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Mezquita catedral de Córdoba. Foto: Valerio Merino |
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis
Argüello, ha aplaudido este aval del Gobierno: «Nos agrada el reconocimiento
que han hecho en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en
la realización de este criterio inmatriculador».
Del mismo modo, ha señalado que la Iglesia está abierta a revisar los
inmatriculado y a solventar errores. «La Iglesia no quiere que esté a su nombre
nada que no sea suyo. […] Está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo
permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden», ha añadido.
«Al
servicio del bien común»
Del mismo modo, ha recordado que todos estos bienes de la Iglesia «están al
servicio del bien común a través de las actividades de la comunidad cristiana:
en la liturgia, en la catequesis, en la caridad». También se ha referido a su
«extraordinario valor histórico, artístico y cultural».
El secretario general de la CEE ha concluido haciendo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas para asegurar «el mantenimiento de estos bienes» y se mantenga así su uso litúrgico, así como para el social, artístico y cultural.
Fran
Otero
Fuente: Alfa y Omega