Denuncian la «vulneración de las libertades fundamentales» de las
leyes de apoyo al colectivo LGTBI
Nadie tiene por qué ser
discriminado por razón de su orientación sexual. Sin
embargo, las leyes para combatir la «LGTBIfobia» puestas en marcha en diez comunidades
autónomas «lejos de promover la igualdad y la no discriminación» tratan de
«imponer la ideología de género y
atentan contra la libertad de los españoles». Esa es la razón por la que más de un centenar de
asociaciones del
ámbito educativo y social se han unido para crear la Plataforma por las
Libertades.
Durante la presentación de esta
iniciativa de la sociedad civil, su coordinadora, Lourdes Méndez, explicó que
estas leyes autonómicas «conculcan derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución y en los convenios internacionales de Derechos Humanos»,
como «el principio de igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su
orientación sexual, el de la libertad de
la educación, la
libertad de expresión, el principio de la seguridad jurídica o el de presunción
de inocencia».
«Pedimos a los legisladores que deroguen estas
leyes totalitarias que
atentan contra la libertad; pedimos a las administraciones que se ocupen de lo
que verdaderamente preocupa y no desvíen la atención ni el tiempo ni el dinero del contribuyente en legislar atentando contra
libertades fundamentales», recordó la exdiputada del PP.
Para «ayudar a los ciudadanos a
defender los derechos que estas leyes les arrebatan», esta nueva plataforma
pondrá en su página web a disposición de los padres formularios
para poder solicitar a los colegios información sobre los contenidos que reciben sus hijos sobre diversidad
sexual e identidad o expresión de género. También se podrá solicitar asistencia
jurídica.
«Emplearemos todos los recursos
que nos da el Estado de Derecho en defensa de las libertades de todos y de los
principios constitucionales, recurriendo a la objeción de conciencia cuando ello sea preciso y
ejerciendo los instrumentos democráticos establecidos en el ordenamiento
jurídico», apuntó Lourdes Méndez, arropada por el exeurodiputado Jaime Mayor
Oreja y una veintena de directores de las principales asociaciones que se han unido a esta
iniciativa.
Entre ellas, figuran entidades
como la Federación Europea One of Us, la Federación
Española de Asociaciones Provida, la Federación de Familias Numerosas, la Asociación
Familia y Dignidad Humana, Hazteoirg.org, la Fundación Madrina, el
Instituto de Política Familiar y la Comunidad Evangélica.
Durante el acto, la Plataforma
presentó un manifiesto --que extractamos a continuación-- y en el que se ponen
de relieve algunas de las libertades fundamentales que, según estea organización,
están siendo vulneradas por las distintas leyes de apoyo al colectivo LGTBI.
Derecho
a la igualdad
En su manifiesto esta
plataforma denuncia que las leyes contra la LGTBI establecen «un régimen
especial de tutela institucional de las personas LGTBI, que no
existe para el resto de los ciudadanos».
Financiación
pública
El documento suscrito por más
de un centenar de asociaciones además critica que «se garantice a las
asociaciones LGTBI una financiación pública de
sus actividades, absolutamente desproporcionada y discriminatoria respecto al resto de ONGS, todo
ello sin justificación objetiva y razonable».
Libertad
de educación
En relación al derecho de la
educación, el texto señala que estas «leyes contra la LGTBIfobia atentan de forma clara contra la
libertad de educación de los padres, ya que obligan a todos los colegios a
impartir las doctrinas del lobby LGTBI, aún en contra de
la voluntad de los padres».
El artículo 35 de la «ley
Cifuentes» -que entró en vigor este verano- prevé, por ejemplo, la elaboración
de una Estrategia Integral sobre Educación y Diversidad Sexual e Identidad o
Expresión de Género que «se aplicará a todos los niveles y estapas formativas y
será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos».
El manifiesto también denuncia
que estas leyes puestas en marcha en diez comunidades -Navarra, País
Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de
Murcia, Islas Baleares- establecen
que los alumnos deberán recibir «una formación que promueva la aproximación
hacia los distintos modelos de familia y explique la realidad de las diferentes
orientaciones sexuales e identidades de género».
La «abierta parcialidad
ideológica de las leyes» -sostiene el documento- queda confirmada por el hecho
de que se prescriba la colaboración de las organizaciones LGTBI en el diseño e
impartición de las enseñanzas sobre
sexualidad y familia así como la obligatoriedad de la representación de este
colectivo (y no de otros) en los distintos consejos escolares autonómicos».
En
contra de la libertad de expresión
Otro de los puntos que resalta
el manifiesto, firmado por este centenar de asociaciones, es el de la
conculcación del derecho a la libertad de expresión, al «impedir que
se pueda opinar en libertad, bajo
pena de sanción». Denuncian también que estas normas autonómicas «obligan a los
medios de comunicación a incluir en sus programaciones contenidos que difundan esta
ideología» de género.
Libertad
de investigación
El texto también denuncia que
estas leyes «coartan la investigación y la verdad científica», ya que los
científicos pueden «ser sancionados si el resultado de las mismas y su difusión
contradice lo que afirma la ideología de género». Junto a la sanción «se instaura
la censura, prohibiendo la presencia de tales investigaciones y publicaciones
científicas en las bibliotecas públicas».
Derecho
a la integridad física
Las asociaciones que forman la
Plataforma por las Libertades critican que estas normas autonómicas «prohíban»,
por ejemplo, a una persona transexual someterse a una terapia de reorientación para ser
heterosexual y
además «se sancione al profesional que se preste a ayudarle en su legítima
pretensión».
Presunción
de inocencia
El manifiesto denuncia también
que estas leyes «inviertan la
carga de la prueba» y
«cualquier empresario o persona que trabaje en el Área de Recursos Humanos de
una empresa, y que decida no contratar a una persona en función de su libertad
e interés empresarial, puede ser acusado de discriminación por homofobia por quien no haya resultado preterido,
teniendo que probar lo contrario para no ser sancionado».
Para los firmantes de este
manifiesto, los hechos que resultan sancionables poseen además «una gran
indefinición», abriendo
así la puerta a «una peligrosa discrecionalidad en la aplicación de
sanciones». «Conceptos
como “violencia de género”, “vejaciones”, “discriminación”, “incitación al
odio”, etc. que se califican como conductas sancionables no añaden nada al
ordenamiento jurídico vigente, salvo que se considere que discrepar de la
ideología de género y su visión de la sexualidad supone una
vejación, una discriminación o una incitación al odio»,
apuntan.
Fuente: ABC
La Plataforma ha dado a conocer, asimismo,
la web plataformaporlaslibertades.org en la que es posible consultar el
Manifiesto por las Libertades y a través de la cual es posible adherirse al
mismo de manera rápida y muy sencilla.
