“Ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos los límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia”
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| Diego de la Cruz (@diegodelacruz) | Twitter |
Todas la
manifestaciones convocadas por la Plataforma Más Plurales se realizaron en
vehículos siguiendo las medidas de seguridad para evitar el contagio del
coronavirus.
En Madrid, el
recorrido de la manifestación cubrió gran parte del Paseo de la Castellana,
entre las plazas de Cuzco y Cibeles, en donde se situó un escenario en el que
los principales representantes de las patronales educativas leyeron un
manifiesto a favor de la libertad de enseñanza y en contra de la Ley Celaá.
“Somos
conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy, es la base de la
democracia de la sociedad del mañana, por eso defendemos la complementariedad
de las redes pública y privada-concertada. No admitimos que la LOMLOE permita a
las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado, tampoco la
planificación arbitraria de la administración por encima de la necesidades
reales de escolarización manifestadas por la familia”, aseguraron.
También
recordaron que la actual Ley Celaá avoca a los centros de educación especial a
su desaparición “a pesar de que cuentan con un alto grado de satisfacción de la
familias”.
“Denunciamos
que a través del control político de la educación, estamos asistiendo a una
agresión a la libertad de conciencia a favor de la imposición de una ideología
laicista impropia de un Estado no confesional”, apuntaron.
Y recordaron
que la asignatura de Religión que se cursa con normalidad en el país y en casi
todos los países europeos “es una opción mayoritaria de las familias españolas
que la eligen libremente cada año y cuya voluntad debe ser respetada”.
En ese sentido
recordaron que si no se modifica suficientemente los términos de la Ley Celaá
desde Más Plurales seguirán denunciando “el atropello que los ciudadanos
estamos sufriendo” e “instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos
de inconstitucionalidad, presionaremos a las comunidades autónomas para
disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma; solicitaremos
la responsabilidad de los grupos políticos de manifestar explícitamente el
compromiso de derogar esta ley tan pronto como sea posible”.
Aseguraron que
recurrirán “a las instituciones europeas en busca de amparo” y adelantarán la
interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad
concertada con demanda social”.
“Son nuestros
hijos, es nuestra sociedad, nuestra democracia, el futuro de nuestro trabajo”,
destacaron y reclamaron “la libertad de enseñanza, la pluralidad social en
nuestro sistema educativo, la convivencia de la redes educativas y la
posibilidad de pensar y creer en libertad”.
Por su parte,
Alfonso Aguiló, presidente de CECE, principal patronal de centros educativos de
España, recordó que la tramitación de la Ley Celaá ha sido una “oportunidad
perdida” ya que “no se ha consultado a la comunidad educativa, se ha llevado adelante
sin consenso y ha centrado el debate en cuestiones ideológicas, en lugar de
afrontar problemas reales”.
Sin embargo
manifestó su esperanza de que en los próximos trámites hasta la aprobación
definitiva de la Ley se modifique ya que debe pasar por el Senado, volver al
Congreso de los Diputados y después desarrollar su aplicación en las
Comunidades Autónomas.
Begoña Ladrón
de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres y madres de Alumnos
(COFAPA) aseguró también que “esta ley es un ataque frontal a la familia, a la
libertad”, y que ataca “frontalmente al Derecho a la Educación que está
recogido en el artículo 27 de la Constitución española y en el artículo 26 de
la Declaración de los Derechos Humanos, para que las familias podamos ejercer
como las primeras educadoras de los hijos eligiendo el centro que
consideremos”.
“La grandeza
de un sistema es que exista pluralidad, modalidades distintas de colegios con
idearios y proyectos educativos diferentes, y sobre esa variedad la familia
elija lo que considera mejor. Si sesta ley priva esta posibilidad de tener
variedad, se rompe también la posibilidad de que las familias elijan el centro
que vaya en consonancia con nuestras convicciones”, apuntó Ladrón de Guevara.
Ley Celaá
La LOMLOE es
la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, también conocida
como Ley Celaá en referencia a la Ministra de Educación del actual gobierno
socialista de España. Ésta pretende derogar la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (2016- 2018),
una ley educativa que está actualmente en vigor pero que desde el PSOE quieren
modificar alegando que fue aprobada sin consenso.
La Ley Celaá,
elaborada por PSOE y Podemos inició su trámite durante el periodo de estado de
alarma por la pandemia de COVID, sin oír el parecer de la comunidad educativa
y, por supuesto, sin consenso. Hoy fue aprobada por el apoyo que
recibieron de los partidos independentistas catalanes y vascos.
Más Plurales
ha reunido, hasta el momento, más de 1.5 millones de firmas contra la
aprobación de la Ley Celaá, ya que alegan que en esta nueva ley educativa es
“la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin
a la pluralidad educativa actual”.
De esta
manera, apuntan que “será el Estado” y no los padres “quien decida la educación
que han de recibir los hijos” y en este modelo educativo no habrá espacio “para
la educación concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni
para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni, por supuesto,
para la educación especial, la cual pese al clamor de los padres afectados,
también desaparecerá”.
Un modelo
“fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y
libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema
educativo que es clave en una sociedad democrática”.
Fuente: ACI
Prensa
