Las
competencias de este organismo son auditar a entidades del sector público y la
Conferencia Episcopal no pertenece a esta categoría
El
Tribunal de Cuentas podría fiscalizar por primera vez a la Iglesia Católica en
2018. El pleno de este organismo habría aprobado por unanimidad este acuerdo.
Expertos en derecho eclesiástico admiten su sorpresa ante esta decisión, ya que
las competencias del Tribunal de Cuentas están encaminadas a fiscalizar a las
instancias del sector público estatal, autonómico o local, y la Iglesia
Católica no pertenece a esta categoría de entidades.
Según
publica la cadena
Ser, el Tribunal de Cuentas ha aprobado en el pleno de este jueves incluir
en el de plan de fiscalizaciones para 2018 la financiación de la Iglesia
Católica española. La votación se ha producido sin debate y por unanimidad.
Según
el acta del pleno, el tribunal ha aprobado las fiscalizaciones de las
actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia
de cooperaciones económicas con las confesiones religiosas a través de los
programas de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado en el
ejercicio 2017.
Expertos
consultados por Religión Confidencial afirman que el Tribunal de Cuentas
debe determinar en virtud de qué competencias puede fiscalizar a la Iglesia
Católica, puesto que, hasta ahora, las competencias de este organismo judicial
del Estado, no alcanzaban a la Iglesia Católica, ya que no es una
entidad pública.
El
dinero público que recibe la Iglesia Católica procede de la asignación
tributaria (la casilla del IRPF) y la Iglesia da cuenta todos los años de
estas cantidades, de modo claro y transparente, a través de la Memoria
Económica.
Expertos
en derechos eclesiásticos explican a RC que resulta cuanto menos dudosa la
decisión del Tribunal de Cuentas de fiscalizar la gestión económica de la
Iglesia.
Subvenciones públicas
“La
Iglesia Católica no recibe subvenciones públicas a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, no debería estar sometida a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas”, explican a RC expertos en derecho
eclesiástico.
Otros
expertos aseguran a RC que por la única vía que podría fiscalizar el Tribunal
de Cuentas a la Iglesia Católica sería por el dinero que recibe del IRPF. “El
Tribunal de Cuentas debe determinar a qué persona física va a fiscalizar,
porque es difícil pensar que abarcará a todas las entidades de la Iglesia
Católica”, señalan otras fuentes expertas.
Según
la cadena Ser, con esta propuesta el tribunal va más allá de la iniciativa
debatida en el Congreso de los Diputados que presentaron Unidos-Podemos y PSOE,
y rechazada entonces con los votos del PP.
Esta
consistía en que los fondos que recibe la Iglesia Católica del Estado a través
de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta,
pudieran ser fiscalizados por el tribunal.
Hoy,
los consejeros lo han extendido y la auditoría abarcará cualquier ingreso
y gasto en las cuentas de la Iglesia y el resto de confesiones (judíos,
evangélicos y musulmanes). Entre las partidas a fiscalizar, estarán incluidas
las subvenciones y cualquier tipo de ayuda pública. Al cierre de esta edición,
el Tribunal de Cuentas no había hecho pública esta medida.
Fuentes
cercanas a la Conferencia Episcopal explican que no tienen conocimiento exacto
de la decisión del Tribunal de Cuentas, porque no han recibido ninguna
comunicación. Cuando se reciba, se estudiará y dará su opinión.
Fuente:
ReligionConfidencial
