«Los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural
que administran las instituciones de la Iglesia en España aportan una riqueza
cultural, educativa, religiosa y por supuesto, económica muy relevante» a
España
El
vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal ha asegurado que la
Conferencia Episcopal no va a entrar a valorar la publicación de bienes inmatriculados
por la Iglesia decidida por el Gobierno «siempre que dicha publicación se haga
conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no
discriminación».
El Gobierno ha tomado la
decisión de elaborar y publicar un listado de los bienes inmatriculados por la
Iglesia Católica, algo que la Conferencia Episcopal no va a entrar a valorar
«siempre que dicha publicación se haga conforme a la legislación vigente y
siempre que opere el principio de no discriminación», ha manifestado el
vicesecretario económico de la institución, Fernando Giménez Barriocanal.
En una respuesta
parlamentaria, el Ministerio de Justicia ha asegurado que «está procesando los
datos para la realización del listado» de bienes inmatriculados por la Iglesia
y «se prevé que, una vez finalizado, se proceda a su publicación de forma que se
garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección
de datos».
A este respecto, Giménez
Barriocanal ha asegurado que la Conferencia Episcopal «no dispone de un
registro de bienes inmuebles de la Iglesia». Aunque, ha apuntado que «en España
existen cerca de 40.000 entidades que son reconocidas como Iglesia Católica a
nivel civil y que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y
canónicas, en todo, también en su capacidad de inmatriculación de inmuebles».
Conforme a la ley
Una reforma de la Ley
Hipotecaria aprobada en 1988 por parte del Gobierno de José María Aznar
otorgaba la potestad a la Iglesia Católica de acreditar la propiedad de templos
o lugares de culto. De esta forma, ha afirmado que «las 23.000 parroquias y los
varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en
el registro hasta finales de los años 90» y ha precisado que «en muchos casos
se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos».
Según ha destacado, el
proceso de inmatriculación por certificación «no es, en ningún caso, un
mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien. El acto de registrar no
concede la propiedad simplemente la registra», ha remarcado.
Asimismo, el Giménez
Barriocanal sostiene que los bienes “se adquieren a través de los sistemas que
prevé la legislación con carácter general”. “Por tanto, a través de los
mecanismos de inmatriculacion por certificacion previstos en la ley (y que
dejaron de ser operativos en 2015), lo único que se procuró es dejar constancia
de una realidad que es anterior al propio acto de registrarla”, ha agregado.
Asimismo, el vicesecretario
económico ha explicado que la propia legislación «prevé mecanismos para
corregir los errores si los hubiere en dicho proceso», al tiempo que ha
insistido en que «la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de la
propiedad».
En cualquier caso, ha hecho
hincapié en que «los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural que
administran las instituciones de la Iglesia en España aportan una riqueza
cultural, educativa, religiosa y por supuesto, económica muy relevante» a
España.
En esta línea, ha añadido
que, de acuerdo con un estudio publicado por la consultora PwC, «la puesta a
disposición de la sociedad de dichos bienes aportan a la economía nacional más
de 22.000 millones de euros al año, el 2% del PIB».
Fuente: Europa press/Alfa y
Omega
