El Gobierno se ha propuesto quedarse con un patrimonio inmobiliario que cubre la presencia eclesial y caritativa de la Iglesia española en Roma
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| Dominio público |
Según
ha sabido Religión Confidencial, el Gobierno de
Pedro Sánchez pretende hacerse con la Obra Pía, y así
apropiarse de un patrimonio importante para la presencia
eclesial y caritativa de la Iglesia española en Roma.
La actitud
maximalista del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con la Iglesia ha
motivado que el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, manifieste su
preocupación sobre este asunto.
Fuentes
conocedoras del caso apuntan que la propuesta de nombramiento de Isabel Celáa como
embajadora de España ante la Santa Sede, pendiente del placet
del Vaticano, estaría relacionada con esta operación patrimonial del Gobierno,
calificada ya como “una desamortización encubierta”.
La
Obra Pía-Establecimientos Españoles en Italia, según se lee en su página web, tiene origen
en las disposiciones testamentarias y aportaciones de carácter fundacional de
ciudadanos y entidades españolas para atenciones religiosas, benéficas y
asistenciales, que se han venido produciendo a través de los tiempos con la
Obra Pía de Castilla, y posteriormente, durante el siglo XIII, también con la
Obra Pía de Aragón.
Fue en 1840, momento de la
desaparición de los Estados Pontificios, ante el peligro de una desamortización
por la nueva legislación italiana, cuando se erigió la Obra Pía y se
decidió nombrar por primera vez gobernador de los establecimientos
españoles en Italia al embajador de España cerca de la
Santa Sede, cargo que ha venido ejerciendo hasta el momento actual.
Se
trata de una entidad histórica en razón de la procedencia inveterada de sus
bienes, privada -no pertenece la Gobierno de España), sin ánimo de lucro, con
organización, fines y medios propios y sometida a la tutela del Estado español.
Patrimonio inmobiliario
Según
el Informe
de Fiscalización de los Órganos de la Administración de Estado en
la Acción Exterior en Roma, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de
enero de 2008, la Obra Pía Española de Roma ha acumulado, en el curso de su
larga historia, “un importante patrimonio inmobiliario.
En
el periodo fiscalizado era propietaria de 24 edificios en el centro histórico
de Roma con un total de 273 inmuebles (191 viviendas, 10 oficinas, 66 locales
comerciales y 6 estudios). La gestión de este patrimonio es la principal
actividad de la Obra Pía y la renta obtenida por su alquiler es, prácticamente,
su única fuente de ingresos”.
El citado informe,
realizado por el Tribunal de Cuentas, señala que en los ejercicios
2003/2004 los ingresos que sumaron 4.452.858 € y 4.709.633 €, respectivamente, procedían
del patrimonio inmobiliario en renta. Con estos ingresos se financiaron los
gastos del patrimonio inmobiliario, 2.592.582 € en 2003 y 2.406.097 € en 2004,
se atendieron los gastos de administración y los fines fundacionales y se
dotaron reservas, quedando un superávit de 92.122 € en el ejercicio 2003 y de
21.295 € en 2004.
El
dinero que se recauda de la explotación del patrimonio va destinado
al sostenimiento de la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat,
de las cargas eclesiásticas inherentes a la misma –un centenar de sacerdotes
que viven y estudian en ese centro- y el sostenimiento del Centro de Estudios
Eclesiásticos. También cuida del Panteón de los Españoles del cementerio de
Roma y se ocupa, a su vez, de estudiar las posibles asistencias para atenciones
religiosas de San Pedro en Montorio.
En el aspecto
caritativo, sostiene la labor de las Hermanas de la Cruz de Roma, institución
fundada por Santa Ángela de la Cruz en 1875. Apoya el trabajo con mujeres
vulnerables de las hermanas Teresianas de Palermo, institución fundada por San
Antonio Poveda en 1911, y también colabora con las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados.
La
presidencia de la Obra Pía corresponde al Embajador de España ante la Santa
Sede, actualmente todavía María del Carmen de la Peña Corcuera. El Ministro
Consejero de la Embajada actúa como Vicepresidente.
La Junta de la Obra
Pía está
compuesta por el Gobernador como Presidente, por el Ministro Consejero, como
Vicepresidente, y 5 Vocales: el Rector de la Iglesia Nacional de Santiago y
Montserrat, el Rector de San Pietro in Montorio, dos españoles residentes en
Roma, designados por la Junta a propuesta del Gobernador, y un diplomático de
la Embajada de España ante la Santa Sede que actúa como Secretario.
La Obra Pía cuenta
con un director, que en la actualidad es el abogado español Raúl
Sandoval. Este
director fue nombrado siendo Embajador de España ante la Santa Sede Eduardo
Gutiérrez Sáenz de Buruaga (2012-2017). En ese período se hizo un Reglamento de
la Obra Pía, que está en vigor desde 2016, aprobado por una Orden Comunicada
del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Fuentes
españolas en Roma conocedoras del caso apuntan a Religión Confidencial que
el director
es sabedor de la pretensión de Gobierno de hacerse con la Obra Pía modificando
sus estatutos y determinado un fin distinto de los bienes.
En
los últimos meses se ha producido alguna decisión sobre el patrimonio de la
Obra Pía que ha levantado las sospechas de los miembros eclesiásticos de la
Junta, y que han hecho que se tomen cartas en el asunto en la Conferencia
Episcopal Española.
La
Obra Pía fue protagonista de un escándalo mediático en la época de
Carlos Abella como embajador ante la Santa Sede (1997-2004).
Fue entonces cuando este embajador planteó la primera reforma estatutaria y de
gestión. En unas declaraciones a ABC el 29 de julio de 2003, Carlos Abella señalaba
que “la Obra Pía española en Roma cumple perfectamente sus fines, sin costar
nada al Estado español, y mantiene la voluntad de los donantes a lo largo de
los siglos”.
Apuntaba, además,
que “la Obra Pía no ha costado nunca un céntimo al erario español. Se mantiene con
“mandas” y herencias, que le permiten cumplir los fines indicados por los
donantes. Cada año, las misas encomendadas por los difuntos superan las cinco
mil en iglesias de Roma y de Palermo, donde la Obra Pía conserva dos templos”.
Desde entonces, la
Obra Pía es auditada por una agencia exterior todos los años, y los resultados
se comunican al Ministerio de Asuntos Exteriores, con toda la información que
se genera de su actividad, actas de la Junta, etc.
Según
ha podido saber Religión Confidencial, durante mucho tiempo
la gestión de la Obra Pía estuvo en manos de miembros de la clases dirigentes
romanas. La aludida última reforma reglamentaria y de gestión, que se
hizo durante la presidencia de Mariano Rajoy, tuvo una especial intervención
del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Fuente: ReligionConfidencial
