Son normas que rompen «la neutralidad debida de las Administraciones Públicas», según la Ferede, y que, en algunos puntos, «vulneran el ejercicio de derechos fundamentales consagrados en la Constitución»
Los
cristianos evangélicos llevan a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa su
preocupación por nuevas normas que no se limitan a combatir la discriminación a
las personas homosexuales, sino que sancionan «desde la ley y el poder público
cualquier discrepancia» con los postulados ideológicos LGTB
Combatir
los discursos de odio y la discriminación contra las personas homosexuales
es necesario, pero no puede hacerse a costa de censurar la libertad de
expresión de las confesiones religiosas sobre su concepción de la familia.
El
Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, órgano consultivo del
Ministerio de Justicia, estudiará si la Proposición de Ley contra la
discriminación por orientación sexual e identidad de género y de igualdad
social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e
intersexuales (LGTBI), presentada en mayo de forma conjunta por los grupos de
la oposición, vulnerara el derecho a la libertad religiosa.
La
propuesta partió de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) y contó con el apoyo de las demás confesiones presentes en la
Comisión: la Iglesia católica, la Federación de Comunidades Judías de España
(FCJE), la Comisión Islámica de España (CIE), la Federación de Comunidades
Budistas de España y la Iglesia Ortodoxa de España.
Amenazas a la libertad
religiosa
La
FEREDE, tras dejar claro su apoyo a «la lucha en contra de toda forma de
discriminación y violencia», pedía que se estudien las «eventuales
vulneraciones a la libertad religiosa» que podría provocar esta
proposición de Ley registrada en mayo por Unidos Podemos con las firmas de la
oposición y que irá al Pleno del Congreso a partir de septiembre.
Los
cristianos evangélicos manifiestan su «seria preocupación» por las
«consecuencias» tanto de esta proposición de ley como de las leyes autonómicas
aprobadas en los últimos años para luchar contra la discriminación del
colectivo LGTBI.
Todas
estas normas, según la FEREDE, no se limitan a proteger frente a la
discriminación, sino que «se posicionan» a favor del colectivo LGTBI
«promoviendo sus postulados ideológicos» que, en todo caso, consideran
«respetables», pero no hasta el punto de que pueda ser «sancionada desde
la ley y el poder público cualquier discrepancia frente a los mismos».
«Manifestamos
nuestra preocupación –añaden los protestantes– por el apoyo explícito que estas
normas suponen al lobby gay, y por la sumisión que los partidos políticos parecen
estar mostrando a la presión que dicho lobby ejerce, permitiendo que sea el
propio colectivo LGTBI el que redacte este proyecto de ley».
Son
normas que rompen «la neutralidad debida de las Administraciones Públicas»,
según la Ferede, y que, en algunos puntos, «vulneran el ejercicio de derechos
fundamentales consagrados en la Constitución», como «el derecho a la libertad e
identidad religiosa y el derecho a la educación de los hijos conforme a las
propias creencias».
Próximos pasos
La
propuesta de la FEDERE fue aprobada en el transcurso de una reunión el 13 de
junio presidida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El Pleno de la
Comisión –formada por un tercio de miembros de la Administración, un tercio de
representantes de las confesiones con notorio arraigo y un tercio compuesto por
expertos de reconocido prestigio– designó a dos expertos miembros de la
Comisión Asesora y ajenos al tercio de la Administración para que elaboren una
ponencia.
Europa
Press / Alfa y Omega
