Una herida abierta: la
inacción de la justicia contra los asesinos de San Romero y de miles de
salvadoreños
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| © Marvin Recinos / AFP |
Han transcurrido 38 años y
medio después del asesinato de San Óscar Romero en El Salvador. Gobiernos van y
vienen, pero los criminales siguen demorando el encarcelamiento de quienes
fueron los autores del magnicidio.
Es más, hubo una
serie de protestas en 2014 en San Salvador contra la decisión del alcalde de
nombrar una calle después de fallecido con el nombre del comandante del
Ejército Roberto D’Aubuisson, señalado por muchos como el cerebro de la muerte
de San Romero en 1980.
Por lo pronto, la
oficina de derechos humanos de la Arquidiócesis de San Salvador ha puesto,
nuevamente, en tela de juicio el sistema judicial del país, instando al pronto
enjuiciamiento de los responsables en el asesinato de y pidiendo el fin de las
excusas “creativas” para no hacerlo.
Una declaración
del pasado 28 de noviembre por parte de la Tutela de Derechos Humanos del
Arzobispado de San Salvador, señaló que se han utilizado excusas y barreras
durante todos estos años, para “no hacer justicia” no solo en el caso de San
Romero, sino en el de miles de salvadoreños, que sufrieron los doce años de
guerra civil en el país centroamericano (1980-1992).
En ese tiempo
aciago, se calcula que el número de víctimas de la confrontación armada fue de
75.000 muertos y desaparecidos. El conflicto concluyó en 1992, luego de un
proceso de diálogo entre las partes, con la firma de los Acuerdos de Paz de
Chapultepec (Ciudad de México), que permitió la desmovilización de las fuerzas
guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.
De hecho, el
actual presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén fue uno de los
principales dirigentes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional y de la desaparecida organización política militar Fuerzas Populares
de Liberación Farabundo Martí.
Según la Comisión de la
Verdad de las Naciones Unidas, las fuerzas gubernamentales fueron las acusadas
en 85 por ciento de las 22.000 denuncias recibidas entre casos de homicidios,
desapariciones, violaciones, torturas, secuestros y lesiones.
De las 11.268
muertes y desapariciones de civiles, las fuerzas gubernamentales son
responsables de 45 por ciento de los asesinatos, mientras que los grupos paramilitares
de extrema derecha (entre los que se encuentran los Escuadrones de la Muerte)
serían responsables de 40 por ciento y los guerrilleros del FMLN responsables
del 5 por ciento.
Después
de su canonización
El 23 de octubre, días
después de que la Iglesia católica declarara santo a monseñor Romero, un juez
de El Salvador emitió una orden de captura de Álvaro Rafael Saravia, un ex
capitán del ejército, sospechoso del asesinato material del arzobispo mientras
celebraba una Misa.
Sin embargo, aunque se emitió
la orden, “no sucederá nada que lleve a Saravia y otros a la justicia”, dijo el
padre Estefan Turcios Carpano, director de la oficina de derechos humanos de la
arquidiócesis, en una entrevista con Catholic News Service (CNS).
Saravia, quien
durante años ha sido un sospechoso en el asesinato, sigue en libertad y se cree
que está escondido. Éste ex militar fue nombrado, junto con varios personajes
más, en un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU que investigó el
asesinato del arzobispo.
La oficina del
fiscal general de El Salvador ha conducido el caso de una manera “lenta e
ineficaz”, decía la carta de la oficina de derechos humanos de la arquidiócesis
de San Salvador. Es hora de hacer justicia para San Romero y para otras
víctimas asesinadas “por la derecha y por la izquierda”. durante el conflicto,
dijo el padre Turcios a CNS.
“¿Qué barreras se
utilizarán ahora como excusas para no establecer la verdad y para no procesar a
todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que
ocurrieron durante el conflicto armado?” preguntó la carta.
“¿Una ley de amnistía expulsada del sistema legal? ¿Una nueva ley
de amnistía disfrazada de reconciliación por la paz? ¿Falta de recursos?
¿Desinterés por llevar la justicia? ¿Que continuaría minimizando la atrocidad
de la opresión sufrida por el pueblo salvadoreño? ¿Reabrir las heridas que aún
no han curado?
Durante años, el
juicio de una gran cantidad de casos relacionados con crímenes que tuvieron
lugar en El Salvador durante la guerra civil resultó infructuoso debido a una
ley de amnistía de 1993 que impidió el castigo a los responsables de
violaciones de derechos humanos relacionadas con la guerra.
Sin embargo, en
2016 la ley de 1993 fue rechazada por el tribunal más alto del país y el caso del
asesinato de San Romero se reabrió al año siguiente. El caso no ha avanzado,
incluso cuando los tribunales siguen emitiendo órdenes de arresto que no se
cumplen. Es difícil decir si esa es su verdadera intención, buscar justicia,
pero “ciertamente lo espero”, dijo el padre Turcios.
La carta, también
publicada el 25 de noviembre en “Orientación”, el periódico semanal de la
arquidiócesis de San Salvador, dijo que el pueblo salvadoreño está “sediento de
verdad, justicia y paz” y que lograr justicia significa “transparencia y
documentación que identifique quién dio las órdenes” de las masacres, las
torturas y las desapariciones forzadas en esos años de guerra intestina en El
Salvador.
Con información de
CNS
Jaime Septién
Fuente: Aleteia
