “fue preguntarme constantemente
cómo pude permitir que esto sucediera; preguntarme: ‘¿Qué clase de madre soy
para haber permitido que esto ocurriera?’”.
Su petición
Bernard afirmó
que su petición busca obligar a las instituciones europeas a abordar lo que
ella considera un punto ciego en el debate sobre el aborto en el continente:
las mujeres que no desean abortar, pero se sienten presionadas a hacerlo.
“La
normalización del aborto es tal que las mujeres embarazadas terminan en
ocasiones siendo presionadas para abortar”, declaró a EWTN News. Si bien el
derecho al aborto se defiende firmemente en Francia y en toda la Unión Europea
(UE), añadió, los legisladores también deberían defender “el derecho a la
maternidad”, el derecho de las mujeres a llevar un embarazo a término sin ser
sometidas a presiones y con un apoyo significativo.
Bernard señaló
que muchas mujeres enfrentan presiones sociales, familiares o conyugales para
abortar porque se las considera demasiado jóvenes, económicamente inestables o
en riesgo de perder sus empleos. “En lugar de apoyarlas en su maternidad, la
única solución que se les propone es el aborto”, concluyó.
Entre otras
cosas, Bernard reclama un mayor apoyo médico, psicológico y social, incluyendo
acceso a asesoramiento, servicios de maternidad, ayuda para la vivienda y otras
formas de asistencia para las mujeres que desean continuar con sus embarazos.
También
solicita a Bruselas que revise la financiación y las iniciativas sanitarias
existentes de la UE para determinar si realmente apoyan a las mujeres que
llevan sus embarazos a término, o si algunas políticas y fuentes de
financiación generan indirectamente presión hacia el aborto en lugar de ofrecer
alternativas reales.
“Hoy en
Francia, ¿quién apoya a las mujeres embarazadas vulnerables que desean tener a
sus bebés? Nadie”, preguntó Bernard. “En cambio, es muy fácil encontrar apoyo
cuando se desea abortar”, señaló.
Poniendo a
prueba la lógica de la UE en materia de financiación del aborto
Un antecedente
clave de la petición de Bernard es la Iniciativa Ciudadana Europea “Mi Voz, Mi
Elección”, que instó a la UE a crear un mecanismo financiero para facilitar el
acceso transfronterizo al aborto en todo el bloque.
En su respuesta
del 26 de febrero, la Comisión Europea declinó proponer un nuevo instrumento
jurídico, pero afirmó que los Estados miembros ya podían recurrir a los fondos
existentes de la UE, en particular al Fondo Social Europeo Plus, dotado con
142.700 millones de euros (162.000 millones de dólares), para financiar los
servicios relacionados con el aborto.
Para los
expertos jurídicos del Centro Europeo de Derecho y Justicia, esta postura tiene
implicaciones directas para el caso de Bernard. Si Bruselas acepta que los
fondos existentes de la UE pueden movilizarse para ayudar a las mujeres a
acceder al aborto, proponen, entonces esos mismos instrumentos también deberían
estar disponibles para apoyar a las mujeres que desean continuar con sus
embarazos.
En términos
prácticos, esto podría significar financiación respaldada por la UE no solo
para el acceso al aborto, sino también para el asesoramiento sobre maternidad,
la ayuda para la vivienda y otros servicios de apoyo para mujeres embarazadas
vulnerables que se enfrentan a presiones para abortar.
Publicado
originalmente en EWTN
News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.
Fuente: ACI
Prensa
