Los Obispos de la Comisión Episcopal para la Educación consideran “tener que insistir en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial”
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| Imagen referencial / Foto: Pixabay (Dominio Público) |
Los Obispos de la Comisión
Episcopal para la Educación y cultura han publicado este jueves una nota en la
que insisten en la necesidad de "proteger y promover el derecho a la
educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución
y en su interpretación de la jurisprudencia” tras la tramitación en el Congreso
de los diputados de la Ley Orgánica de Modificación de laLey Orgánica de
Educación.
El pasado 17 de junio, el Congreso de los Diputados rechazó las
enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox al proyecto de
Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación, conocida por las
siglas LOMLOE, y comenzó su tramitación.
El Gobierno de España, de coalición entre PSOE y Podemos, tomó el
periodo de estado de alarma por el COVID para avanzar en la tramitación de esta
reforma de proyecto de ley sin consenso parlamentario. Esta ley eliminaría el
criterio de “demanda social” para la programación de plazas gratuitas, por lo
que sería Administración educativa la que distribuiría a los alumnos en los
centros, sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres.
La LOMLOE habla de un “derecho a la educación pública” cuando el
único derecho reconocido en la Constitución es el “derecho a la educación”, e
introduciría un “comisario político” en los centros concertados y apartaría la
enseñanza de la religión imponiendo una asignatura de valores éticos y cívicos.
Ante esta situación los Obispos destacan en su nota que la LOMLOE
publicada “en circunstancias tan extraordinarias como las de un ‘estado de
alarma’” y afecta sin duda “a toda la sociedad, verdadera protagonista de la
educación, de la que formamos parte como Iglesia católica”.
Por ello consideran su
“responsabilidad” participar en el debate público en orden a su tramitación y
aseguran que el “punto de partida es, sin duda, el compromiso con este bien
inmenso que es la educación, uno de los tesoros más valiosos de la sociedad,
pues afecta a la vida de los seres más queridos y, de muchas maneras, al futuro
de todos”.
Explican que tras examinar con atención el actual Proyecto de Ley,
los Obispos de la Comisión Episcopal para la Educación consideran “tener que
insistir en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la
libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su
interpretación jurisprudencial”.
También muestran su preocupación por que “se recojan plenamente
las consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer lugar el
respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de
los hijos”.
“Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la
promoción del bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del
derecho educativo. En este mismo sentido parece necesario que, a diferencia del
actual Proyecto, la futura Ley siga recogiendo la “demanda social” en todas las
etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar,
que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en
igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su
creación”, insisten.
Además, recuerdan que “la formación integral” es un principio
educativo recogido también por la Constitución y por lo tanto “no puede
excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de
la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre”.
Y es en este ámbito de conocimientos donde se sitúa la asignatura
de Religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos.
“Queremos insistir en que esta asignatura no puede plantearse de
manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona. Pues
esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo conocimiento la
escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender la propia
realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad”, afirman.
Los Obispos de la Comisión Episcopal para la Educación también
recordaron que la persona “no existe nunca como individuo aislado, sino como
miembro de un pueblo, partícipe de una cultura, de una tradición. La cual, en
el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes países europeos, no
se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana”.
Por eso destacan que “la
asignatura de Religión católica es una respuesta a estas exigencias en el caso
de la mayoría del alumnado. Ciertamente puede ser integrada de varios modos en
el área de conocimiento que le corresponda en el currículo, de modo que no se
generen para nadie agravios comparativos” y “de igual manera, habrá de
respetarse el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito
escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado”.
Pero insistieron en que “no
debe ser considerada ajena al proceso educativo. Por ello, debe ser una
asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales y, por tanto, evaluable
de igual manera”.
Estos derechos y libertades,
estos bienes relativos a la educación, recogidos en la Constitución, han sido
también confirmados en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Están contenidos igualmente en los Acuerdos del Estado español
con la Santa Sede.
Y por eso aseguran que “del
mismo modo que es importante el diálogo y la participación de todos, no podemos
dejar de tener en cuenta el marco jurídico fundamental, que, defendiendo los
derechos y libertades fundamentales, constituye la base no sólo de nuestro
‘pacto social’, sino también de un muy deseable ‘pacto escolar’”.
“La presencia de la Iglesia,
del “pueblo católico” en nuestra sociedad es grande, y ha desarrollado una
tradición educativa secular. Creemos que ha sido y deseamos que siga siendo una
riqueza de nuestra sociedad, que posibilite el crecimiento, la libertad y la
pluralidad de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de
los alumnos, las familias y toda la sociedad”, insistieron.
De esta manera destacaron que
“creemos que estos grandes bienes justifican suficientemente todo esfuerzo de
diálogo y de colaboración leal en el proceso de preparación de la nueva Ley de
Educación, para el cual ofrecemos nuestra plena disponibilidad”.
Fuente: ACI
