A
medida que el estado ha aumentado su poder, invadiendo los espacios anteriormente
ocupados por la familia, se ha hecho dueño absoluto de la autoridad sobre los
padres y los hijos
 |
A la izquierda, Charlie Gard y sus padres.
A la derecha, Alfie Evans y los suyos
|
Ante
los ojos del mundo entero, un juez le ha arrebatado la vida a Alfie Evans
alegando que el "interés superior" del niño era morir cuando y como
decidiera la justicia británica, y no intentar diagnosticar su enfermedad y
tratarla por otros médicos y en otro lugar, como deseaban sus padres, Tom y
Kate.
No
había sufrimiento del pequeño, no había ensañamiento terapéutico: sencillamente
se había decidido que debía morir y la patria potestad de sus padres
desapareció.
Solo la batalla numantina planteada por Tom
Evans ha conseguido desvelar, no tanto la perversidad del sistema como la
existencia misma del sistema. Porque no es un caso aislado, solo un caso
dramático. Los Estados, con su triple poder (ejecutivo, legislativo y
judicial), se arrogan cada vez más el derecho privativo y exclusivo sobre los
niños, siendo el de sus padres meramente tolerado. Así lo denuncia y evidencia
el abogado y canonista Ed Condon en Catholic Herald:
Afirmar
que la institución de la familia está en crisis no es decir algo controvertido.
La gente se casa cada vez menos, dentro o fuera de la Iglesia. Los índices de
fertilidad están en caída libre desde hace cincuenta años. Casi un cuarto de
las familias de Gran Bretaña son monoparentales y, de ellas, casi la mitad
viven en estado de pobreza. No importa la medida que uses: la familia,
mecanismo esencial por el que se trasmite nuestro ADN cultural y social, está
en declive.
Como hay pruebas fehacientes del masivo coste
social y económico que implica el declive de la familia, uno podría pensar que
el estado está dispuesto a hacer todo lo posible para reforzar lo que queda de
nuestra vida familiar.
Pensar esto es un error. En todos los países
occidentales, las familias que han conseguido rebelarse frente esta tendencia
de nuestra atomizada sociedad secular están siendo atacadas activamente por los
gobiernos y los tribunales. Además, al haber acabado hace más de una generación
con la familia extendida, los conceptos de familia nuclear y paternidad están
siendo abiertamente atacados.
A
medida que el estado ha aumentado su poder, invadiendo los espacios anteriormente
ocupados por la familia, se ha hecho dueño absoluto de la autoridad sobre los
padres y los hijos. Es algo realmente escalofriante. Actualmente, en este país
es un delito llevarte sin permiso a tu hijo de vacaciones durante el trimestre
escolar: durante 38 semanas al año, el estado, y no los padres, es el árbitro
final de donde un niño puede o no puede ir.
En Escocia, el infame Proyecto de Persona
Designada [Named Person Scheme], según el cual cada niño debe tener un empleado
del gobierno designado para seguir su progreso y asesorar su vida familiar,
sigue avanzando a pesar de la oposición y los aplazamientos.
Los defensores del proyecto lo disfrazan con
el lenguaje empalagoso de "gobierno solícito", pero no puede esconder
que la premisa fundamental subyacente es que los padres son una clase
sospechosa que necesita ser controlada continuamente.
Al
sur de la frontera escocesa, la mayor parte de la atención pública desconoce
que los derechos de los padres ya solo existen si el gobierno lo permite. El
Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que en cualquier disputa, por
insignificante que sea, sobre el interés superior [best interest] del niño,
éste -el niño- debe tener una voz "independiente" (y por
independiente se entiende designada por el estado).
Esta interpretación de la
Ley sobre la Infancia de 1989, que pretende salvaguardar los intereses del niño
cuando los padres están en desacuerdo, se ha ampliado e incluye los desacuerdos
entre los padres -unidos- y otras instituciones, ya sean éstas educativas,
médicas o gubernamentales. Como han demostrado los trágicos casos de Charlie
Gard y Alfie Evans, los resultados son una cuestión de vida o muerte.
Es
algo alentador oír al actual secretario de Educación, Damian Hinds, afirmar el
"derecho establecido" que tienen los padres de poder retirar a sus
hijos de las clases de educación sexual impartidas en los colegios. Pero los
planes de su predecesora, Justine Greening, dejaban claro que este
"derecho" existe si lo desean los ministros. Es sólo cuestión de
tiempo que cualquier autoridad local o director de escuela interponga una
acción judicial contra cualquier padre "en el interés superior del
niño" para obligar a los niños a ir a clases en las que se les enseña el
valor equivalente de las relaciones homosexuales y heterosexuales, la
mutabilidad del género y la legitimidad del aborto.
Recientemente, en Estados Unidos un tribunal
ha ordenado que a unos padres se les quitara a su hija adolescente porque no la
apoyaban en su "transición" a chico. En nuestro país ya existen los
mecanismos legales para garantizar que si un caso como éste llega a los
tribunales, no se tenga duda alguna sobre el resultado. Cuando (Dios no lo
quiera) un médico diagnostica a un niño inglés como "trans", los padres
pueden ser llevados a los tribunales por las autoridades médicas para
garantizar que su hijo recibe "tratamiento".
Si,
como en el caso de Charlie Gard [y Alfie Evans], los tribunales apoyan a los
médicos en su propósito de acabar con la vida de estos niños contra las
súplicas acongojadas de sus padres, ¿por qué no deberían apoyar a los médicos
que ordenan la "terapia de reasignación de género" si se les pide?
Además, si se considera con qué rapidez cualquier crítica a la agenda de la
ideología de género es considerada como discurso de odio, es sólo cuestión de
tiempo que los padres que la rechazan no sólo se encuentren ante un tribunal,
sino también sentados en el banquillo de los acusados.
La velocidad desenfrenada con la que la agenda
de género ha pasado de ser una broma de internet a una prioridad política es
vertiginosa. Y ha sido posible, sobre todo, por décadas de desgaste de la
familia desde el punto de vista legal y social, y cuyo resultado es el rechazo
a la función básica de los padres: formar a su hijo.
Durante
toda la historia humana, los padres han sido los primeros educadores de sus
hijos, a quienes no sólo les transmitían conocimiento, sino también carácter,
fe y moral. Pero en nuestra sociedad postmoderna y pluralista, este
comportamiento es inaceptable. La moralidad de los padres es otro crimen de
odio para la Persona Designada. Ahora se espera que los padres hagan llegar a
sus hijos a la edad adulta inmaculados para que puedan elegir sus propios
valores, su religión y su identidad entre la amplia gama ofertada.
Muchas
responsabilidades paternas se han convertido, por decirlo crudamente, en
actividades criminales. En un futuro muy cercano, se alentará activamente a los
niños a afirmar sus propias identidades y a delatar a sus padres si no les apoyan
suficientemente. La pesadilla orwelliana a la que nos estamos dirigiendo parece
cada vez más inevitable. Dado el catastrófico efecto que tendrá sobre la
civilización occidental, la pregunta que ahora debemos plantearnos es: ¿estamos
suficientemente preparados y reforzados para capear la tormenta?
(Traducción del inglés
de Helena Faccia Serrano)
Fuente: ReL
